Control social total / Ignacio Ramonet

"Siempre esos ojos que miraban, vigilantes, en el trabajo o comiendo, en casa o en la calle, en el baño o en la habitación, en vigilia o en el sueño: no había privacidad posible".

George Orwell, 1984 .

Ya nadie duda de que estamos todos vigilados, observados y fichados. En el paseo, en el mercado, en el autobús, en el banco, en el metro, en el estadio, en el aparcamiento, en las carreteras... alguien nos está mirando por el ojo de las nuevas cerraduras digitales. Múltiples mallas de vigilancia nos acosan por todo el planeta, la mirada penetrante de los satélites nos persigue desde el espacio, las pupilas silenciosas de las cámaras nos controlan por las calles, el sistema Echelon (1) inspecciona nuestras comunicaciones, y los chips RFID (2) revelan nuestro perfil de consumidor. Cada uso del ordenador, de Internet (Google, YouTube, MySpace...) o de la tarjeta de crédito deja huellas imborrables que delatan nuestra identidad, nuestra personalidad, nuestras inclinaciones. Se ha cumplido el viejo recelo de George Orwell que nos pareció, durante tanto tiempo, utópico o excesivamente paranoico (3).

Se ha roto el necesario equilibrio entre libertad y seguridad. Con la intención de proteger al conjunto de la sociedad, las autoridades, en nuestras modernas democracias, tienden hoy a ver en cada ciudadano a un virtual maleante. La guerra sin cuartel contra el terrorismo -preocupación dominante en el último decenio- ha procurado una impecable coartada moral y favorecido la acumulación de un impresionante arsenal legal (4) que está permitiendo llevar a cabo el proyecto de control social integral. Los "progresos" tecnológicos (informático y digital) también han ayudado y las autoridades tienen cada vez mejores herramientas para la vigilancia electrónica.

"Habrá menos privacidad, menos intimidad, pero mayor seguridad", nos dicen. Y en nombre de ese nuevo imperativo categórico, se ha instalado de modo progresivo e indoloro, un régimen de dominación que podemos calificar de "sociedad de control". Con la particularidad de que -a diferencia de las precedentes "sociedades disciplinarias" que confinaban a los rebeldes o descarriados en lugares cerrados (cárcel, reformatorio, manicomio)-, la sociedad de control encierra a los sospechosos (o sea, a casi todos los ciudadanos) al aire libre y los mantiene bajo acecho constante. A veces, mediante los aparatos-chivatos que libremente ellos mismos han adquirido: ordenadores, teléfonos móviles y otros dispositivos informáticos (tarjeta de crédito, agenda electrónica tipo Palm, billetes de transporte, GPS, etc.). Y otras veces, gracias al uso de sistemas discretos y emboscados que atisban los movimientos de cada persona, como los radares de carreteras o las cámaras de videovigilancia (5).

Éstas se han multiplicado hasta tal punto que, en el Reino Unido, por ejemplo, donde se han instalado más de cuatro millones de ellas (una por cada quince habitantes), una persona puede ser filmada hasta 300 veces al día... Las nuevas cámaras Gigapan, de ultra alta resolución (más de mil millones de píxeles) permiten, en una sola imagen y por un vertiginoso efecto de zoom, el fichaje biométrico del rostro de cada uno de los miles de espectadores presentes en un estadio, en una manifestación o en un mitin político (6).

Aunque los estudios serios demuestran la poca eficacia de la videovigilancia, la confianza en esta tecnología sigue en aumento. Aprovechando la paranoia antiterrorista que ellos mismos han creado, algunos gobiernos han constituido batallones de confidentes voluntarios civiles que informan de lo que oyen y ven a las autoridades. El Departamento de Justicia de Estados Unidos lanzó en 2002, bajo la presidencia de George W. Bush, la Operation Tips (Operación Soplos) para convertir en confidentes a más de un millón de trabajadores cuya particularidad era la de entrar en los hogares de la gente (fontaneros, antenistas, albañiles, electricistas, jardineros), que debían llamar a un número de teléfono de la policía si notaban algo sospechoso.

Pasar de una sociedad informada a una de informantes es el proyecto que acaba de lanzar la Asociación de Sherifs de frontera de Texas ( Texas Border Sheriff ‘s Coalition ) que ha colocado quince cámaras de videovigilancia a lo largo de la frontera con México en puntos aislados y estratégicos. Las cámaras están conectadas a Internet (www.blueservo.net) y cada ciudadano, a través del mundo, instalado en su casa frente a su ordenador, puede espiar las áreas desérticas texanas o las riberas del Río Grande. Si ve pasar a algún emigrante clandestino puede denunciarlo con un simple correo electrónico. Cerca de treinta millones de individuos, de diversos países, ya han aceptado la función de confidente voluntario de la policía de Texas para luchar contra la inmigración clandestina. Es fácil de imaginar que, con la agravación de la crisis económica actual y el brutal aumento de la xenofobia, si se instalase en Europa, a lo largo de las costas del Mediterráneo, un sistema semejante de cámaras de vigilancia, el número de espías civiles voluntarios sería sin duda importante.

Es una de las perversiones de la actual sociedad de control: desea convertir a los ciudadanos, a la vez, en vigilados y en vigilantes. Cada uno debe espiar a los demás, al tiempo que es él mismo espiado. O sea, en un marco democrático en el que cada individuo está convencido de vivir en la mayor libertad, la realización del objetivo represivo máximo de las sociedades totalitarias.

Notas:
(1) Sistema de espionaje planetario de las llamadas telefónicas y del correo electrónico, dependiente de la Agencia de Seguridad Nacional estadounidense (NSA, por sus siglas en inglés).

(2) Identificación por radiofrecuencia.

(3) Orwell lo concibió, en 1948, para denunciar a la sociedad estalinista, en contraste con el Occidente "de democracia y libertad".

(4) La Ley de Videovigilancia aprobada en 1997 permitió, en España, la instalación en lugares públicos de cámaras de vigilancia "para velar por la seguridad ciudadana". Uno de los aspectos más criticados de esta Ley es que la mayoría de los ciudadanos ignora que están siendo filmados, algo que vulnera la Ley Orgánica de Protección de Datos (LOPD) de 1999.

(5) Léase Armand Mattelart, Un Mundo vigilado , Paidós, Barcelona, 2009.

(6) Véase, por ejemplo, la imagen de la toma de posesión del Presidente Barack H. Obama: http://gigapan.org/viewGigapanFullscreen.php?auth=033ef14483ee899496648c2b4b06233c Léase también, Carlos Martínez, "Todos fichados", Rebelión , 30 de marzo de 2009.

Los auténticos culpables de la crisis mundial / Ángel Tomás Martín *

La economía real sólo la crea, la conserva y la potencia, el colectivo empresarial de cada nación. Son las empresas nacidas del "espíritu emprendedor" quienes, mediante la creatividad, la innovación, el conocimiento del mercado de consumo y una clara visión de futuro, crean el trabajo, el producto interior bruto, y la recaudación necesaria para la formación de los imprescindibles presupuestos generales de los Estados.

Sentado este principio irrefutable, es también indiscutible que el tejido empresarial no sería posible sin un "sistema financiero" sólido, solvente y dotado de una dirección ética y profesional.

Los gobiernos tienen, entre otras misiones, la responsabilidad de administrar y cumplir con los presupuestos generales públicos, y de regular, vigilar y controlar el sistema financiero.

Las entidades de crédito deben invertir los fondos de terceros en una economía real que
ofrezca solidez, bajo riesgo y mínima morosidad. Una morosidad peligrosa acaba integrándose en sus balances. Una mala gestión del sistema crediticio dirigido a un sector de alto riesgo deviene en crisis gigantescas cuyo estallido repercute en los demás sectores de la economía, ocasionando paro excesivo creciente y el incumplimiento presupuestario, forzado por una disminución, también progresiva, de la recaudación de impuestos.

Por ello, los gobiernos deben velar y obligar a los organismos independientes de control (bancos centrales, tribunales de cuentas etc) a vigilar constantemente a las entidades financieras y a las corporaciones locales, para evitar el incumplimiento de las regulaciones establecidas, inspeccionando e interviniendo, en su caso, cuando sea necesario. No debe confundirse intervenir con el intervencionismo como sistema.

Si analizamos las crisis surgidas durante el siglo pasado -la Gran depresión de 1929; la del Japón del 80, de la que aun no ha salido; el crack de la Bolsa del 89; la Gran Burbuja Tecnológica de final de los 90, entre otras-, llegamos a la conclusión de que se producen como consecuencia de "un entusiasmo inversor colectivo" que termina con el estallido de la burbuja y "el pánico colectivo".

Fomentar e invertir en un sector importante de forma desmedida lleva irremisiblemente a la crisis, a la desaparición de empresas, al paro, a la paralización financiera y devaluación de los activos de las empresas de crédito.

Si la crisis financiera es un desorden agudo que altera el funcionamiento de los mercados y pone en peligro a las instituciones de crédito, con la experiencia de las anteriores crisis, ¿por qué hemos permitido la formación y el estallido de la que sufrimos ahora?¿A quienes puede imputarse las causas de lo ocurrido, las tardías y desacertadas medidas de contención y la carencia de reajuste necesario?

