La negociación entre demócratas y republicanos, a contrareloj, se centra en la cuantía del plan de rescate, su destino final (el sector financiero o el conjunto de los ciudadanos), su coste para los contribuyentes y los mecanismos de control para evitar desmanes.
La intención, aparentemente compartida, es llegar a algún tipo de acuerdo antes de que abran los mercados asiáticos y votar mañana antes de la celebración del año nuevo judío. Pero la lucha no estará terminada hasta que sea enviado al Despacho Oval y rubricado por el comandante en jefe, porque desde el ala conservadora se quiere reducir al máximo la intervención con dinero público.
El texto original del plan ha ido creciendo de forma exponencial en la última semana, de las tres páginas iniciales a más de un centenar. En el parqué lo ven ya como una gran salchicha: nadie quiere saber cómo se hace, si al final le gusta a todos. Y es al consensuar los detalles, línea a línea, donde se encuentran la dificultad de una negociación que rota sobre cinco pilares:
- Montante: el Tesoro, con el respaldo de la Reserva Federal, pide autorización para poder movilizar hasta 700.000 millones de dólares (479.000 millones de euros) para comprar a los bancos activos contaminados por las hipotecas basura, y tenerlos fuera de sus balances hasta que vuelva la normalidad al mercado.
Los demócratas propusieron concederlos de forma gradual, poniendo 250.000 millones a disposición inmediata del Tesoro, y dejando otros 100.000 millones listos para movilizar si los solicita la Casa Blanca. Los 350.000 millones restantes estarían sujetos a una autorización posterior en mayo.
Los republicanos no quieren dar un cheque en blanco para pagar los abusos de los banqueros. Para proteger al contribuyente propusieron un programa para asegurar la hipotecas tóxicas que están mermando los balances y dar incentivos fiscales a las empresas para sanear la economía.
Las negociaciones de última hora apuntaban a que la idea de asegurar los activos tocados podría ser aceptada como una opción alternativa. A esa opción podrían acudir los bancos que lo desearan.
- Compensación a ejecutivos: existe un acuedo, aceptado por el Tesoro, para limitar los sueldos y compensaciones de los ejecutivos de entidades que participen en el plan. La dificultad está en establecer a partir de que momento se aplica esta medida, que estaría basado sobre la noción del "riesgo excesivo" que asumieron a la hora de gestionar las inversiones.
- Retornos: los legisladores están de acuerdo en que si se moviliza dinero público, el contribuyente debe tener algún tipo de retorno si los bancos participantes obtienen beneficios fruto del rescate. Para ello está sobre la mesa la idea de que el Tesoro tenga una participación en el capital de las entidades que acudan en su ayuda y que ese dinero vaya a reducir la deuda.
- Ayuda a propietarios: los demócratas quieren que el plan de rescate no mire solo al sector financiero, al que señalan como responsable de esta crisis. Y proponen incluir medidas para dar un balón de oxígeno a los propietarios que se están topando con dificultades para preservar sus viviendas. Para ello se quiere introducir una modificación en la legislación para que se puedan cambiar los términos de las hipotecas con riesgo de desahucio. Además buscan que parte de los beneficios generados por el plan nutran un fondo para promover viviendas a un precio asequible, una iniciativa que irrita a los republicanos.
- Supervisión: el plan original otorgaba al secretario del Tesoro, Henry Paulson, poderes sin precedentes para manejar esa suma masiva de dinero público. Pero en las dos alas del Capitolio quieren estar seguros de que el dinero del contribuyente se usará de la forma adecuada y que el plan funcionará. Para darle transparencia se quieren crear dos comités de supervisión independientes, que pueda intervenir en el proceso en caso de que no se consigan los objetivos.
El presidente Bush se mostró ayer confiado en que habrá un acuerdo "pronto" y aseguró que el dinero empezará a recuperarse conforme el mercado vuelva a la normalidad. Todo indica que el corazón de las demandas del Tesoro serán tenidas en cuenta en el diseño del plan por parte del legislativo. Y si se acomodan las peticiones republicanas, se crearía un sistema híbrido que permitiría reducir el desembolso con fondos públicos.
"Esperamos poder anunciar mañana algún tipo de acuerdo de principio", dijo ayer el demócrata Harry Reid, que reconoció que el Congreso no puede permitirse más tiempo enfrascado en la negociación. El republicano Judd Gregg aseguró, por su parte, que se están haciendo progresos "significativos" a la hora de limar las asperezas de la propuesta en la decena de puntos abiertos.
Pero el trabajo no concluye con el documento, y el éxito o coste final del plan dependerá de cómo el Departamento del Tesoro lo ejecute. En caso de que se autorice la compra de activos tóxicos, la clave estará en el precio que se ponga a ese crédito contaminado del que quieren desprenderse los bancos y si verdaderamente se podrá recuperar parte de la inversión del Tío Sam.
No son pocos los analistas que dudan de su efectividad, porque advierten de que es muy difícil colocar esos activos sin liquidez en el mercado si no se determina bien su valor. Otros críticos opinan que ni la Administración Bush ni el Congreso están atajando el verdadero problema de la crisis actual, que está en la pérdida de valor de la vivienda y por eso la acción debe dirigirse a los hogares.
También hay frustración en la calle. Quizá por ello, en un intento por rebajar el escepticismo generalizado, el presidente George Bush, en su mensaje radiofónico semanal a la nación, dijo que este "esfuerzo" no está dirigido sólo a Wall Street, si no "a la calle".
