martes, 1 de agosto de 2023

Rusia dice que usaría el arma nuclear si la contraofensiva de Ucrania tiene éxito


MOSCÚ.- El ex presidente ruso Dmitri Medvedev, un gran aliado del mandatario Vladimir Putin, dijo que Rusia tendría que utilizar un arma nuclear si la actual contraofensiva de Ucrania tiene éxito.

El ex presidente ruso Dmitri Medvédev que en ocasiones ha agitado el espectro de un conflicto nuclear por Ucrania, dijo el domingo que Moscú tendría que utilizar un arma nuclear si la actual contraofensiva de Kiev fuera un éxito.

Medvédev, que es vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia, órgano presidido por el presidente Vladímir Putin, dijo en un mensaje en sus cuentas oficiales en las redes sociales que Rusia se vería obligada a recurrir a su propia doctrina nuclear en tal escenario.

“Imaginen que la ofensiva, que cuenta con el respaldo de la OTAN, fuera un éxito y arrancaran una parte de nuestra tierra, entonces nos veríamos obligados a utilizar un arma nuclear de acuerdo con las normas de un decreto del presidente de Rusia”, amenzó. Y agregó: “Simplemente no habría otra opción. Así que nuestros enemigos deberían rezar por el (éxito) de nuestros guerreros. Se están asegurando de que no se encienda un fuego nuclear mundial”.

Medvédev, que se ha erigido en una de las voces más beligerantes de Moscú, parecía referirse a una parte de la doctrina nuclear rusa que establece que las armas nucleares pueden utilizarse en respuesta a una agresión contra Rusia llevada a cabo con armas convencionales que amenace la existencia del Estado ruso.

Ucrania está intentando recuperar el territorio que Rusia se anexionó unilateralmente y declaró parte de su propio territorio, una medida condenada por Kiev y gran parte de Occidente.

Putin declaró el sábado que no se habían producido cambios importantes en el campo de batalla en los últimos días y que Ucrania había perdido grandes cantidades de material militar desde el 4 de junio. Kiev afirma que sus fuerzas están logrando algunos avances en su empeño por recuperar territorio, aunque a un ritmo más lento de lo deseado.

Los críticos del Kremlin han acusado en el pasado a Medvédev de hacer declaraciones extremas para disuadir a los países occidentales de seguir suministrando armas a Ucrania.

Aunque determinar cuántas armas tiene Rusia es una pregunta difícil de responder, se cree que el país cuenta con el mayor arsenal del mundo, seguido por Estados Unidos.

Todas las cifras de armas nucleares son estimaciones, pero, según la Federación de Científicos Estadounidenses, Rusia tiene 5.977 ojivas nucleares, los dispositivos que desencadenan una explosión nuclear, aunque esto incluye alrededor de 1.500 que están retiradas y listas para ser desmanteladas. Otras estimaciones hablan de 6.375 ojivas, frente a las 5.800 de EEUU.

De las aproximadamente 4.500 restantes, la mayoría se consideran armas nucleares estratégicas, que son los misiles de mayor alcance que pueden cruzar océanos y amenazar a las superpotencias rivales. Los expertos estiman que alrededor de 1.500 ojivas rusas están actualmente “desplegadas”, es decir, ubicadas en bases de misiles y bombarderos o en submarinos en el mar.

El resto son armas tácticas, más pequeñas y menos destructivas. Algunos están diseñadas para ser utilizados por la marina, algunas para ser utilizadas por la fuerza aérea y otras para ser utilizadas por el ejército, ya sea en misiles de corto alcance tierra-tierra o en defensas aéreas tierra-aire, pero no están desplegadas previamente. Según los expertos, estas son las que Rusia podría en algún momento utilizar en Ucrania.

La Inteligencia estadounidense estima que Rusia cuenta con entre 1.000 y 2.000 de estas armas tácticas. Por su parte, después de un cuidados estudio, la Federación de Científicos Estadounidenses estimó 1.912 armas tácticas, aunque advirtió que esto podría incluir ojivas retiradas.

Bruselas admite que la UE importa minerales del Sáhara Occidental desde Marruecos


BRUSELAS.- Bruselas reconoce que comercia minerales, como el fósforo, procedentes del Sáhara Occidental a través de Marruecos. Así, lo reconoció el vicepresidente Ejecutivo de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ante una pregunta de dos eurodiputados con respecto a este polémico comercio de Europa. Una realidad que choca contra lo establecido por la Unión Europea de comerciar en territorios bajo conflicto, según recoge The Objective

De hecho, en mayo de 2017 la Unión Europea aprobó una nueva normativa para impedir «la exportación de minerales y metales conflictivos» y evitar así «que los trabajadores de las minas sufran abusos».