Culpabilidad

El peso de la responsabilidad se encuentra repartido entre los gobiernos y las corporaciones locales, que intervienen en la "economía real" y olvidan administrar bien los presupuestos y vigilar las regulaciones legales establecidas; los mal llamados empresarios, que se aprovechan del beneficio rápido, que nacen y se desarrollan hasta niveles insospechados en tiempos inverosímiles, estimulados por la coyuntura, la vanidad y el lucro fácil en perjuicio de la sociedad; los falsos talentos gestores imaginativos, que Tom Wolf llamara "los masters del universo"; las autoridades monetarias que permitieron la concentración de riesgos a las entidades de crédito; y a éstas últimas, que financiaron casi en exclusiva al sector inmobiliario, desatendiendo otros tradicionales, necesarios y seguros, olvidando que producir por encima de la demanda sólo conduce al fracaso y al caos generalizado.

Gobernantes, financieros, ciertos empresarios (que la crisis se encarga de eliminar) han olvidado algo tan sencillo como el "Principio de Peter", verdadero descubrimiento social y psicológico que nos dice: quien tiende a ascender y ocupar puestos de responsabilidad que superan su nivel intelectual, actúan en el nuevo nivel de su incompetencia.

Todos quieren ser líderes, pero olvidan que ser líder no es hacer sólo las cosas mejor, sino hacer las mejores cosas, y no perciben que actúan dentro del nivel de su incompetencia.

Obligaciones

Las soluciones sólo vendrán si los gobiernos se ocupan de sanear, regular y vigilar el sistema financiero, si evitan la "ingeniería financiera", y si olvidan dirigir la economía real, que sólo compete al empresariado. Los empresarios deben ocuparse de crear, innovar, administrar y expansionar sus empresas con eficacia y equidad, pero sobre todo trabajando intensivamente y siendo maestros en aportar motivación y guía. Todos juntos, trabajando coordinadamente, no deben olvidar la sinceridad, el control de las especulaciones y el perfecto cumplimiento de sus obligaciones. De esta forma, se crea esperanza y genera ilusión.

Se piden con frecuencia "medidas estructurales" en abstracto. Pretender diseñar y proyectar nuevas estructuras económicas sugeridas por equipos dotados de una excelente formación teórica y ninguna experiencia práctica real probada, es puro ilusionismo. Cumpliendo las obligaciones anteriores, la nueva estructura ha de surgir por generación espontanea.

Decía Albert Einstein, "acabemos de una vez con la crisis amenazadora, que es la tragedia de no querer luchar por superarla".

(*) Economista y empresario

Por una vida más frugal / Nicolás Ridoux *

En el origen de la grave crisis actual hay una nueva manifestación de la desmesura, de la búsqueda infinita de omnipotencia. Las empresas y entidades financieras han estado persiguiendo obtener unos beneficios en crecimiento perpetuo. En esta búsqueda incesante del "cada vez más", los mercados existentes no bastaban, y hubo que crear mercados incluso donde no existían.

Las consecuencias de todo ello en la economía real serán por desgracia de amplio alcance, y afectarán especialmente a los más débiles. Como consecuencia de esta crisis, la mayoría de nuestros dirigentes, antes neoliberales, de repente parecen haber descubierto a Lord Keynes. Pues bien, ¿qué es lo que Keynes nos dice? "La dificultad no es tanto concebir nuevas ideas como saber librarse de las antiguas".

Eso es lo que pretende el movimiento del "decrecimiento", que propone una crítica constructiva, argumentada, pluridisciplinar, de rechazo de los límites que constriñen nuestras sociedades contemporáneas, para así poder liberarnos de ese "cada vez más". La filosofía del decrecimiento trata de explicar que en muchas ocasiones "menos es más".

¿Qué es exactamente lo que está ocurriendo en nuestros días? No estamos padeciendo una crisis sino un conjunto de ellas: crisis ecológica (energética, climática, pérdida de la biodiversidad, etcétera); crisis social (individual y colectiva, aumento de las desigualdades entre las naciones y en el seno de las mismas, etcétera); crisis cultural (inversión de valores, pérdida de referentes y de las identidades, etcétera); a lo que ahora se añade la doble crisis financiera y económica.

Todas ellas no son crisis aisladas, sino más bien el resultado de un problema estructural, sistémico: cuyo origen está en la desmesura, en la búsqueda obsesiva del "cada vez más".

¿Qué se puede decir sobre la crisis económica desde el punto de vista de quienes somos "objetores al crecimiento"? Que nadie se equivoque, porque decrecimiento no es sinónimo de recesión. Tal como escribí hace más de dos años: "No hay que elegir entre crecimiento o decrecimiento, sino más bien entre decrecimiento y recesión. Si las condiciones ambientales, sociales y humanas impiden que siga el crecimiento, debemos anticiparnos y cambiar de dirección. Si no lo hacemos, lo que nos espera es la recesión y el caos".

Ahora hemos entrado en recesión, pero que nadie se confunda, no en una sociedad de "decrecimiento". Para empezar, no hemos cambiado nuestra organización social, y en la actual organización todas las instituciones y mecanismos redistributivos se nutren de la idea del crecimiento. En una sociedad así, cuando el crecimiento falta, la situación es inevitablemente dramática. El decrecimiento es algo totalmente distinto. Significa crecer en humanidad, esto es, teniendo en cuenta todas las dimensiones que constituyen la riqueza de la vida humana.

El decrecimiento no es un crecimiento negativo, ni propugna tampoco una recesión ni una depresión; sería ridículo tomar nuestro sistema actual y ponerlo del revés y de esa manera intentar superarlo. El decrecimiento supone que debemos desacostumbrarnos a nuestra adicción al crecimiento, descolonizar nuestro imaginario de la ideología productivista, que está desconectada del progreso humano y social. El proyecto del decrecimiento pasa por un cambio de paradigma, de criterios, por una profunda modificación de las instituciones y un mejor reparto de la riqueza.

Es claro que el crecimiento económico pretende aliviar la suerte de los más desfavorecidos sin tocar demasiado las rentas de los más ricos, para no enfrentarse a su reacción política. En ese sentido, el decrecimiento pasa necesariamente por una redistribución (restitución) de la riqueza.

En un mundo de recursos limitados, las cosas no pueden crecer de manera indefinida. Por eso, "la objeción al crecimiento" habla de la necesidad de compartir, el regreso de la sobriedad, en particular para aquellos que sobreconsumen. Hacemos nuestras estas palabras de Evo Morales, presidente de la República de Bolivia, que el 24 de septiembre de 2008 afirmó en la Asamblea General de las Naciones Unidas: "No es posible que tres familias tengan rentas superiores a la suma de los PIB de los 48 países más pobres (...) Estados Unidos y Europa consumen de media 8,4 veces más que la media mundial. Es necesario que bajen su nivel de consumo y reconozcan que todos somos huéspedes de una misma tierra".

Hay que acabar con la idea de que "el crecimiento es progreso" y la condición sine qua non de un desarrollo justo. El crecimiento es adornado por sus defensores con todas las virtudes, por ejemplo en materia de empleo. Sin embargo, como dijo Juan Somavia, director general de la OIT, en su informe de enero de 2007: "Diez años de fuerte crecimiento no han tenido más que un leve impacto -y sólo en un pequeño puñado de países- en la reducción del número de trabajadores que viven en la miseria junto con sus familias.

Así como tampoco ha hecho nada por reducir el paro". En efecto, los beneficios empresariales han sido tan enormes que ni siquiera un crecimiento fuerte ha podido crear empleo, de ahí la persistencia del paro. La recesión agrava brutalmente este problema. Pero es ilusorio pensar que, para que todo el mundo tenga trabajo, lo que hay que hacer es restaurar el crecimiento económico y aumentar cada vez más las cantidades producidas; esta sobreproducción no tiene ningún sentido, no consigue el pleno empleo y, encima, compromete gravemente las condiciones de supervivencia del planeta.

Volvamos a Keynes, aunque no el que relanza las economías desfallecientes gracias a la intervención del Estado, sino al que escribía en sus Perspectivas económicas para nuestros nietos (1930) que sus nietos (es decir, nuestra generación) deberían liberarse de la coacción económica, trabajar 15 horas semanales y tender a una mayor solidaridad que permitiese compartir el nivel de producción ya alcanzado. No hacerlo así, según él, nos llevaría a caer en una "depresión nerviosa universal".

La filosofía del decrecimiento hoy dice que debemos trabajar menos para vivir mejor. No tener la mira puesta en el poder adquisitivo (que a menudo es engañoso y reduce al hombre a la única dimensión de consumidor), sino buscar el poder de vivir. Se trata de cambiar la actual organización de la producción y repartir mejor el trabajo: utilizar los beneficios obtenidos para que todos trabajen moderadamente y todas las personas tengan un empleo.

Esta reorganización debe ir acompañada de una revisión de las escalas salariales. No es aceptable que algunos empresarios ganen varios centenares o miles de veces más el salario de sus propios trabajadores.

Reducir la cantidad de trabajo permitiría asimismo que pudiésemos llevar una vida más equilibrada, que nos realizáramos a través de cosas que no sean la sola actividad profesional: vida familiar, participación en la dinámica del barrio, vida asociativa, y también actividad política, práctica de las artes...

Un modo de vida más frugal, que se tomara en serio los valores humanistas y tuviese en cuenta la belleza, conduciría a producir menos pero con mejor calidad. Una producción de calidad pide habilidad y tiempo, y ofrecería empleos numerosos y más gratificantes.

