viernes, 11 de enero de 2019

El Banco de Italia defiende la intervención pública si el sistema está en riesgo

ROMA.- El gobernador del Banco de Italia, Ignazio Visco, defendió hoy la intervención pública en los bancos que puedan poner en riesgo el entero sistema y opinó que "la vigilancia reduce la posibilidad de que se produzcan episodios de inestabilidad pero no los evita por completo". 

"Los costes económicos y sociales derivados de los fenómenos de inestabilidad financiera se han hecho evidentes" en los últimos tiempos, subrayó Visco en un encuentro en Roma.
Estos costes, prosiguió, han llevado a considerar "desde otro punto de vista la posibilidad de intervenir públicamente no solo en casos de bancos sin liquidez, sino también en los que potencialmente pueden poner en riesgo el funcionamiento del sistema en su complejidad".
Señaló que "se necesitan instrumentos adecuados y procedimientos bien definidos que, en el nuevo contexto de regulación europea, permitan intervenir de forma rápida y eficaz en las situaciones de crisis, limitando las consecuencias para el tejido económico".
Además, advirtió del riesgo de confiar incondicionalmente "en la capacidad de corrección de los mercados financieros" porque esto llevó "en los años noventa a pensar que se había reducido el riesgo de inestabilidad" y "la crisis financiera mundial ha demostrado de forma traumática que esta era una percepción errónea".
El Gobierno italiano aprobó esta semana un decreto ley con el que ofrece al banco italiano Carige la garantía estatal ante futuras emisiones de obligaciones o una posible recapitalización cautelar con dinero público.
El banco fue intervenido el 2 de enero por el BCE, después de que no consiguiera aprobar una ampliación de capital de 400 millones de euros y la emisión de bonos por valor de 320 millones de euros, un fracaso que derivó en la posterior dimisión de la mayoría de sus directivos.
Los tres administradores nombrados por el BCE que gestionan Carige dijeron recientemente que solicitarán la garantía estatal para la emisión de bonos pero no la recapitalización cautelar, un procedimiento admitido por la normativa europea y por el que optó la administración anterior del Partido Demócrata (PD, centroizquierda) en 2017 para el Monte dei Paschi di Siena.

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