Imaginen por
un momento el siguiente escenario. El presidente del JP Morgan,
primer banco de Estados Unidos, encarga a un agente distinguido en
servicio del FBI espiar a un miembro del gabinete de Donald Trump
porque sospecha que negocia en secreto o favorece los intereses
legítimos de una empresa privada o competidora del banco.
Sin
duda, no sólo sería primera página de los diarios de todo el mundo sino
que, además, la Fiscalía General de EEUU, la SEC, la FED y hasta el
Congreso habrían abierto una investigación de oficio de manera
instantánea. Nada de esto último se ha tenido noticia, hasta hace muy
poco, en España con el caso FG-Villarejo, pese a existir indicios y
pruebas palpables desde hace años...
Finalmente, este jueves, el BBVA reconocía en un comunicado público,
de manera explícita, que su presidente durante más de 19 años, Francisco
González, jubilado este pasado primero de enero con casi 150 millones
de euros de pensión vitalicia, podría tener responsabilidades directas
en la contratación, en el año 2004, de una empresa de espionaje del ex
comisario José Villareio para realizar seguimientos directos y espionaje
telefónico de Miguel Sebastián, ex asesor del ex presidente de Gobierno
José Luis Rodríguez Zapatero en Moncloa y posterior ministro de
Industria.
Según publica este viernes moncloa.com, los órganos pertinentes de
supervisión del BBVA tuvieron conocimiento de estos hechos a través de
un juzgado de Madrid que abrió diligencias por una denuncia personal de
Luis Pineda, presidente de Ausbanc y en prisión preventiva desde hace
casi dos años, por supuesto chantaje a entidades financieras, entre
ellas el BBVA.
Esa denuncia se produjo antes del verano y, al parecer,
aceleró la dimisión anticipada de Francisco González como presidente del
BBVA, que tuvo que suspender el traslado a su domicilio de sus enseres
personales procedentes de su despacho en la entidad.
La nota del BBVA se producía después de la publicación por
Moncola.com y El confidencial.com de un listado con más de 15.000
teléfonos móviles y fijos que fueron "escuchados" sin autorización
judicial en el proceso de investigación, incluyendo políticos,
empresarios y periodistas, muchos de ellos facilitados por un empleado
del BBVA cuyo nombre aun no ha sido vinculado al escándalo.
Entre los
números figuran la alta dirección de la empresa constructora Sacyr, que
públicamente lanzó una operación empresarial de toma de posiciones en el
capital del banco que presidía Francisco González, en perfecto derecho
de sus derechos como inversor.
A la vez, en la lista se encuentran periodistas de información
económica y publicaciones que, como www.capitalmadrid.com, recién
aparecida en la red en aquel año, daban cuenta de la operación, en
cumplimiento de su objetivo social de informar libremente.
A su vez
también se encontraban fuentes públicas y privadas de información de
aquella operación que se vio recompensaba con una importante plusvalía
económica cuando el Banco de España, gobernado por Jaime Caruana (hoy
miembro del consejo de administración del BBVA) disuadió a Sacyr de la
compra.
Francisco González, que llegó a la presidencia del BBVA de la mano de
José María Aznar en un proceso de fusión con la pública Argentaria y
BBV, y denunciar ante los Tribunales a sus socios por "repartirse" como
complemento de pensión de 100 millones de pesetas de una cuenta en el
exterior que conocía perfectamente el Banco de España (el asunto se
saldó posteriormente en los Tribunales sin consecuencias), reconocía los
hechos en una recientemente entrevista en "El País" pero se
desvinculaba de su encargo trasladando las responsabilidades a sus
subordinados.
Ha sido, precisamente, la comisión de auditoría del BBVA la que el
pasado mes de junio tomó constancia aparente del "encargo" a Villarejo.
Pero algo rechina en esa "constancia".
Hace ya varios años, y siendo vox
populi en el seno de las altas instancias del BBVA la existencia de
esta operación, dos miembros de dicha comisión, Gregorio Marañón y José
Luis Gaínzos, eran cesados (O "dimitían", como prefieran) de dicha
comisión por motivos personales.
Ambos, como muchos otros directivos
del banco (tal es el caso de José Ignacio Goirigolzarri, segundo en el
banco y "tocado" en un encuentro por el equipo directivo de la empresa
constructora), fueron ampliamente recompensados con una indemnización
escandalosa e inusual en aquellas circunstancias.
Si aparte de la dirección del banco (ahora presidido por Carlos
Torres, un hombre procedente de la cantera de Manuel Pizarro en
Endesa), alguien se digna investigar todo este embrollo tiene una labor
ingente por delante.
Las paranoias y desconfianzas de este gallego de
Chantada (Lugo) que ahora parece enfrentarse a sus principales temores y
pesadillas, no solo se limitan al año 2004. La afición por la vida
privada de sus competidores procede de antaño, incluso cuando presidía
la sociedad de valores FG Inversiones, la banca pública Argentaria y
asuntos diferentes a los de la operación "Trampa", la toma de control
del BBVA por Sacyr.
En los teléfonos pinchados están números que nada tienen que ver con
Sacyr o Miguel Sebastián. Están los de sus propios directivos, los altos
empleados de entidades bancarias competidoras y los de periodistas que
jamás escribieron una línea sobre el asunto Sacyr-BBVA. Pero sí que lo
hicieron, en cumplimiento de su labor informativa, de un banco y de un
presidente como FG que jamás debió llegar a la cúpula del BBVA.
En sus
casi 20 años años de gestión en solitario del que fuera un banco modelo y
avanzado le hundió al deshonroso (para sus empleados y accionistas) al
puesto tercero en el ranking bancario español, con una capitalización
bursátil inferior a la que tenía cuando llegó y menos de la mitad de la
de su competidor, el Santander, sobre el que estuvo siempre obsesionado.
Atentos, porque se prometen demandas civiles millonarias y penales
contra el todavía presidente de honor del BBVA. El banco, o lo que pueda
quedar de él si este asunto se traslada a inversores y accionistas,
debería tomar decisiones inmediatas, si tal como se indica la
investigación interna confirma datos alarmantes sobre la operación, como
pagos irregulares ante Hacienda y desaparición misteriosa de facturas.
(*) Periodista español y editor de Capital Madrid
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