Supone no recurrir sistemáticamente a la potencia industrial (exige sobriedad energética) lo cual mejoraría la necesidad de fuerza de trabajo (como se observa al comparar la agricultura intensiva, muy mecanizada, gran consumidora de petróleo pero parca en mano de obra, con la agricultura biológica).

De esta manera, quizá también se pudiese equilibrar mejor trabajo intelectual y trabajo manual, y combatir al mismo tiempo la epidemia de obesidad que padecen nuestras sociedades demasiado sedentarias.

Devolver el protagonismo a la persona, restaurar el espíritu crítico frente al modelo dominante del "cada vez más" y abrir el debate sobre nuestra forma de vivir y sus límites, saber tomarse tiempo para mantener una relación equilibrada con los demás, ése es el camino que propone la filosofía del decrecimiento.

Se trata de sustituir el crecimiento estrictamente económico por un crecimiento "en humanidad". Es una tarea estimulante, un desafío que merece la pena intentar.

(*) Nicolas Ridoux es autor de Menos es más. Introducción a la filosofía del decrecimiento (Los Libros del Lince).

Nacionalizar la Banca / Juan Francisco Martín Seco *

En el pasado solía ser una de las reivindicaciones de la izquierda. Conviene recordar que en 1976, en la escuela de verano del PSOE, Miguel Boyer, que seis años más tarde sería superministro de Economía y Hacienda, se pronunciaba a favor de la nacionalización de la banca.

Eran los últimos coletazos de una ideología de izquierdas que quedaría sepultada bajo el tsunami del pensamiento único, pensamiento único que, sin aportar razones, exclusivamente a través de la descalificación y colgando el cartel de desfasado a quien osase contravenir sus dictámenes, condenaba todo lo público y ensalzaba lo privado.

Con la llegada del PSOE al Gobierno, no sólo no se nacionalizó la banca, sino que innumerables entidades financieras, tras ser saneadas con dinero público, fueron devueltas al sector privado. Asimismo, se perdió la oportunidad de establecer con las cajas de ahorro una banca pública potente.

Tengo que reconocer que una de las primeras medidas que me sorprendieron y me decepcionaron de aquel primer Gobierno socialista con el que, de alguna manera, me sentía implicado, fue la ley de Cajas de Ahorro, ya que se entregaba su control a los ayuntamientos, comunidades autónomas y grupos de impositores, que era lo mismo que concederlo a sindicatos y partidos políticos.

La nueva ley suponía una ocasión perfecta para crear una banca oficial fuerte, capaz de servir de contrapeso a las entidades financieras privadas. Por el contrario, la norma que se aprobó disgregaba la capacidad de decisión y de actuación del Estado en un sector tan estratégico como el del crédito.

Se perdió esta oportunidad, pero es que además, corriendo los años, se privatizaría la modesta banca oficial que provenía del franquismo: Caja Postal, Banco Exterior de España, Banco de Crédito Industrial, de Crédito Agrícola, Hipotecario, etc., pasaron al sector privado.

Es seguro que en los momentos presentes el Gobierno echa de menos contar con una extensa red de entidades financieras públicas con las que instrumentar las ayudas y los créditos.

La actual crisis económica está demostrando algo que en realidad todos sabíamos con anterioridad: la importancia que el crédito tiene en una economía moderna y los perniciosos efectos que pueden deducirse de un mal funcionamiento de las entidades financieras.

Sólo la sustitución de la teoría económica por un catecismo huero ha podido conducir a aceptar sin ningún análisis que los bancos deben ser privados. No parece que exista ninguna razón para ello; más bien los argumentos se inclinan en la línea contraria.

Se suele afirmar con bastante ligereza que en el sector privado los gestores se están jugando su propio dinero y que, por lo tanto, ponen más interés que los burócratas nombrados por un gobierno.

Esto puede ser cierto para las pymes, los pequeños comercios o los negocios familiares –de ahí la irracionalidad económica de los sistemas llamados del socialismo real, que pretendían tener socializada toda la economía– pero desde luego no lo es en el caso de las entidades financieras, donde se produce un divorcio claro entre gestión y capital y donde la participación de los administradores en el patrimonio de la compañía es nula o insignificante.

Uno de los factores que está detrás de la actual crisis es que los intereses de los ejecutivos no coinciden, por supuesto, con los de los ciudadanos, pero ni siquiera con los de la corporación que dirigen.

En estas coordenadas, la afirmación de que la cuenta de resultados es un buen termómetro de la marcha de la empresa no se sostiene. Las consecuencias de una mala gestión pueden manifestarse, tal como estamos viendo, muchos años después, cuando ya no hay remedio, y con graves daños no sólo para la entidad que se dirige, sino también para toda la sociedad en su conjunto.

En contra de la banca pública se agita el fantasma de que los intereses políticos pueden interferir en la marcha del sistema financiero; utilización política de las empresas, se afirma. Pero ¿es que acaso lo evita el que sean privadas? Hoy, intereses políticos y económicos se amalgaman en una extraña mezcla.

Políticos y ejecutivos de las grandes compañías forman una clase en la que los sitios se intercambian, y más grave aún que la política condicione a las empresas es que las empresas condicionen a la política. Al menos el sector público está sometido a unos controles y a una transparencia de los que carece el sector privado, al que se le consiente casi todo con la falsa premisa de que se están jugando su dinero.

Hoy, paradójicamente, es el propio sector financiero el que reclama la intervención estatal, aunque, eso sí, se apresura a proclamar que sea de forma transitoria. Pretenden tan sólo que el Estado les saque del atolladero y que limpie con dinero público la basura que han ido acumulando en sus balances. Cantidades ingentes de fondos estatales están afluyendo a las entidades financieras en Europa y en Estados Unidos sin que el panorama se despeje y sin que, lo que es más grave, el crédito llegue a las empresas y a las familias. I

ncluso el propio Banco Central Europeo está dando la voz de alarma. ¿No habrá llegado el momento de emplear todos esos recursos en la constitución de una banca pública que nos libre de situaciones similares? Concretamente, en nuestro país, ¿no sería la ocasión de nacionalizar las cajas de ahorro dándoles una unidad de acción y librándolas de las banderías e intereses provincianos?

(*) Economista www.publico.es

Bancos en vilo / Paul Krugman *

El camarada Greenspan quiere que nos apoderemos de las colinas más altas de la economía. Vale, no exactamente. Lo que Alan Greenspan, ex presidente de la Reserva Federal -y acérrimo defensor del libre mercado-, ha dicho de hecho es que "tal vez sea necesario nacionalizar temporalmente algunos bancos para facilitar una reestructuración rápida y ordenada". Y yo coincido.

El argumento a favor de la nacionalización se basa en tres observaciones. En primer lugar, algunos grandes bancos se encuentran peligrosamente cerca del borde del abismo; de hecho, habrían quebrado ya si los inversores no confiasen en que el Estado los rescatará si hace falta.

En segundo lugar, hay que rescatar a los bancos. El hundimiento de Lehman Brothers estuvo a punto de destruir el sistema financiero mundial, y no podemos correr el riesgo de permitir que caigan instituciones mucho más grandes como Citigroup o Bank of America.

Y en tercer lugar, aunque es necesario rescatar a los bancos, el Gobierno estadounidense no puede permitirse, ni fiscal ni políticamente, dar enormes regalos a los accionistas bancarios.

Concretemos. Hay una posibilidad razonable -no certidumbre- de que Citigroup y Bank of America, sumados, pierdan cientos de miles de millones de dólares en los próximos años. Y su capital, el exceso de activos respecto a las deudas, no es ni mucho menos lo suficientemente grande como para cubrir esas posibles pérdidas.

Se podría decir que la única razón por la que no han quebrado ya es que el Estado está haciendo de mampara, garantizando implícitamente sus obligaciones. Pero son bancos zombis, incapaces de proporcionar el crédito que la economía necesita. Para dejar de ser zombis, los bancos necesitan más capital. Pero no pueden obtenerlo de los inversores privados. Por lo tanto, el Estado tiene que aportar los fondos necesarios.

La pega es que los fondos necesarios para devolverlos plenamente a la vida superarían con creces lo que estos bancos valen en la actualidad. Citigroup y Bank of America han llegado a tener un valor combinado de mercado inferior a 30.000 millones de dólares, y hasta ese valor se basa principalmente, aunque no por completo, en la esperanza de que los accionistas consigan ayuda estatal. Y si el Estado va a poner básicamente todo el dinero, debería obtener la propiedad a cambio.

Aun así ¿no es la nacionalización algo muy poco estadounidense? No, es tan estadounidense como el pastel de manzana. Últimamente, la Corporación Federal de Seguros de Depósitos (FDIC) ha estado incautándose de bancos que considera insolventes a razón de aproximadamente uno por semana.

Cuando la FDIC se incauta de un banco, asume los activos problemáticos de éste, paga su deuda y revende la institución ya saneada a inversores privados. Y eso es exactamente lo que los partidarios de la nacionalización temporal quieren que ocurra, no sólo con los bancos pequeños que la FDIC está expropiando, sino también con los grandes bancos que son igualmente insolventes.

La verdadera cuestión es por qué el Gobierno de Obama sigue sacando propuestas que parecen posibles alternativas a la nacionalización pero que en realidad implican enormes donaciones a los accionistas de los bancos.