El fósforo es un mineral clave para, por ejemplo, los fertilizantes en la agricultura. Así, hace varios meses los políticos Carles Puigdemont y Clara Ponsetí preguntaron desde el Parlamento Europeo a la Comisión Europea acerca de este comercio. «La Unión ha aumentado sus importaciones de fósforo marroquí desde la invasión rusa de Ucrania y Marruecos representa actualmente el 50% de las importaciones de fosfato en Europa».

Además, y como publicaron algunos medios, durante el primer trimestre del pasado año 2022, el grupo estatal marroquí OCP, dedicado a la minería y la producción de fertilizantes, registró un volumen de negocios de 24.000 millones de euros, un aumento del 77% en comparación con el año anterior, y declaró que la producción podría aumentar un 50% en los próximos cuatro años. 

Así, y según argumentaron ambos eurodiputados a través de documentos, una de las mayores minas del Sáhara Occidental, Bou Craa, está controlada por Marruecos, un país que posee casi el 70% de las reservas conocidas de fósforo del planeta.

Minerales en zona de conflicto

La respuesta de la Comisión, sin embargo, fue comprometerse a su obligación de revisar el funcionamiento y la eficacia del reglamento sobre minerales de zonas de conflicto, a más tardar en 2023 y, posteriormente, cada tres años. Pero admitieron que la Comisión no esperaba que esta primera revisión condujese a conclusiones definitivas en el ámbito de los minerales. 

Por otro lado, reconocieron que el Sáhara Occidental se beneficiaba «de aranceles comerciales preferenciales sobre sus exportaciones al mercado de la UE desde el 19 de julio de 2019, a raíz del acuerdo de Asociación entre la UE y Marruecos».

Por otro lado, argumentaron que desde el Sáhara no se comerciaban fosofatos -que es un compuesto- pero dejaron la puerta abierta al fósforo, que se trata de un elemento químico. Dos de los componentes que se encontraba en el punto de mira de los dos europarlamentarios y que así habían denunciado. 

«En marzo de 2023, la Comisión adoptó un paquete global sobre las materias primas fundamentales cuyo objetivo es mejorar el suministro seguro y sostenible de materias primas fundamentales, incluida la fosforita y el fósforo, por ejemplo mediante la diversificación del comercio«, sentenció la Comisión.

El giro de España en el Sáhara

Uno de los episodios más controvertidos de la anterior legislatura fue el giro diplomático del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, con respecto a la relación con Marruecos. Así, se produjo un giro inesperado e histórico en España que provocó el reconocimiento por parte de nuestro país del Sáhara Occidental como una autonomía del reino alauita.

 Una decisión que generó todo tipo de reacciones, sobre todo tras conocerse unos meses después que habían espiado el móvil del presidente y de varios de sus ministros a través de un programa informático llamado Pegasus y donde Rabat se había convertido en el principal sospechoso durante las pesquisas.

Sin embargo, la posición de España no es única sino que ha sido defendida por otros países, tanto de la Unión Europea como por Estados Unidos. Una realidad que convierte este giro diplomático en, posiblemente, un movimiento de interés comercial entre los países de Occidente con la monarquía alauí.

Ambos europarlamentarios quisieron incidir sobre este cambio en las relaciones diplomáticas durante su pregunta. «España reconoció unilateralmente la soberanía de Marruecos sobre el Sáhara Occidental en 2022, con consecuencias nefastas tanto para los derechos humanos de los saharauis como para las pequeñas y medianas empresas europeas. 

Varias empresas españolas están integradas en la cadena de suministro de fósforo del Sáhara Occidental, desde un constructor de infraestructuras básicas en Bou Craa hasta el bufete de abogados de un antiguo ministro de Asuntos Exteriores que ayuda a justificar el comercio actuando como grupo de presión».

Puigdemont y Ponsatí adjuntaron un informe de la asociación saharaui WSRW donde se asegura que la empresa pública marroquí OCP S.A, encargada de extraer los minerales, contrató a los bufetes SenateSHJ, DLA Piper, Covington & Burling, Palacio y Asociados, Edelman y Dechert LLP «para defender la supuesta legalidad de las operaciones de la empresa en el Sáhara Occidental»

Portugal frena los pisos turísticos a golpe de ley


LISBOA.- Portugal pone límites a los pisos turísticos. Un problema que afectaba de manera especial a nuestro país vecino, con una tasa incluso superior a la española. Ahora estos pisos enfocados a turistas tendrán que cumplir una serie de obligaciones, así como pedir permisos especiales para poder abrir. Una serie de medidas que tienen como objetivo limitar su número y evitar que este tipo de pisos eclipse las viviendas de los ciudadanos, se escribe en www.xataka.com.

