BARCELONA.- El déficit fiscal de Cataluña ascendió a 13.832 millones de promedio entre 2002 y 2005, cantidad que equivale el 9% del PIB. Así lo diagnostica el informe elaborado por un grupo de 13 expertos a petición del conseller de Economía y Finanzas, Antoni Castells, y que se hizo público anoche.
El propio Castells declaró, tras la presentación de este informe, que el déficit fiscal catalán es "excesivo", aunque aseguró que no hay que vincular estas cifras con la negociación del nuevo modelo de financiación para Cataluña.
Los expertos han utilizado dos metodologías existentes para calcular el déficit fiscal de Cataluña en relación al Estado. Así, desde el enfoque del "flujo monetario" --que atribuye el gasto público a la región en que efectivamente se desarrolla--, el déficit se situó en un promedio de 13.832 millones, que equivale al 9% del PIB, y que significa que, del total de los ingresos que aportaron los catalanes a la Administración General del Estado (AGE), el 32,8% no regresaron a Cataluña.
La otra perspectiva es la del "flujo del beneficio", que asigna el gasto a la región donde reside el beneficiario, independientemente de donde ser realice de forma efectiva, lo que significaría que los gastos de los ministerios centrales se distribuyen entre todas las comunidades autónomas, porque se presupone que el sector público beneficia por igual a todos los españoles.
Según este segundo método de cálculo, el déficit fiscal entre 2002 y 2005 sería de 10.206 millones de euros anuales, que equivale al 6,6% del PIB, hecho que significa que el 24,5% de los ingresos que aportaron los catalanes no regresaron a Cataluña.
El estudio debía analizar también la balanza correspondiente al año 2006, aunque la Intervención General del Estado no facilitó los datos correspondientes porque aún no están territorializados, aseguraron hoy los responsables del Estudio.
El conseller también restó importancia al hecho de que estas cifras se hagan públicas una semana antes de que el Gobierno central anuncie sus cálculos, ya que el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se comprometió a hacerlo el 15 de julio.
Los datos ponen de manifiesto que, año tras año, el déficit fiscal aumenta. Concretamente, según la perspectiva del "flujo monetario", en 2002 el déficit fiscal catalán se situó en los 12.674 millones de euros --el 9,2% del PIB--, mientras que en 2003 esta cifra se elevó a 12.471 millones de euros --8,5% del PIB--, y en 2004, a 13.448 millones de euros --8,5% del PIB--
En el último año analizado, el 2005, el déficit fiscal se incrementó, algo que una de las expertas que participa en el estudio, la catedrática de Hacienda Pública Núria Bosch, atribuyó a la coyuntura macroeconómica y al hecho que se incrementaron notablemente los ingresos del Estado, mientras que el gasto se mantuvo estable.
Por todo ello, el déficit fiscal catalán se situó en los 16.735 euros en 2005, el 9,8% del PIB, que significa que el 35,5% de los ingresos que el Estado obtuvo procedentes de Cataluña no revertieron en territorio catalán.
En cambio, desde la otra perspectiva, "el flujo del beneficio", el déficit fiscal es menor. Así, en 2002 se situó en los 9.220 millones de euros --6,7% del PIB--, en 2003 en los 9.020 millones euros --6,1% del PIB--, en 2004 en los 9.957 millones euros --6,3% del PIB--, y en 2005 en los 12.629 millones euros --7,4% del PIB--.
Durante estos años, y según este segundo método de cálculo, el porcentaje de los ingresos del Estado procedentes de Cataluña que no se tradujeron en gasto público en el territorio catalán oscilaron entre el 22,7% de diferencia que se registró en 2003 y el 27,2% del 2005.
Castells defendió la validez de los dos sistemas de cálculo, y dijo que es "muy poco fructífera la discusión" entre un sistema contra el otro "al que algunos se prestan".
El conseller declaró que lo importante de ambos datos es que "confirman la importancia del déficit fiscal de Cataluña", lo que es "incuestionable", y ratifica los cálculos que el mismo grupo de expertos había hecho en 2005, cuando analizaron el déficit fiscal catalán entre 1986 y 2001.
Según aquel primer estudio, el déficit fiscal de Cataluña entre 1986 y 2001 se situaba en un promedio anual del 7,6% del PIB, aunque ambos datos no se pueden comparar, puesto que se utilizan diferentes métodos de cálculo y se basan en años base distintos.
En el último año que se analizó entonces, el 2001, el déficit fiscal catalán se situó en los 11.307 millones de euros, el 9,2% del PIB catalán, lo que significaba que cada catalán destinaba a la solidaridad con el resto de España un promedio de casi 1.800 euros anuales.
Entonces, el grupo de expertos aseguró que el modelo de financiación autonómica y que aún sigue vigente --consensuado en 2001 con el Gobierno del PP, y que contó con el apoyo del Ejecutivo catalán, entonces en manos de CiU-- no ha logrado corregir "sustancialmente" este saldo negativo para Cataluña.
El conseller Castells reiteró que hay que desvincular el debate sobre el nuevo modelo de financiación autonómica de las balanzas fiscales.
En este sentido, afirmó que en el modelo de financiación hay dos grandes cuestiones sobre la mesa: el déficit fiscal y el gasto directo que hace el Estado en Cataluña. Castells dijo que, a medida que se incrementan las inversiones del Estado en Cataluña --en parte por la disposición adicional tercera del Estatut--, se logrará reducir el déficit fiscal, pero ello aún no se refleja en los datos del año 2005.
Dijo que estas cifras serán las de "referencia" por el Gobierno catalán, y señaló que esta misma tarde enviará el informe a los miembros del Ejecutivo, a los grupos parlamentarios de Cataluña, y también al vicepresidente económico, Pedro Solbes.
Para Castells, el informe "confirma la importancia del déficit fiscal" en Cataluña, y además, desmiente las descalificaciones de "quienes dicen que Cataluña es insolidaria". "Reclamar una solidaridad justa no quiere decir ser insolidarios", y "Cataluña es solidaria, los datos lo dejan bastante claro", señaló Castells, quien apreció que estos datos ilustran que el déficit fiscal de Cataluña es "excesivo".
El grupo de expertos, que fue el mismo que hizo el estudio en el año 2005, está formado por los catedráticos de Hacienda Pública Núria Bosch, Joaquim Solé Vilanova y Joan Francesc Corona; los profesores de Hacienda Pública Marta Espasa, Maite Vilala y Joan Carles Costas; los catedráticos de Economía Guillem López y Xavier Sala Martín; el profesor de Teoría Económica Ramon Tremosa; el ex conseller de Sanidad y experto en economía de la salud Eduard Rius; el director del gabinete de estudios económicos de la Cámara de Comercio de Barcelona, Joan Ramon Rovira; el economista Matías Vives y el catedrático de Teoria Económica, Antoni Zabalza.