Por ejemplo, el Gobierno proponía en un principio la idea de ofrecer a los bancos garantías contra las pérdidas provocadas por los activos problemáticos. Habría sido un buen trato para los accionistas bancarios, pero no tanto para el resto de nosotros: si sale cara ellos ganan, si sale cruz los contribuyentes pierden.

Ahora el Gobierno habla de una "alianza público-privada" para comprar activos problemáticos a los bancos, en la que el Estado prestará a los inversores privados el dinero para dicho fin. Esto ofrecería a los inversores una apuesta que sólo puede acabar de una forma: si los activos suben de precio, los inversores ganan; si caen considerablemente, los inversores se van y le dejan el muerto al Estado. De nuevo, cara ganan ellos, cruz nosotros perdemos.

¿Por qué no echar adelante sin más y nacionalizar? Recuerden que cuanto más vivamos con los bancos zombis, más difícil será poner fin a la crisis económica.

¿Cómo se produciría la nacionalización? Todo lo que el Gobierno tiene que hacer es tomarse en serio su planeada prueba de resistencia para los grandes bancos y no ocultar los resultados si la suspenden y se hace necesaria una absorción. Vale, todo esto de que un Gobierno que lleva meses ayudando a los bancos se declare indignadísimo por el pésimo estado de sus balances contables sonaría a teatro, pero no pasa nada.

E insisto, el objetivo no es la propiedad estatal a largo plazo. Al igual que sucede con los bancos pequeños incautados por la FDIC cada semana, los grandes bancos serían devueltos al control privado lo antes posible. El blog financiero Calculated Risk sugiere que en lugar de llamarlo proceso de nacionalización deberíamos llamarlo "preprivatización".

Según Robert Gibbs, portavoz de la Casa Blanca, la Administración de Obama cree que "un sistema bancario privado es el camino a seguir". Y todos pensamos lo mismo. Pero lo que tenemos ahora no es empresa privada, es socialismo defectuoso: los bancos se llevan la parte buena y los contribuyentes soportan los riesgos. Y también es perpetuar los bancos zombis y bloquear la recuperación económica.

Lo que queremos es un sistema en el que a los bancos les toque tanto lo bueno como lo malo. Y el camino hacia ese sistema pasa por la nacionalización.

(*) Profesor de Economía en Princeton y Premio Nobel de Economía 2008

AIG / Manuel Castells *

La crisis financiera global sigue agravándose en una espiral cada vez más destructiva de ahorros, empresas, empleo y vidas. Afecta a todos los países porque los mercados financieros globales son interdependientes. Incluso nuestro saneado sistema bancario, de cuya bonanza nos vanagloriábamos hace algunos meses, se ha visto afectado.

A la incapacidad del fondo inmobiliario del Santander de devolver a sus inversores los capitales reclamados en el corto plazo, se ha sumado la rebaja del nivel de crédito internacional del Santander y el BBVA por las agencias de evaluación financiera.

Esto es grave, pues implica que para poder endeudarse los bancos deberán incrementar las garantías colaterales de los préstamos, lo cual conlleva una reducción de su liquidez y reduce su capacidad de préstamo a familias y empresas.

También quiere decir que en caso de demanda generalizada de reembolso de depósitos los bancos tienen menos capacidad de atender a sus acreedores, dependiendo entonces del fondo de garantía interbancario y del Gobierno para responder a sus obligaciones.

Esto no es una historia de miedo. Es lo que le pasó en EE. UU. a AIG en septiembre del 2008 cuando su valoración de crédito cayó por debajo del mágico límite de AA. Entre septiembre y noviembre la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro inyectaron 150.000 millones de dólares en AIG para que hiciera frente a sus obligaciones.

Aun así, perdió el 95% de su valor en bolsa y en el último trimestre del 2008 perdió unos 62.000 millones de dólares, la mayor pérdida trimestral de una empresa en la historia del capitalismo. Así que el pasado 1 de marzo, la Administración Obama anunció que tenía que aportar otros 30.000 millones a AIG y tal vez más en el futuro.

¿Por qué? ¿Por qué este empecinamiento en salvar a una empresa concreta a pesar de su desastrosa gestión y de su historia de fraude y especulación? Porque, según el presidente de la Reserva Federal, Bernanke, y del secretario del Tesoro, Geithner, la quiebra de AIG podría ser el detonante de un colapso financiero mundial.

En otras palabras, AIG es el corazón de la bestia que hemos alimentado con la irresponsabilidad financiera de las dos últimas décadas. Sus ramificaciones se extienden por todas partes y su incapacidad de afrontar sus obligaciones causaría bancarrotas en cadena en bancos, empresas y familias en EE. UU., China, India, Japón, Singapur, Hong Kong, América Latina y Europa. Hasta se hundiría el Manchester United, cuyo principal patrocinador es AIG.

Pero ¿qué es AIG? Hagamos historia. Shanghai, 1919. Un empresario estadounidense, Cornelius Starr, crea una compañía de seguros para servir al mercado chino: American International Group. Por tanto, AIG se proyecta como aseguradora global desde sus inicios.

Tras la revolución china traslada su centro a Nueva York y, liderada desde 1969 por el legendario operador financiero Hank Greenberg, se extiende por todo el mundo, con posiciones particularmente relevantes, además de EE. UU., en Inglaterra, China, India, Japón y el Sudeste Asiático.

En el 2007 se sitúa como la primera aseguradora del mundo en términos de patrimonio (1.050 billones de dólares), con ingresos anuales de 110.000 millones y 116.000 empleados, y una amplia red de financieras subsidiarias.

Aunque suscribe todo tipo de seguros, su principal negocio en los últimos tiempos fue asegurar las carteras de valores de los bancos, o sea, esos activos bancarios en donde se mezclaban valores sólidos con los famosos activos "tóxicos".

De modo que cuando el mundo se dio cuenta de que las garantías bancarias se basaban en una sobrevaloración de sus títulos, le tocó a AIG cubrir a sus asegurados. Pero AIG no podía hacerlo porque había asegurado mucho más de lo que podía y porque, bajo la dirección del gurú financiero Joseph Cassano (al que muchos consideran uno de los responsables de la crisis) se había metido a fondo en el negocio de los tristemente celebres CDS (credit default swaps),o sea, la fragmentación de pólizas de seguros y la titularización y venta de estos fragmentos de póliza en el mercado, con lo cual nadie sabe quién es responsable de qué.

Y es que AIG, aprovechando la muy laxa regulación, operó en la zona gris de la legalidad, de modo que según Bernanke se arriesgó con irresponsables apuestas especulativas en las que perdió el capital que tenía que reservar para cubrir el riesgo de sus asegurados. También incurrió en la ilegalidad, y en el 2005 la Securities Exchange Commission inculpó por fraude a su consejero delegado, Greenberg, que tuvo que dimitir, y a varios ejecutivos, imponiendo una multa de 1.600 millones a la empresa.

Fraude, falta de transparencia, especulación aprovechando la desregulación no impidieron que AIG siguiera siendo la aseguradora del mundo. Y que, por tanto, al desintegrarse, tuviera y tenga que ser rescatada a cualquier precio. ¿Y qué creen que hacen sus ejecutivos estos meses de crisis? Pues gastarse 440.000 dólares en un fin de semana en California en septiembre, otros 86.000 en una excursión de caza en Inglaterra en octubre y otros 343.000 en una vacación en el desierto de Arizona en noviembre. Y lo que no sabemos.

¿Y quienes son los miembros del consejo de administración de AIG? Pues gente como su presidente, Edward Liddy, procedente de Goldman Sachs y antes director financiero de la empresa GD Searle en el tiempo en que Rumsfeld era su consejero delegado. O Suzanne Johnson, la número 34 de las mujeres más poderosas del mundo, educada en Harvard y ex vicepresidenta de Goldman Sachs, Hilton, IBM Services, Rockefeller Foundation, Multimedia, e incluso un profesor de economía de Harvard, asesor de Bush.

La beautiful de las finanzas, orgullosa de sus modelos matemáticos, convencida de su derecho a asegurar al mundo al tiempo que nos mantiene en la ignorancia de nuestra inseguridad real y lo suficientemente arrogante para, cuando todo se hunde, pedirnos que la salvemos porque de ella depende nuestra propia salvación.

(*) Sociólogo y profesor universitario, catedrático de Sociología y de Urbanismo en la Universidad de California, Berkeley, así como director del Internet Interdisciplinary Institute en la Universitat Oberta de Catalunya

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La Izquierda en la crisis: ¿Despistada o a la deriva? / Gregorio López Sanz

El mundo está inmerso en una gravísima crisis sistémica, cuyas manifestaciones tienen el denominador común de crecientes desigualdades e injusticias sociales, y en cuyas raíces subyace una violencia estructural basada en la preeminencia absoluta de los beneficios monetarios privados a costa de valores como la soberanía alimentaria, la conservación de la Naturaleza, el acceso igualitario a recursos minerales y energéticos y el respeto a otras formas no hegemónicas de organización social diferentes a las del capitalismo neoliberal.

Con el término “izquierda” me referiré a los movimientos sociales y políticos entre cuyos objetivos prioritarios figura la reducción de las desigualdades sociales, el desmantelamiento de las concentraciones de poder en manos privadas y la consecución de la paz sobre la base de la justicia social (no a través del militarismo ni el belicismo).

