KIEV.- Una fuente anónima del Servicio de Seguridad ucraniano (SBU) ha revelado a la agencia pública de noticias Ukrinform que el asesinato este martes en Moscú del teniente general ruso Ígor Kirílov ha sido una operación especial llevada a cabo por este servicio secreto. Kirílov era el jefe de la defensa radiológica, química y biológica de Rusia.
El propio SBU había declarado un día antes a Kirílov sospechoso de crímenes de guerra por haber ordenado el uso de armas químicas contra el Ejército ucraniano en el frente.
Según la investigación publicada este lunes por el servicio secreto ucraniano, se han documentado más de 4.800 casos en los que las fuerzas rusas utilizaron, por orden de este militar, armas químicas prohibidas en los frentes este y sur de Ucrania.
«En particular hablamos de granadas de combate K-1, que están equipadas con irritantes tóxicos», afirma el comunicado del SBU, destacando que el uso de estas sustancias está prohibido por la legislación internacional.
Cuando estas granadas con carga química se activan, sus componentes tóxicos afectan a las membranas mucosas, especialmente en los ojos y vías respiratorias.
El comunicado del SBU revela que más de 2.000 militares ucranianos han sufrido los efectos del armamento químico utilizado por Rusia.
Según explican, las fuerzas del Kremlin lanzan las sustancias tóxicas con drones contra las defensas ucranianas para obligar a las tropas de Kiev a abandonar sus posiciones.
No es la primera vez que Kiev reivindica de forma directa o indirecta atentados en territorio ruso o en las zonas ocupadas por Rusia contra militares y otras figuras rusas implicadas en la agresión militar contra Ucrania.
Estos ataques selectivos buscan debilitar la capacidad bélica y la moral de las tropas invasoras.
El empleo de armas químicas en conflictos armados constituye una grave violación de los tratados internacionales, como la Convención sobre Armas Químicas de 1993, de la que tanto Rusia como Ucrania son Estados Parte.
Estas armas causan sufrimientos innecesarios y daños indiscriminados, por lo que la comunidad internacional condena enérgicamente su uso.
Desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022, ambas partes se han acusado mutuamente de cometer crímenes de guerra y violaciones del derecho internacional humanitario.
Mientras Kiev denuncia ataques indiscriminados contra civiles y el uso de armas prohibidas, Moscú acusa a las fuerzas ucranianas de utilizar a la población como escudos humanos y de atacar infraestructuras civiles en las zonas controladas por Rusia.
Organizaciones internacionales como la ONU y el Comité Internacional de la Cruz Roja han instado reiteradamente a todas las partes a respetar el derecho internacional humanitario, proteger a los civiles y garantizar el acceso de la ayuda humanitaria.
Asimismo, se han abierto investigaciones para documentar y juzgar posibles crímenes de guerra cometidos en este conflicto.