Impuesto extraordinario del 15%. La Asamblea de Portugal ha aprobado las medidas del programa 'Mais Habitação' (Más Vivienda) del gobierno portugués. Aunque se han rebajado algunas de las pretensiones iniciales.

Uno de los principales cambios es la aplicación de un impuesto extraordinario del 15%, que deberán pagar los dueños de pisos turísticos. Se trata de una tasa especial como tienen sectores concretos como las energéticas. La idea del gobierno era que este impuesto fuera del 35%, pero finalmente se ha reducido considerablemente por la polémica generada.

Pisos turísticos y vivienda no son compatibles. Uno de los principales problemas de los pisos turísticos es su afectación al resto. Y la convivencia es cuanto menos difícil. No es solo una percepción social, sino algo reconocido legalmente en Portugal.

En 2022, el Tribunal Supremo vetó un piso turístico en un espacio destinado a vivienda. La explicación es, según apunta la Asociación de Inquilinos de Lisboa, que generaban "inseguridad y malestar en las familias".

Si la comunidad de vecinos está harta, se suspenderá la licencia. En base a esta incompatibilidad, desde Portugal se ha aprobado de que cuando dos tercios de la comunidad de propietarios lo solicite, se podrá suspender una licencia ya concedida de piso turístico. Es decir, si el piso provoca muchos problemas y la mayoría de vecinos quiere que cambie, podrán hacerlo. Se trata de una medida para forzar a que el piso turístico no impacte lo suficiente en la vida cotidiana del resto de vecinos.

Fin a las visas doradas por invertir en pisos. Al igual que España, Portugal ha limitado los visados de oro. Según el Foro Económico Mundial, este tipo de visados provoca un aumento de los precios de la vivienda y fomentan la especulación inmobiliaria. Con la aprobación de estas medidas, Portugal entierra estos visados a los extranjeros que realizaban inversiones inmobiliarias.

Marcando el camino. Aunque no han conseguido todos sus objetivos marcados el pasado mes de febrero, cuando anunciaron la intención de aprobar esta ley, sí se han convertido en uno de los primeros países en regular de manera intensiva los pisos turísticos.

Han hecho falta meses de debate y se han prescindido de medidas más exigentes como el alquiler forzoso de pisos vacíos. A cambio tenemos ya aprobada una limitación de los pisos turísticos que podría marcar el camino de una posible futura regulación en otros países con una situación similar, como España.

Islandia suspende temporalmente desde hoy las actividades de su embajada en Rusia


REIKIAVIK.-Islandia ha suspendido desde este martes temporalmente las actividades de su embajada en Rusia debido a la reducción de las relaciones entre ambos países a causa de la intervención militar rusa en Ucrania.

La decisión no constituye una "ruptura" de las relaciones diplomáticas, reiteró hoy en un comunicado el Ministerio de Asuntos Exteriores islandés, que ya había anunciado la decisión el pasado 9 de junio.

"Tan pronto como las condiciones lo permitan, Islandia dará prioridad a reanudar las operaciones", consta en la nota.

Rekiavik había señalado en junio que la situación no hacía "viable" operar una embajada para un servicio pequeño como el islandés y había recordado que las relaciones comerciales, políticas y culturales entre ambos países estaban en "niveles bajos históricos".

La ministra de islandesa de Relaciones Exteriores, Thórdís Gylfadóttir anunció en junio la decisión de cerrar la dependencia, al afirmar que "la situación actual simplemente no permite que la pequeña representación diplomática" opere en Rusia.

Al día siguiente del anuncio, Moscú afirmó que se trataba de una "acción antirrusa" y prometió represalias.

La misión diplomática de Islandia en Rusia también ha estado representado a sus ciudadanos en Armenia, Bielorrusia, Kazajistán, Kirguistán, Moldavia, Tayikistán, Turkmenistán y Uzbekistán. A partir de ahora, las gestiones se llevarán a cabo desde la sede del Ministerio de Asuntos Exteriores en Reikiavik, la capital.

Rusia informó en su día de que respondería de forma apropiada a la decisión y acusó a Reikiavik de destruir "toda la gama de cooperación ruso-islandesa, que tradicionalmente se basaba en el respeto mutuo y la cooperación multifacética".

El pasado 9 de julio, Islandia no solo anunció el cierre de su Embajada en Moscú sino que además pidió a Rusia que limitara las operaciones de su misión diplomática en Reikiavik en base a la Convención de Viena y a reducir el número de sus representantes.