¿Qué medios deberían utilizar dichos movimientos para perseguir los objetivos anteriores? Preferentemente la participación y actuación decisiva de la sociedad civil y del Estado a través de políticas públicas, tanto en el ámbito de los tradicionales estados-naciones como en el marco de organismos de carácter internacional.

La primera sorpresa que podemos llevarnos es constatar que, de acuerdo con los objetivos reales que persiguen, y lo que es más importante, los medios que utilizan para ello, determinados movimientos que convencionalmente se han considerado de izquierda, no quepa calificarlos como tales. Pero no es éste el tema que ahora nos ocupa.

Además, cuando hablamos de izquierda tenemos que hacer una distinción adicional según se trate de planteamientos de los partidos políticos en el poder, en la oposición y los colectivos sociales, hasta el punto de que muchas veces, los programas y la acción de cada uno de ellos pueden diferir sustancialmente. Así, cabe constatar un serio problema de unidad de acción en el seno de “las izquierdas”, que son incapaces de ponerse de acuerdo en lo “básico”, lo cual no tendría que ser incompatible con la pluralidad del pensamiento que es otra de sus señas de identidad.

Lo que más llama la atención sobre cómo el Gobierno de España está gestionando la actual crisis es la incoherencia de las medidas adoptadas respecto de sus principios ideológicos socialistas , así como el no haber puesto en marcha un diálogo social ampliado más allá del tradicional entre Gobierno, patronal, sindicatos y banca, a pesar de tratarse de una crisis peculiar tanto por su globalidad como por la novedad de sus causas y consecuencias.

A continuación se abordan algunas de las políticas aplicadas antes y después de la crisis, para valorar si al definir las mismas se han tenido en cuenta las distintas sensibilidades de los movimientos de izquierdas o si por el contrario, las inquietudes y las acciones siguen dispersas, despistadas o a la deriva, cada una en “su mundo”.

1) El acceso a la vivienda: germen de la crisis financiera y cadena perpetua a la sumisión. Los partidos políticos de izquierda en los gobiernos central, autonómicos y locales no han hecho nada para reducir la presión creciente a que se ha sometido la burbuja inmobiliaria desde hace más de una década. Y ello a pesar de que ha habido tiempo más que suficiente para frenar una dinámica constructora desbocada por la especulación financiera y aderezada de corrupción política en demasiados casos.

Ello ha supuesto una concentración de poder en las entidades bancarias, materializado en el derecho a percibir un mayor porcentaje de las rentas de las familias por un período de tiempo más largo, lo que supone una fuente segura de beneficios empresariales. Antes de la explosión de la burbuja, la misma ha reportado beneficios ingentes a empresas promotoras y constructoras, que han utilizado para tomar posiciones en sectores estratégicos como el energético, y que ahora rápidamente se declaran en quiebra y proceden a despidos masivos de trabajadores/as de muy difícil recolocación a corto plazo.

Por su parte, la otra izquierda, la de los movimientos sociales de base, altermundistas y radicales en su empeño por evitar la marcha atrás en los derechos sociales, viene clamando en el desierto por una vivienda digna, pero no al precio de uncirse de por vida el yugo financiero de la hipoteca, que favorece la reducción a la mínima expresión de las inquietudes sociales de las personas, afectas ahora al régimen financiero-especulador en la tarea de alimentarlo acrítica y puntualmente, desviando hacia el mismo la mayor parte de la renta familiar. A

l igual que la sanidad, la educación y las pensiones, cada vez más colectivos plantean que la vivienda debería ser provista preferentemente por el Estado en régimen de propiedad pública y bajo fórmulas de alquiler, cortando así de raíz espirales especulativas que hasta ahora se han reproducido con la connivencia de los poderes públicos, el capital especulador y las clases medias-altas, y cuyos costes han sido repercutidos hacia las clases más desfavorecidas en forma de mayores precios de la vivienda y más esfuerzo para acceder a la misma.

2) La estrategia energética: flirteo con el gran capital versus nacionalización. El suministro de energía, por sus implicaciones sobre la calidad de vida, es un asunto que debiera ser prioritario para la política pública. Y así ha sido, efectivamente, pero no para mejorar su control social y democrático, sino para favorecer concentraciones empresariales atendiendo a criterios de amiguismos políticos.

Baste recordar cómo acabó la guerra por el control de ENDESA y la que se avecina a vueltas con quién controlará REPSOL. Un Gobierno verdaderamente de izquierdas hubiera sido sensible a una mayor intervención del Estado en el ámbito económico-energético, defendiendo una causa que hoy sólo apoyan movimientos sociales como los ecologistas y altermundistas.

Precisamente en tiempos de crisis resulta más fácil desplegar medidas de política económica tendentes a la nacionalización de grandes empresas energéticas, ya que su precio de mercado es más bajo, se cuenta con una opinión pública favorable a la intervención pública (incluidos los sectores más rancios del neoliberalismo económico que han llegado a pedir “un paréntesis” en la economía de mercado) y, además, se trata de sectores con capacidad para generar beneficios monetarios, por lo que en el caso que fueran de titularidad pública, permitirían aumentar los ingresos del Estado con el fin de mejorar los servicios públicos.

Mientras tanto, industrias amables con el medio ambiente y básicas para la reconversión energética que pide a gritos la conservación de la Naturaleza, generadoras de empleo en un entorno de paro masivo como el que nos rodea, corren peligro de quedarse raquíticas o de venirse abajo cuando apenas han echado a volar.

Valgan como ejemplo las diferentes industrias ligadas a la energía solar fotovoltaica, porque los responsables del Ministerio de Industria y Energía, con la nueva regulación del sector fotovoltaico, han rebajado significativamente el apoyo público a la generación de este tipo de energía. Los muchos “rescates prioritarios” que se avecinan y los maltrechos ingresos fiscales estarían detrás de la negativa a seguir incentivándolas como hasta ahora.

Pero por otro lado, paradójicamente, el Gobierno de España y muchos autonómicos, tanto de izquierdas como de derechas (aquí se iguala el pragmatismo de ambas opciones políticas en las tareas ejecutivas), no paran de renunciar a ingresos impositivos vía reducción y/o eliminación de impuestos directos que favorece principalmente a las rentas altas (IRPF, Patrimonio, Sucesiones y Donaciones).

3) ¿Qué plan de rescate público necesitan entidades financieras que están a la cabeza en el ranking mundial de beneficios? Una parte de la izquierda española, la que detenta el Gobierno Central, ha establecido un plan de rescate para las entidades financieras. Para ello se articula la compra de ida y vuelta de activos financieros en manos de las entidades bancarias, con el fin de facilitarles liquidez por un importe de hasta 50.000 millones de euros, y menos mal que hablamos de uno de los sistemas financieros más solvente del mundo.

La medida se toma después de mantener una reunión con los representantes de los grandes bancos de este país, es decir, entre los que deciden el gasto (el Gobierno) y los que se benefician del mismo (los bancos), “olvidando” invitar a este proceso de toma de decisión tan “extraordinario” a quienes financiarán dicho gasto a través del pago de impuestos, es decir, a los contribuyentes organizados en la sociedad civil.

Aunque se afirma que se adquirirá a entidades financieras activos de máxima calidad, para garantizar que, a través de ellas, la financiación llegue a empresas y ciudadanos, por el momento nada se sabe sobre cómo se piensan deslindar los activos “sanos” de los “contaminados” y qué plazo de tiempo se da para contrastar que la financiación llegue a familias y empresas y no se desvíe a “tapar” otros agujeros más o menos ocultos de las entidades financieras, o incluso a engordar sus beneficios.

Las entidades financieras españolas obtuvieron unos beneficios de 20.000 millones de euros en 2007 y la mayor de todas ellas espera unas ganancias de 10.000 millones de euros en 2008, por lo que resulta paradójico que precisen de un plan de rescate como el que se ha puesto en marcha. ¿No se habrá confundido el Gobierno respecto a quién lo está pasando mal en esta “crisis”?. Al igual que el plan aprobado en EE.UU., más que de rescate habría que calificarlo de “botín de piratería”, fruto del abordaje y del saqueo consentido de las arcas públicas por parte del gran capital.

Y es que, todo pirata necesita un refugio. Para eso están los paraísos fiscales, que ni se denuncian ni se propone suprimirlos, a pesar de ser la piedra angular sobre la que descansa la estructura financiera internacional, además de refugio financiero de actividades delictivas de lo más variadas (evasión de impuestos, narcotráfico, contrabando de armas, tráfico de personas, terrorismo).

En la Declaración de la Cumbre de Washington, suscrita por el Gobierno de España, se los denomina eufemísticamente como “jurisdicciones no cooperadoras y poco transparentes”, como si la cooperación y la transparencia hubieran sido la enseña del marco financiero que acaba de derrumbarse.

4) La política monetaria y la política fiscal: la inflación y la estabilidad presupuestaria como excusa; la asfixia financiera de familias y PYMES y el aumento de las desigualdades como resultado. Desde hace un año y medio, los principales Bancos Centrales del mundo están inyectando liquidez a las entidades financieras para paliar la “crisis de confianza” que existe entre éstas. Sin embargo, dicha liquidez facilitada en condiciones preferentes no implica más concesión de créditos o mejora cualitativa de las condiciones de los mismos.

