HONG-KONG.- Con la pandemia de coronavirus casi zanjada dentro de sus fronteras -así lo afirman las cifras oficiales-, China se enfrenta ahora a otro “brote”: el desempleo derivado del parón económico al que el virus sometió al país asiático.
Mientras que en 2019 la tasa oficial de desempleo urbano nunca superó el 5,3 % también registrado el pasado enero, el indicador saltó al 6,2 % (máximo histórico) en febrero,
mes en el que las autoridades prorrogaron las vacaciones del Año Nuevo
chino como medio de prevenir la propagación del virus y cuando el
impacto en comercios y empresas comenzó a hacerse patente.
Fue en ese momento cuando al corpulento señor Li, 36 años, casado,
padre de una niña y con una casa recién comprada, le comunicaron que su
sueldo en una empresa de gestión de guarderías se quedaría en el 70 %
del salario mínimo estipulado para Pekín, que en su totalidad suma 2.200
yuanes (309 dólares o 286 euros).
Al mes siguiente, en marzo, el dato del paro urbano mejoró
ligeramente, con un 5,9 %, aunque en abril volvió a subir, esta vez al 6
%. Y ese mismo abril, al señor Li -con las guarderías cerradas desde
enero- le liquidaron sin liquidación.
“No me dieron ni finiquito”, relata a las puertas de una de las
oficinas de arbitraje laboral de Pekín. Una vez se puso a revisar los
números, las noticias no fueron sino a peor.
“La empresa ha estado pagando menos por mis prestaciones sociales de
lo que le correspondía legalmente. También han abonado menos de lo
debido en mi fondo de compra de vivienda”, apunta, en referencia al
mecanismo creado por las autoridades chinas para facilitar la
adquisición de ésta.
El señor Li cree que la triquiñuela más sangrante de todas ha sido
recortarle el sueldo poco antes de echarle, para que les saliera más
barato el despido.
“Quiero resolver el problema y recibir una compensación“,
cuenta, aunque aún ni ha logrado cita previa en el tribunal de
arbitraje, donde a primera hora de la mañana hacen fila varias decenas
de personas afectadas por situaciones similares.
También fuera del edificio, varios abogados laboralistas ofrecen sus
servicios. Y un chino chaparro ha montado una impresora multifunción en
la parrilla de su moto para ganarse las habichuelas proporcionando
fotocopias de documentos a quienes, como la joven Huang, han acudido a
intentar solucionar sus casos.
“¡46 yuanes!”, grita indignada Huang. “¡El último mes me pagaron 46
yuanes!” (equivalentes a poco más de 6 dólares o poco menos de 6 euros).
“Es un insulto. Habría comprendido que me hubieran pagado incluso algo
menos del mínimo interprofesional… pero no eso”.
La pobre Huang tuvo la mala puntería de empezar a trabajar para una
empresa de formación de profesores de música el 26 de diciembre, cuando
los síntomas del coronavirus se expandían entre la población de Wuhan,
la ciudad china donde se detectaron los primeros casos.
De los cuatro meses que trabajó con ellos, solo en dos le pagaron lo
convenido. Y ni rastro de las contribuciones de la empresa a la
seguridad social y el resto de prestaciones.
La mayoría de los casos, cuyo número ha aumentado en los últimos
meses -explican desde un bufete pekinés de abogados-, son como el de
Huang: trabajadores jóvenes a los que las empresas adeudan el sueldo.
En las calles de Pekín, donde la vida ya está casi en los niveles pre-COVID-19, no es raro toparse con tiendas vacías, cerradas, traspasadas. El resultado son situaciones como la de Huang.
En Cantón, en el sur del país, la escena es
distinta. Una de las provincias manufactureras por antonomasia está
asistiendo a la salida de trabajadores migrantes que no logran un empleo
en la antaño imparable industria textil de la zona, ya que los pedidos
del extranjero han caído en picado.
En la llamada “pequeña Hubei” de Cantón capital, parten autobuses
cada día rumbo a la provincia de Hubei para llevar de vuelta a su lugar
natal a cientos de trabajadores migrantes que no encuentran trabajo, no
se pueden permitir los alquileres, no tienen qué coser con sus máquinas.
