SANTIAGO.- Los
ciudadanos están castigando a la industria farmacéutica chilena desde
el inicio del estallido social, hastiados por las deficiencias del
abastecimiento público de medicamentos y los elevados precios de las
farmacias privadas, que venden los remedios de marca más caros de
Latinoamérica.
Por
las noches, las imágenes de las cámaras de seguridad de los locales
farmacéuticos revelan a grupos de encapuchados que arrasan con las cajas
de medicinas de las estanterías; por las tardes, los profesionales de
la sanidad, pensionistas y jóvenes reclaman con pancartas la necesidad
de bajar los precios de los medicamentos.
Una
de las principales quejas de los ciudadanos hacia las farmacias es que
no traduce sus ganancias en beneficios para la población que, según un
informe de la Fiscalía Nacional Económica (FNE), en 2018 supusieron
1.514 millones de dólares en ventas a consumidores finales.
De
acuerdo con la Organización Panamericana de Salud (OPS), los chilenos
son los que más gasto de bolsillo tienen en medicinas y los que más
invierten en fármacos de marca.
Un
estudio de octubre de 2019 del Servicio Nacional del Consumidor
(Sernac) de Chile detectó una diferencia que puede llegar hasta los
181.000 pesos (unos 232 dólares) entre los precios de los medicamentos
originales de marca y los bioequivalentes.
Así,
por ejemplo, en el caso del medicamento con principio activo
Atorvastatina de 20 mg. de 30 unidades, indicado para la reducción del
colesterol, con lo que paga por el original de marca Lipitor (54.590
pesos -unos 70 dólares-) un consumidor podría comprar hasta 29 cajas del
medicamento genérico, que cuesta 1.880 pesos (2,40 dólares).
La
sanidad pública chilena, de la que se beneficia más del 75 % de la
población, cuenta con un sistema que suministra medicamentos a las
boticas públicas y hospitales, que ofrecen precios más reducidos e
incluso gratuidad para los mayores de 60 años y los carentes de
recursos.
Sin
embargo, la falta de existencias o los tiempos de espera en las
abarrotadas boticas de los centros de salud han desembocado en el hastío
general de la población.
El
servicio de suministro de fármacos de la sanidad pública cuenta con un
sistema de Garantías Explícitas de Salud (GES), que determina qué
fármacos están disponibles en los establecimientos públicos.
Aun
así, según explica el informe de la FNE sobre la industria
farmacéutica, "la regulación existente no asegura ni garantiza el acceso
a estos medicamentos".
Según
explicó el vicepresidente del Colegio de Farmacéuticos, José
Cienfuegos, a veces no se cubren las demandas de las medicinas para las
enfermedades básicas y añadió que "Cenabast (ente que suministra
medicamentos al sector público) no está cumpliendo el 100 % del
abastecimiento".
Mariela
Maturana, desempleada de 57 años, no puede trabajar debido a la
fibromialgia que padece y gasta más de 150.000 pesos (aproximadamente
190 dólares) al mes en medicamentos. Su enfermedad no entra dentro de
las patologías del GES, y por lo tanto debe costearse el precio de la
totalidad de los tratamientos.
A
pesar de las opciones públicas de compra de medicamentos, las
deficiencias del sistema llevan al 48 % de los chilenos a preferir
comprar en las cadenas privadas, que venden los productos a precios
sustancialmente más elevados.
Las
tres cadenas farmacéuticas más grandes de Chile (Cruz Verde, Salcobrand
y FASA), que en 2008 fueron condenadas por colusión de precios en más
de 222 medicamentos, fueron represaliadas durante las protestas, siendo
algunos de sus locales quemados y saqueados fruto del descontento
popular.
La
FNE apuntaló en su informe que las cadenas de farmacias privadas pagan
un 70 % más a los laboratorios que el sector público, cifra que ha
trasladado el foco del debate sobre el margen de beneficio de estos.
Además, el dato podría explicar los elevados precios en las farmacias privadas frente a las publicas.
Juan
Pablo Atal, académico especializado en economía sanitaria, explicó la importancia de este dato: "Parece que los laboratorios se llevan
una parte importante porque le venden mucho más caro a las farmacias que
al Gobierno. Con esto se muestra dónde está la plata".
Los
laboratorios, que según la FNE, invierten más de 200 millones de
dólares anuales en promover sus firmas entre los doctores, han
instaurado una cultura de marca que ha desembocado en que el 90 % de la
población adquiera este tipo de productos frente a los genéricos.
Sebastián
Castro, abogado de la Fiscalía Nacional Económica, aclaró que es el
doctor el que mueve la demanda de medicamentos de marca al recetar las
medicinas a los pacientes.
"El
42 % de los médicos obtiene información sobre medicamentos de los
visitadores y los congresos, mayoritariamente financiados por los
laboratorios", agregó el abogado.
El
sistema de marketing que envuelve a los fármacos, promovido por los
laboratorios y apoyado por algunos doctores, y la ineficiencia del
sistema público generan la espiral de precios elevados que ha derivado
en el descontento social con la industria farmacéutica.
El
presidente de Cenabast, Valentín Díaz, explicó que "el Estado no
ha sido lo suficientemente asertivo de intervenir en el mercado, y a su
vez las personas han quedado desamparadas ante estos poderes de la
industria farmacéutica".