Tras el empacho de desregulación pública y de hipotecas privadas de los últimos años, seguir guardando en una urna instrumentos potentes de política económica resulta antisocial. En cuanto a la política monetaria marcada por los intereses del capital especulativo, por la brutal erosión de las rentas de tantas familias con hipotecas ante una evolución del Euribor al alza durante tres años continuados entre agosto de 2005 y agosto de 2008, generando así una redistribución de renta desde las familias a los bancos, bendecida legalmente por la regulación que la Unión Europea confía al Banco Central.

En Europa, la política monetaria expansiva vía reducción de tipos de interés sólo se ha comenzado a instrumentar recientemente, con más de un año de retraso, favoreciendo así una crisis de la economía real más profunda. Los criterios “técnicos” del Banco Central Europeo para atajar presuntas tensiones inflacionistas de origen especulativo (precios del petróleo y de los alimentos) han prevalecido sobre los criterios políticos que aconsejaban mejorar la renta familiar y la inversión.

En lo referente a la política fiscal, el Gobierno de España habla de regresar a un keynesianismo muy particular. Por un lado, se propone la reducción de impuestos pero sin señalar cuáles. Por otro lado, aunque no se dice, será preciso un mayor gasto público para atender las prestaciones de desempleo de los/as trabajadores/as que están perdiendo y perderán su puesto de trabajo.

Además, como la actividad económica retrocede por que ya se ha entrado en recesión (crecimiento económico negativo), los ingresos fiscales se reducirán aunque se mantuvieran los tipos impositivos.

Y por último, se anuncia un paquete de medidas para estimular la inversión pública. ¿Cómo se piensa alcanzar la sostenibilidad fiscal (el equilibrio presupuestario) que se establece como meta en la Declaración de la Cumbre de Washington? ¿Por qué no se habla abiertamente de incurrir en déficit público para financiar gastos sociales y servicios e inversiones públicas en infraestructuras destinadas a los colectivos más desfavorecidos?.

5) El Gobierno de España pide silla sólo para él en la Cumbre de Washington, entrando en la lógica de que unos pocos decidan por todos. Y es que, cuando se trata de evaluar el desmoronamiento del sistema neoliberal, así como de sentar las bases de otro que lo supere, sería conveniente que en dicho proceso hubieran participado todos los pueblos de la Tierra en el marco de una conferencia auspiciada por Naciones Unidas.

Sin embargo, la Cumbre de Washington ha sido convocada por Estados Unidos, la potencia militar y económica que ha conducido al actual “desorden mundial”, y más allá de los países con mayor PIB y/o renta per cápita del club de los más enriquecidos, sólo se ha ampliado el círculo para contar con las llamadas potencias económicas emergentes.

¿Quiénes han defendido y planteado en la Cumbre los intereses y los problemas de esa tercera parte de la población mundial ausente y, en particular, la de los pueblos empobrecidos y saqueados de África y el Magreb, Oriente próximo y Oriente medio, Asia Central o América Latina?.

Ahora más que nunca, la izquierda debería abogar por la puesta en marcha de un proceso incluyente, que incorpore la participación activa de todos los gobiernos del mundo, los representantes de la sociedad civil y los movimientos sociales en los foros de debate y decisión que deben abrirse en los próximos meses, con el fin de articular las demandas sociales, señalando a la ciudadanía y a los decisores públicos los caminos que entendemos ya están agotados así como las sendas que están por transitar en la búsqueda de alternativas.

6) Ante la crisis, el Gobierno de España y los sindicatos de clase mayoritarios no cuestionan el paradigma económico neoliberal productivista y consumista. Día tras día, conforme van viendo la luz diferentes medidas frente a la crisis, el Gobierno de España sigue planteando el objetivo de restaurar el crecimiento económico en los términos en que lo ha entendido el sistema capitalista durante el último siglo, sin considerar como un grave problema el agotamiento de los recursos naturales y el aumento de los niveles de contaminación que están poniendo en peligro la continuidad de la vida sobre el planeta.

Ante este inmovilismo sería necesario desarrollar y aplicar conceptos emergentes como el “decrecimiento” y “la satisfacción austera de las necesidades básicas”, conectando la conservación del medio ambiente con la reducción efectiva de la pobreza. Sin embargo, se continúan poniendo como guía los principios del mercado libre en la forma de eliminación de obstáculos al comercio y la inversión, favoreciendo así unas mayores desigualdades entre los diferentes pueblos de la Tierra.

El 15 de noviembre pasado se convocó una manifestación un tanto anónima a través de Internet contra la gestión de la crisis que estaban haciendo la mayor parte de los países enriquecidos.

Muchos colectivos altermundistas y anticapitalistas salieron a la calle. Los partidos políticos y sindicatos de izquierdas con mayor número de militantes ni apoyaron la manifestación ni hasta el momento han convocado otra con objetivo similar. Han dejado absolutamente de lado la movilización y concienciación social como base de la acción política, incluso en momentos de crisis sistémica como en el que nos encontramos. Las élites dirigen, y como mucho, de cara a la galería, se monta un comité de expertos con algún premio Nobel de prestigio.

7) Ante este panorama, ¿dónde debería dedicar sus esfuerzos la militancia de izquierdas para ser más eficaz en la transformación profunda que exige la actual crisis sistémica?. Si algo positivo puede tener el actual momento histórico es el hecho de ayudarnos a despertar de este sueño feliz en el que nos encontramos inmersos en los países enriquecidos, constatando que el mismo es el reverso de una permanente pesadilla para la mayor parte de la humanidad.

El nuevo orden que estamos obligados a buscar no puede pasar de puntillas por asuntos esenciales de las relaciones humanas como el papel de lo público y la organización de las fuerzas sociales.

Muchas personas que nos sentimos de izquierda reflexionamos sobre cuál es la plataforma comunitaria o colectivo más adecuado para dedicar nuestro esfuerzo en pos de llevar a cabo iniciativas que hagan de nuestro entorno local y global un lugar más agradable para la vida.

Y aunque sabemos que la tarea es ardua y que las cosas no cambian de la noche a la mañana, tampoco estamos dispuestos a perder energías en experiencias de participación ciudadana que en nada transforman nuestro mundo, es más, que incluso ayudan a mantener y consolidar el statu quo.

Cada vez más se extiende el sentir de que organizaciones sociales históricas como partidos políticos y sindicatos mayoritarios, que en los últimos dos siglos han sido claves para la consecución de derechos sociales, económicos y políticos para todos/as, en los últimos tiempos se están convirtiendo en instrumentos al servicio del verdadero poder fáctico: el gran capital transnacional que devora el mundo.

Así, ante esta constatación, caben al menos dos posturas:

Seguir militando activamente en los partidos políticos y sindicatos pero incentivando, desde dentro y desde la base, cambios en su funcionamiento, que los hagan más democráticos internamente, preocupados de verdad por los grandes problemas de la humanidad (la pobreza, el deterioro ambiental, las guerras).

Es decir, seguir en los partidos pero para impulsar alternativas radicales que puedan llegar a convertirse en mayoritarias en el seno de los mismos. Nuevos horizontes que favorezcan la participación desde la libertad, que sacudan las conciencias, y no premien la obediencia ciega ni el mirar hacia otro lado.

La provocación leal y sincera no debiera molestar a nadie, y menos a dirigentes políticos de izquierdas. Los partidos no deberían trabajar para domesticar a sus militantes, simpatizantes y resto de la sociedad, sino para darles alas y todo el protagonismo que merecen, y que desgraciadamente ahora no tienen.

Salir de los partidos políticos y sindicatos (o seguir en ellos vegetando) porque entendamos que lo expuesto en el punto anterior es una quimera absoluta (ni siquiera una utopía), de ahí que lleguemos al convencimiento de que el otro mundo posible que queremos hay que construirlo desde otras plataformas de participación ciudadana distintas.

Porque existe un férreo control interno en los partidos, que ahoga cualquier intento de cambio desde dentro, primando la autocomplacencia y los intereses personales. Porque cada vez más, estas organizaciones políticas y sindicales son rehenes de los poderes económicos transnacionales y de los medios de comunicación, que exigen favores en forma de políticas públicas que les beneficien por acción u omisión.

La duración y profundidad de la crisis va a ser clave para que el nuevo escenario que salga de ella consista en un simple lavado de cara del capitalismo neoliberal o bien devenga en nuevas formas de organización social, económica y política. La unidad de acción de las izquierdas será más factible cuanto peor se pongan las cosas… desgraciadamente. Pero sólo a través de esa unidad podrá articularse una respuesta con garantía de futuro… afortunadamente.

Crisis económica, cohesión social y proyecto europeo / Pedro Chaves · Fernando Luengo *

El actual proceso de degradación social representa una verdadera terapia de choque para la población trabajadora europea, con el agravante de que la crisis, en todos los escenarios diseñados por las agencias especializadas, se agravará en los próximos meses, ante la inoperancia de las políticas económicas aplicadas hasta el momento.

Sin embargo, no todo se explica - ni por supuesto se ha desencadenado- por la crisis que está sacudiendo nuestras economías. Antes bien, las piezas básicas de una parcial pero significativa regresión en el modelo social ya eran claramente visibles en la Unión Europea (UE) de las últimas décadas; mucho antes, en consecuencia, de la eclosión de la actual crisis.

Veamos algunos ejemplos significativos al respecto. Desde la década de los 80 los salarios reales de la población han progresado a un ritmo moderado. La tónica general de los últimos años ha consistido en aumentos inferiores al 1%; lo que significa que, como todos los indicadores promedio ignoran las posiciones extremas, una parte de los trabajadores ha perdido capacidad adquisitiva.

