
España es el segundo país de la Unión Europea con mayor porcentaje de población en riesgo de pobreza. Las 800.000 familias que según el INE vivían bajo el umbral de pobreza ya deben superar el millón. Somos el país del euro donde más cae el consumo y más sube el gasto público.
El déficit, sólo en las comunidades autónomas se ha multiplicado por 30 en un solo año. Las exportaciones caen por primera vez en veinte años. Podemos seguir y será difícil encontrar una razón que justifique el optimismo gubernamental o el escaso trabajo -fotos al margen- para cambiar esa dinámica.
¿Podemos tener un debate sereno sobre qué hacer para crear empleo y riqueza, apartando los partidismos? Deberíamos, pero no parece fácil. El Gobierno está empeñado en conseguir que los parados, muchos de los cuales se van a quedar sin subsidio en breve, no estén condenados a la marginalidad y pide a las autonomías que contribuyan a financiar el pago de una renta mínima de reinserción a estos ciudadanos.
Es una medida socialmente comprensible pero para la que no hay fondos. Y, además, bien está apoyar a los que se quedan sin empleo, pero habría que hacer mucho más para evitar que los que tienen trabajo, no lo pierdan.
Algo tendrían que decir los sindicatos, ciegos, sordos y mudos ante el problema. Algo tendría que hacer el INEM, que en 2008 tan sólo realizó el 2 por ciento de las colocaciones efectuadas, porque sus mecanismos y su burocracia no sirven.
O lo cerramos o lo cambiamos. Habría que pensar si iniciativas como la de la Generalitat catalana de redefinir la renta mínima de reinserción y vincularla a la búsqueda activa de empleo al termino del subsidio -con el compromiso de aceptar "cualquier oferta" laboral o de formación- son eficaces.
O si es bueno pagar esa renta a los parados de larga duración durante seis meses y que luego estén otros seis en el paro, como se pretende en Castilla-La Mancha.
Hacer una política de empleo inteligente o seguir como estamos primando el desempleo.
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