El debate sobre el estado de la Nación se centró, como no podía ser de otra manera, en la economía. En medio de una recesión de las de caballo y con el paro creciendo a una velocidad de vértigo, Zapatero y Rajoy se enzarzaron en acusaciones y exculpaciones sobre la responsabilidad de la crisis. El líder socialista achacó la dureza de la crisis a la coyuntura económico-financiera internacional y al desplome de la burbuja inmobiliaria.El del PP al Gobierno que habría minusvalorado la intensidad del ajuste y habría aplicado una política económica inadecuada para combatirla y salir de ella con rapidez. En este contexto, el Sr. Rodríguez Zapatero ofreció más de lo mismo, gasto público, e introdujo una novedad: su apuesta por la denominada economía sostenible y del conocimiento. El gobierno cree saber cuáles son los sectores de "futuro" y está dispuesto a apoyarlos con subvenciones y ventajas fiscales.
La nueva-vieja estrategia económica del Gabinete socialista no sirve para sacar a España del hoyo, valga el casticismo, sino para agudizar la recesión y retrasar la reactivación. Es evidente que la brutal expansión del gasto público no ha tenido impacto positivo alguno sobre la economía.
En este sentido persistir en cebar la bomba del gasto sólo conduce a generar un déficit público descomunal que será financiado bien con subidas de impuestos bien captando recursos del mercado de crédito lo que reducirá y encarecerá los disponibles para el consumo y la inversión de las familias y de las empresas. Con una restricción crediticia como la actual, las necesidades financieras del sector público terminarán por asfixiar al privado.
Por otra parte, la profunda recesión económica y las expectativas de un bajo crecimiento en los próximos años unidas al descomunal endeudamiento de los hogares, de las empresas y de las administraciones hará que los mercados financieros tengan dudas crecientes sobre la solvencia, esto es, sobre la capacidad de la economía española de hacer frente a sus deudas. En este caso, los flujos crediticios a España podrían caer de modo sustancial creando un problema enorme: una crisis fiscal del Estado de corte sudamericano. Este es un riesgo real.
El panorama se oscurece todavía más con la decisión gubernamental de planificar desde el poder el mapa empresarial del país. Nadie es capaz de explicar por qué los políticos y los burócratas tienen mayor capacidad que los empresarios y los consumidores para saber cuales son los sectores y las industrias del futuro. Esto conducirá a derrochar el dinero de los contribuyentes en actividades de dudosa rentabilidad.
La experiencia demuestra que el Estado ha fracasado siempre que ha intentado sustituir al mercado en la configuración de la estructura empresarial del país. Así pues, la nueva economía verde y sostenible sustentada en subvenciones estatales se convertirá en algo muy parecido a los viejos dinosaurios industriales del pasado. Eso sí, a mayor gloria de los beneficiarios del maná estatal.
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