Islandia ha tenido embajada en Moscú desde 1944, excepto entre 1951 y 1953, cuando se suspendió el comercio entre ambos países.

La mayor concesionaria de Portugal planea entrar en España por los peajes en las autovías


MADRID.- El compromiso del Gobierno español con la Comisión Europea ya es conocido entre las grandes concesionarias internacionales y empiezan a hacer sus números para competir por entrar en este negocio del peaje en autovías. Una de ellas es el Grupo Brisa, el principal operador de autopistas de Portugal. 

Según explican fuentes del sector a Vozpópuli, representantes del Grupo Brisa visitaron recientemente Madrid para reunirse con representantes de la Administración y conocer de primera mano la actividad concesionaria del país. Un movimiento que se enmarcar dentro del plan de internacionalización de Brisa, como confiesan las mismas fuentes, y que tiene a España como primer objetivo. 

El negocio que pretenden explotar es Vía Verde, su filial de cobro electrónico que controla cerca del 80% de las transacciones en las autopistas portuguesas. Los representantes de Vía Verde explicaron a la Administración las soluciones que pueden aportar al nuevo proceso de España en términos de pago de peajes, estacionamiento en la calle y fuera de la calle o abastecimiento de combustible. 

El Grupo Brisa ha trasladado que prefiere “no hacer comentarios” sobre estos encuentros ni sobre la posibilidad de que entre en la batalla de las nuevas concesiones en España.

Brisa gestiona 1.628 kilómetros en Portugal repartidos en 17 autopistas, 6 carreteras nacionales y 6 rutas adicionales. Tiene seis concesiones (Brisa Concessão Rodoviária -BCR-, Atlantico, Litoral Oeste, Baixo Tejo, Brisal y Douro Litoral), con alrededor de 7,5 millones de usuarios al año.

España es un país estratégico tanto por cercanía como por las nuevas oportunidades que surgen con la posibles entrada de los peajes en sus autovías, aunque también explora otros mercados donde ya tiene una pequeña presencia como Estados Unidos. 

Los dueños de Brisa son el gigante holandés de pensiones APG, el fondo coreano de pensiones NPS y la suiza Swiss Life Asset Managers. Tres firmas de inversión que hace tres años, a cambio de cerca de 3.000 millones de euros, compraron el 81% del mayor gestor de autopistas de Portugal. 

Unos dueños que conocen el mercado de las autovías y autopistas en España. APG es el accionista mayoritario de Itínere, la operadora de siete autopistas en el norte de España. Una posición que reafirmó en 2022 y, si logra la entrada de Brisa en España, abriría un proceso de consolidación en el mercado. 

¿Qué pasará con los peajes?

Como adelantaba este medio, el plan de los peajes en autovías está avanzado y los números están hechos por parte del Gobierno. No obstante, el Ministerio de Transportes explicaba a Vozpópuli que descartaron el pago por uso. “Hace meses, el Gobierno descartó aplicar el pago por uso en las autopistas que recoge el Plan de Recuperación puesto que no se dan las condiciones. 

De hecho, se eliminó del Anteproyecto de Ley de Movilidad Sostenible”, explican desde el organismo que lidera Raquel Sánchez. “Por otra parte, se están estudiando alternativas a la financiación que no pasen por el pago por uso y que cuenten con el necesario consenso”, añaden.

Es decir, el trabajo y los números están avanzados pero, al no darse las condiciones, el Gobierno busca una alternativa para contentar a Bruselas. El tema ha sido uno de los puntos calientes de la campaña de las recientes elecciones generales y promete serlo en la próxima legislatura. 

La oposición presionó a Pedro Sánchez para conocer los avances de esta reforma estructural comprometida con la Comisión Europea, para recibir los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR). Una medida ‘impopular’ sobre la que el presidente no quiso profundizar en el debate electoral. 

No sólo el Ejecutivo tiene claro el plan, también las propias empresas concesionarias. La Asociación de Empresas Constructoras y Concesionarias de infraestructuras (Seopan), asociación que integra a firmas como ACS, Sacyr o Ferrovial, asegura que en función de las tarifas a implementar en la movilidad interurbana, la reforma proporcionará un superávit fiscal anual medio de entre 3.054 y 5.082 millones de euros al año con estos peajes. 

Una cifra que surge de la reducción del gasto público de conservación de carreteras e incremento de los ingresos públicos asociados a la tarificación. Las empresas, tanto nacionales como internacionales, conocen estas cuentes y preparan todas sus armas para poder hacer negocio con este compromiso del Gobierno con Bruselas.