Algunos talleres de producción de complementos para teléfonos móviles
se han reconvertido en fabricantes de mascarillas y material sanitario.
Otros, braceros, ofrecen su trabajo en carteles que detallan sus
habilidades, como el señor Wei -derribos, alicatado, instalación
eléctrica, fontanería-, llegado a Cantón hace tres décadas.
“Por la epidemia, ahora hay menos trabajo. No está siendo un año
normal”, relata por teléfono Wei, natural de la provincia central de
Henan, y que no se muestra especialmente optimista respecto al futuro.
La creación de empleo, “máxima prioridad”
Así las cosas, no es de extrañar que, en un comunicado de prensa
publicado la semana pasada en la web del Ministerio de Finanzas, se
considere el fomento de la contratación como “la máxima prioridad”.
El organismo se compromete a “hacer todo lo posible por estabilizar y ampliar el empleo”.
Para ello, el Gobierno chino planea hacer un extenso uso de los
subsidios de desempleo y primas a la contratación, al tiempo que
pretende rebajar la carga impositiva de las pymes, entre otras líneas de
actuación.
Todo ello con el objetivo de recortar la tasa de desempleo urbana del 6 % de abril,
una cifra que, no obstante, no contempla a la mayoría de los
trabajadores migrantes ni la situación en zonas rurales, y un dato que
muchos ponen en entredicho.
La consultora Capital Economics cree que “el nivel real de desempleo
podría doblar (esa cifra) ya que en torno a un quinto de los
trabajadores migrantes (de un total de unos 300 millones en China) no ha
regresado a las ciudades”.
Para Geoff Crothall, portavoz de la organización defensora de los
derechos laborales China Labour Bulletin (CLB), la situación es
peliaguda, pero por otros motivos, y en su opinión “no tiene mucho sentido intentar adivinar la cifra exacta”.
“La mayoría de los trabajadores despedidos no se pueden permitir
estar en el paro durante mucho tiempo y aceptan trabajos mal pagados,
inseguros o precarios con tal de llegar a fin de mes”, explica Crothall.
Sin embargo, por el momento esto no ha desembocado en huelgas porque -dicen desde CLB- “los trabajadores siguen siendo reticentes a grandes protestas o reuniones” debido a riesgo de contagio del coronavirus.
Un hecho que se puede ver claramente en las cifras de la
organización: de las 483 protestas de las que CLB tiene constancia que
se registraran en los primeros cuatro meses de 2019 se ha pasado a 142
en el mismo periodo del presente año.
Futuro incierto para los universitarios
A este cuadro se le suma el próximo desembarco en el mercado laboral
de unos 8,7 millones de titulados universitarios a los que el virus ha
tapiado un futuro hasta ahora prometedor, a pesar de la desaceleración
económica.
El último dato para la gente en edad de graduarse no es alentador: la
cifra oficial de desempleo urbano en abril entre los trabajadores del
segmento comprendido entre los 16 y los 24 años aumentó hasta un 13,8 %.
“Parece que el 2020 será el año más difícil para los recién
titulados, porque el sector privado, una gran fuente de contratación,
está pasándolo mal, cerrando y sin capacidad de contratar”, asegura el
economista Hu Xingdou al diario hongkonés South China Morning Post.
Según Hu, una cuarta parte de quienes se gradúen este curso podría ir directa a la cola del paro.
Mientras tanto, en Pekín, el señor Li esboza otro de los quebraderos
de cabeza a los que las autoridades ya se están teniendo que enfrentar:
“A la mayoría de gente que conozco le han bajado el sueldo”.
Él dice que entre el modesto trabajo para una empresa estatal de su
mujer y los ahorros de ambos podrán seguir manteniéndose un tiempo, pero
sin gastar tan despreocupadamente como antes.
Y con una demanda debilitada, Pekín lo tendrá cuesta arriba para
recuperar el terreno perdido y avanzar en su plan de transformación de
la segunda potencia económica mundial en una economía basada en el
consumo.
