PARÍS.- La polémica reforma de las pensiones impulsada por el presidente francés, Emmanuel Macron, ha llegado este lunes al Parlamento tras dos meses de huelgas y convertida en uno de los asuntos que fagocita la política del país.
La propuesta, con la que el Ejecutivo pretende instaurar un sistema universal,
llega tras nueve jornadas de manifestaciones en su contra desde el
pasado 5 de diciembre, y en vísperas de la décima, convocada para el
próximo jueves, síntoma de la oposición que despierta entre los
sindicatos.
Si las huelgas de diciembre lograron paralizar en parte el país por
el amplio seguimiento en los transportes públicos, sobre todo en los de
París, el movimiento fue perdiendo fuerza a medida que los sindicatos menos radicales entablaron negociaciones con el Gobierno.
Las discusiones, centradas en la edad mínima de jubilación y en la financiación de las pensiones, se desarrollarán en paralelo en una conferencia que reunirá a partir de este martes a sindicatos y patronal.
En ella, los interlocutores sociales han recibido el encargo del
Gobierno de encontrar una fórmula para que el sistema tenga déficit cero
en 2027. El Ejecutivo había propuesto para ello crear una “edad de referencia” de la jubilación, que fijó en los 64 años, antes de los cuales un trabajador perdería parte de su pensión si decide poner fin a su vida laboral.
Esa idea fue finalmente retirada ante el rechazo en bloque que
despertó en los sindicatos, que ahora tendrán que buscar otra fórmula
para equilibrar el sistema.
Mientras, en la Asamblea Nacional los diputados afrontarán el eje central de la medida, que consiste en eliminar los regímenes especiales que en la actualidad tienen sectores como los ferroviarios, que pueden jubilarse antes que el resto de los trabajadores.
El Gobierno, que cuenta en la cámara baja con una amplia mayoría, se topará con la oposición de una izquierda que se esfuerza en retrasar la aprobación de la reforma.
Para ello, en la primera jornada presentaron una moción para que el
texto sea adoptado por referéndum, propuesta que no tiene visos de
progresar pero que demora el debate.
Lo mismo que las más de 41.000 enmiendas presentadas, que dificultan
el calendario del Ejecutivo, que pretende que la reforma sea aprobada,
en primera lectura, antes de las municipales de mediados de marzo, para
minimizar el impacto electoral.
Frente a ello, el Gobierno se plantea aprobar la reforma por
decreto, lo que reduciría los plazos pero enturbiaría la imagen
dialogante del Ejecutivo. El presidente Macron expresó la
semana pasada su deseo de que la reforma quede aprobada antes de verano
para dar por finalizada la primera parte de su mandato y dedicar los dos
años siguientes a proyectos menos impopulares, como la ley de
dependencia.