El vínculo salarios-productividad del trabajo que caracterizó las décadas doradas del capitalismo europeo en virtud del cual el crecimiento de ambas variables estaba relacionado, forma parte de la historia. Los salarios han tendido a “descolgarse” de la productividad; deconexión que, por cierto, ha sido un factor esencial en el crecimiento de los beneficios de las empresas, convirtiéndose de este modo en uno de los motores que ha alimentado de recursos al sector financiero.

El relativamente alto desempleo y sobre todo, el trabajo precario forman parte asimismo del paisaje europeo. Las diferentes modalidades de contratación “atípica” - contratos temporales, trabajo a tiempo parcial, contratos por obra y servicio- parece que han llegado para quedarse, al margen de cuál sea el ciclo económico; al margen, incluso, del signo político del gobierno de turno.

La Confederación Europea de Sindicatos estima que en 2007 más de 100 millones de trabajadores tenían empleos de esta naturaleza. Esta situación no sólo se ha generalizado en el sector privado sino que también preside cada vez más las pautas de contratación de las administraciones públicas. Todo ello matiza la trillada afirmación de que la creación de empleo es el camino a través del que los trabajadores comparten los frutos del crecimiento. ¿Nada que decir sobre la calidad y la estabilidad de los puestos de trabajo?

Y tan importante como ésto es la pérdida del trabajo como referencia para la construcción de ciudadanía. El vínculo que Europa alimentó entre trabajo-inserción social y condición ciudadana se ha quebrado hace ya algunos años, contribuyendo poderosamente al deterioro de nuestros sistemas democráticos y al incremento de la desconfianza respecto a la política.

El discreto balance en materia ocupacional, la continúa presión que las empresas y los gobiernos realizan sobre las rentas salariales, la débil posición negociadora de las organizaciones sindicales y la aceptación por parte de algunas izquierdas de lo esencial de los postulados neoliberales han contribuido a que la parte de los salarios en la renta nacional haya retrocedido desde la década de los setenta en la mayor parte de los países integrados en la UE, incluidos aquellos que mejor simbolizaban el modelo de cohesión social que, al menos en teoría, impregnaba el proyecto europeo.

Si se tiene en cuenta que en el cómputo de los ingresos salariales se incluyen las remuneraciones de los directivos y de otros colectivos que disfrutan de posiciones privilegiadas, queda aún más claro el deterioro de las condiciones de vida de los trabajadores de menor cualificación.

Aunque todavía lejos de los valores alcanzados por Estados Unidos –el país desarrollado con una fractura social más profunda-, los últimos años han conocido un incremento espectacular de la desigualdad medida en términos de distribución de la renta, abanicos salariales y concentración de la riqueza.

Un dato aportado por el último informe de la Organización Internacional del Trabajo “World of Work”: si se comparan las retribuciones obtenidas por los directivos de mayor nivel de las grandes empresas –salarios pactados más stock options y diferentes bonus- y los salarios medios; aquéllos percibían más de 100 veces el ingreso de éstos. Ni rastro en este tipo de ingresos –que no han dejado de aumentar de manera vertiginosa en los últimos años- de las políticas de moderación salarial tan queridas por los gobiernos para el resto de los trabajadores.

El número de personas privadas de los recursos necesarios para llevar una vida digna ha experimentado un inquietante crecimiento. En 2005 Eurostat contabilizaba 78 millones de personas en situación de pobreza, lo que representa el 16% de su población. Si bien es cierto que los desempleados y ciertas minorías son los colectivos más vulnerables, ha emergido con fuerza la categoría de “trabajadores pobres”.

Esto es, personas que aún teniendo un empleo se encuentran cerca o por debajo del umbral de la pobreza, lo cual de nuevo invita a reflexionar sobre la mala calidad de una parte sustancial de las nuevas ocupaciones.

Son muy diversos los factores en liza que podrían dar cuenta de esta deriva social. No es el menos relevante de ellos la financiarización de las economías europeas. En primer término, desviando cantidades ingentes de recursos desde la economía productiva y social hacia “el casino”, donde, si los actores implicados estaban dispuestos a asumir el riesgo exigido por los mercados, se podían obtener beneficios extraordinarios.

Ello no sólo ha significado desviar cantidades ingentes de recursos hacia el segmento financiero de la economía; en paralelo, como quiera que una parte del ahorro de la población se ha canalizado en esa dirección a través de las instituciones que lo gestionan, quedaba expuesto, además, a los vaivenes propios de mercados con un perfil marcadamente especulativo.

En segundo lugar, premiando (estimulando) a los ejecutivos y a los accionistas, no sólo de los establecimientos estrictamente financieros, de modo que sus decisiones se encaminen a aumentar el valor de la empresa en términos accionariales. Conseguir un alto valor en bolsa de la firma se ha convertido en el objetivo central de los gestores, en cuyo caso los accionistas y los directivos recibían cuantiosas remuneraciones, en forma de dividendos y stock options, entre otras.

En tercer lugar, abriendo nuevos espacios a la intervención de los mercados. Si antes el principio de cohesión social exigía el inexcusable compromiso de lo público, ahora, cada vez más, prevalece el criterio de que los equilibrios sociales los debe proporcionar el mercado, crecientemente sometido a la lógica financiera.

Naturalmente, dado que “el campo de juego” en el que se desenvuelven las personas y los colectivos, lejos de ser plano, está muy desnivelado, los costes y las oportunidades que ofrece ese mercado se distribuyen de manera muy desigual.

En cuarto lugar, hemos conocido la expansión de un segmento del mercado considerablemente opaco, que permanece fuera del control de los estados nacionales y, por supuesto, de las autoridades comunitarias. En esos mercados operan lobbies con recursos y poder suficientes para condicionar e hipotecar las políticas económicas nacionales.

Las “manos visibles” del mercado, los ganadores del casino, apuestan por un capitalismo con instituciones débiles, que contribuyan a consolidar el “campo de juego” que más conviene a sus negocios. Nada más alejado de los postulados de cohesión social y de control democrático que en teoría encarna el proyecto europeo.

Así pues, la “anomalía” financiera no constituye un fenómeno ajeno, externo, al proyecto comunitario, importado de Estados Unidos, sino que está presente en la dinámica europea. Por esa razón, el análisis de las perturbaciones financieras entra en el corazón del debate, mucho más amplio, de la Europa que queremos y de las estrategias de desarrollo sostenibles que deben alimentar este proyecto.

Dicho debate por supuesto no se cierra –mejor dicho, se cierra, equivocada o interesadamente, en falso- con el “hallazgo” de que la intervención del Estado es tan urgente como necesaria. En otras palabras, ni el proyecto europeo, ni su vertiente social, quedan legitimados ni tampoco reforzados por el hecho de asistir a una masiva intervención de los Estados nacionales destinada a evitar el colapso económico.

Más bien al contrario, la mínima coordinación de los planes de rescate, la privilegiada posición de buena parte de los grupos receptores de los recursos públicos, el escaso control que se ejerce sobre su utilización y su coste social arrojan serias dudas sobre la verdadera naturaleza de la revitalizada presencia de los Estados nacionales.

En este contexto, no es suficiente con apelar, antes y ahora, a Más Europa, apelación que tiene todo su significado si se entra a la cuestión verdaderamente esencial: Qué Europa. La respuesta a este sencillo y atrevido interrogante nos apremia hoy aún más que ayer.

(*) Pedro Chaves es Profesor de Ciencia Política, Universidad Carlos III de Madrid.
Fernando Luengo es investigador en el Instituto Complutense de Estudios Internacionales, Universidad Complutense de Madrid.

La absurda salvación por el consumo / José Manuel Naredo *

En los últimos tiempos se viene afirmando que la “salida de la crisis” exige un relanzamiento masivo del consumo. Siguiendo este objetivo se han hecho insistentes llamadas y se han aplicado medidas para conseguirlo. Sin embargo, este empeño de relanzar el consumo hace aflorar las inconsistencias propias de los enfoques habituales.

En primer lugar subraya errores de diagnóstico. No me cansaré de insistir en que la crisis actual no procede de una debilidad del consumo, sino del pinchazo de una enorme burbuja inmobiliario-financiera, siendo la caída del consumo la consecuencia última de este pinchazo.

Al igual que las revalorizaciones patrimoniales incentivaron el consumo durante el auge a través del llamado “efecto riqueza”, ahora lo deprimen durante el declive. Pues mientras la caída de las cotizaciones bursátiles e inmobiliarias ha recortado la riqueza de los hogares, su endeudamiento permanece y sus obligaciones de pago se hacen más gravosas con la reducción de la actividad económica y el aumento del paro.

Cuando la tasa de endeudamiento de los hogares españoles respecto a su renta disponible supera a la de los principales países de nuestro entorno y sus salarios y pensiones son muy inferiores, resulta absurdo apelar al voluntarismo consumista para “salir de la crisis”.

La magnitud del efecto depresivo antes apuntado sobre el consumo deja pequeñas las medidas de apoyo hasta hora practicadas. Por ejemplo, la deprimida economía de los hogares ha engullido sin resultados visibles los 400 euros regalados por Zapatero o los entre 600 y 1.200 dólares regalados por Bush a los contribuyentes en 2008.

Pero más absurdo resulta que, tras tanto predicar que es la “soberanía del consumidor” la que guía el funcionamiento de la máquina económica hacia la utilidad y el bienestar de la gente, ahora se quiera forzar a ese consumidor supuestamente soberano a que se sacrifique consumiendo para que el pulso de la coyuntura económica no decaiga.

De pronto se evidencia que el consumidor, lejos de ser el rey a cuyo servicio se encuentra la máquina económica, es un componente más en sus engranajes al que se le pide que colabore estirando su precaria economía para que el ritmo ciego de acumulación de capital no decaiga, dejando claro que es el lucro y no el consumidor la verdadera meta del sistema.

El mensaje consumista se adereza a veces con metas altruistas. Se dice que qué va a ser de los trabajadores del automóvil si no seguimos comprando nuevos coches, aunque ya no quepan casi en las calles; qué va a ser de los inmigrantes que trabajaban en la construcción si no seguimos comprando viviendas, aunque España sea ya el país con más viviendas per cápita de toda Europa y estén en buena parte vacías…

Todo esto muestra la naturaleza perversa del sistema ya ideado por Adam Smith en La riqueza de las naciones (1776). Pues cuando señala las ventajas de la división del trabajo en una fábrica de alfileres, se congratula del considerable aumento en la producción que puede lograrse, en vez de preguntarse si necesitamos tantos alfileres o si no sería mejor reducir el tiempo de trabajo para seguir obteniendo los mismos que antes.

Al ser la finalidad el lucro empresarial y no la satisfacción de la gente, se ha tratado siempre de forzar la producción (y el consumo) y no de recortar el trabajo penoso, haciendo que los inventos ahorradores de trabajo acentúen la dicotomía entre trabajo y paro, en vez de ampliar el tiempo libre y el disfrute de la vida, como hubiera sido deseable para la mayoría.

(*) José Manuel Naredo es Economista y estadístico

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Malas noticias de América / Lorenzo Bernaldo de Quirós

El 'Plan Obama', el mayor aumento del gasto y del déficit público realizado en los EE.UU. desde la Segunda Guerra Mundial, ha sido recibido con un extraordinario escepticismo. Las bolsas han reaccionado a la baja al igual que lo han hecho ante el anuncio del Secretario del Tesoro mostrando su disposición a nacionalizar los bancos al borde de la quiebra.

Las esperanzas de que la nueva administración demócrata sacase al país de la crisis no han desaparecido pero sí se debilitan a velocidad de vértigo. Sin duda, los EE.UU. saldrán adelante y, quizá, con más fuerza que antes porque la recesión limpiará la economía y quedarán en pié los fuertes; singular homenaje a Darwin en su centenario.

¿Por qué el escepticismo? En primer lugar, porque el grueso de las ayudas y de las bajadas de impuestos no se introducirán en 2009 y 2010 sino a partir de esos dos años. En consecuencia, las familias, las empresas y los mercados saben que el paquete de medidas no se aplicará en los dos años peores y más duros de la recesión.

En segundo lugar, porque América tiene ya un descomunal déficit público. Aumentarle más sólo sirve para tener que pagar impuestos mayores en el futuro. En este escenario, el gasto público deprime el consumo y la inversión privada ya que las familias y las empresas ahorran para pagar sus deudas privadas y las del Estado.

El escepticismo sube de tono si se analiza la situación financiera. La crisis bancaria no sólo no ha terminado sino que se agudiza más. Los llamados activos tóxicos crecen exponencialmente y la destrucción de riqueza financiera e inmobiliaria de los hogares -el valor de los pisos y de las acciones ha caído en picado- hace que la morosidad aumente y los problemas bancarios lo hagan también. En EE.UU. nadie se atreve a pronosticar cuándo tocará suelo la crisis y cuánto costará a los contribuyentes.

Esto introduce incertidumbre, la gente no pide créditos y unos bancos acogotados con el panorama, tampoco se los dan. Lo peor de todo es que la crisis se ha extendido al resto del mundo. La bajada del precio del petróleo ha hecho perder mucha plata a los petro-estados. China se desacelera a marchas forzadas y empieza a tener problemas. Japón ha vuelto a la deflación/recesión. Europa está hecha unos zorros. América Latina va hacia la recesión...

Nadie puede tirar de la economía global, lo que, para bien o para mal, muestra la importancia para el mundo, su dependencia de la economía americana. Los grandes países emergentes, por ejemplo China, no han podido desligarse de la crisis americana. El Celeste Imperio no es aún una alternativa a la hegemonía económica yanqui.

La industria, fatal protagonista / Carmen Tomás

Falta apenas un mes para que los últimos vaticinios del presidente del Gobierno se cumplan o no. El presidente del Gobierno en su afán insensato por vendernos una mejora en la situación del empleo se aferró no hace mucho a la idea de que marzo supondría una inflexión en la destrucción de empleo en nuestro país. Nada hace pensar que el pronóstico se cumpla y más viendo que febrero de nuevo ha supuesto una sangría para el empleo en nuestro país. Otros casi 150.000 trabajadores se han ido al paro y la Seguridad Social ha perdido 70.000 afiliados.

Desgraciadamente no va a acertar el presidente y tampoco lo ha hecho el ministro de Industria quien nos aseguró que sería ese sector precisamente el que tomaría el relevo de la construcción. No ha sido así ni en empleo ni en afiliaciones. Las cifras en términos anuales son sangrantes y nada hace pensar que la situación vaya a cambiar. Más bien al contrario cada previsión nueva que se hace es peor. Ya nadie duda de que en 2009, España tendrá más de cinco millones de parados y que las tasas sobre población activa volverán a años que creíamos ya superados.

Entretanto, el Gobierno sigue sin hacer nada para dar un vuelco a estas cifras. La falta de ideas y sobre todo de un plan global es lo que más preocupa. Las nuevas ideas puestas encima de la mesa por el ministro de Trabajo y que parece aprobará el Gobierno este viernes siguen empeñadas en hablar de subsidios y no de medidas destinadas a la creación de empleo o, al menos, a su no destrucción. El famoso Plan E es un auténtico gasto de dinero improductivo que aunque mejorara las cifras sería una cuestión meramente circunstancial.

El Gobierno está absolutamente desbordado y no cabe duda de que los resultados de las elecciones celebradas el domingo así lo certifican. La sensación es que Zapatero no quiere abordar las reformas necesarias. Veremos si a partir de este varapalo en las urnas se piensa algunas como la de reducir gastos y congelar sueldos para poder afrontar una reducción de impuestos que anime el consumo y la inversión y de algo de confianza. Habremos perdido año y medio, pero ni un día más.

Cautivos de la crisis / Antonio Casado

Sigue bajando la inversión, sigue bajando el consumo. Los motores del sistema, parados. Es lógico que bajen también los precios de bienes y servicios, incluidos los del petróleo, de la gasolina. Y del dinero mismo.

O sea, de las hipotecas, que es tal vez la única buena noticia entre tantas noticias desalentadoras sobre la marcha de la economía nacional. Y ninguna tan mala como la de esos casi tres y medio millones de españoles activos en paro, de los que una tercera parte ya no perciben ningún tipo de prestación por desempleo.

Son los números de la crisis. Apenas sirven para recrearnos en la morbosa descripción de los síntomas o, en su caso, para practicar el tiro al blanco contra el Gobierno y, en particular, contra el presidente Zapatero. Pero el diagnóstico no cambia. Las coordenadas siguen siendo las mismas: un contexto económico mundial en fase depresiva y una profunda crisis de confianza en las instituciones del sistema de libre mercado. La Banca, en general. El crédito, en particular.

La integración de la economía española en esas coordenadas deja un escasísimo margen de maniobra a nuestras autoridades, por no decir nulo, a la hora de tomar medidas orientadas a salir del bache. Lo que se le pueda ocurrir a Zapatero, o a cualquier otro presidente que ocupase ahora la Moncloa, es como dedicarse a tapar hoyos a puñados de arena en el desierto. O como orinar en las cataratas del Niágara.

Naturalmente que hay elementos endógenos, propios, no causados por las hipotecas basura de EE. UU., la quiebra de grandes instituciones financieras internacionales o, en general, las malas prácticas de estos últimos años. Son los consabidos fallos de nuestro modelo de crecimiento en estos últimos años. A saber: peso excesivo de la construcción, rigidez del mercado laboral, falta de competitividad, escaso peso de las nuevas tecnologías en el sistema, una reforma fiscal pendiente, etc.

Pero ninguno de esos elementos nacionales, solos ni combinados, son causantes de la parte de crisis internacional que nos está amargando la vida. Por tanto, una eficaz actuación sobre todos y cada uno de ellos, por muy diligente que fuera -no son problemas que se arreglen de hoy para mañana-, no serviría para cambiar el signo de la crisis, si el cambio no se produce a escala mundial. Dígase por derecho: de la crisis económica nacional saldremos cuando se salga de la crisis internacional.

Y mientras tanto, eso sí, podemos entretenernos con debates de menor cuantía sobre el voluntarismo de Zapatero o los efectos de los planes del Gobierno. En el Consejo de Ministros de este viernes, 6 de marzo, por cierto, habrá nueva entrega de medidas contra el paro. Todo ello envuelto en el consabido camuflaje semántico de Moncloa para anestesiar a la opinión pública y seguir retrasando el ruido de cacerolas. O sea, el estallido del malestar social, en forma de manifestaciones populares o la temida huelga generalizada.