jueves, 19 de julio de 2007

"Cajamar" inicia por su fusión con Caja Rural del Duero la expansión en Galicia y el Cantábrico


ALMERÍA.- Cajamar aprobó el proyecto de fusión con Caja Rural del Duero que servirá a la entidad financiera almeriense de trampolín para completar la presencia en Castilla y León e iniciar la implantación en Cantabria, Asturias y Galicia, en una proyección de crecimiento con horizonte 2009, según anunció en su comparecencia el presidente, Antonio Pérez Lao.

En cifras, en el "corto plazo" de tres años, el "ambicioso" plan de expansión contempla la apertura de 40 oficinas y la creación de un centenar de puestos de trabajo en el ámbito de actuación de esta nueva Dirección Territorial Norte que asumirá, además, la plantilla de 271 empleados de Caja Rural del Duero en Valladolid, Palencia, León y Ávila.

La redefinición del plan estratégico de la primera cooperativa de crédito de España será el segundo paso de un proceso que, además, encarama de manera provisional a Cajamar al decimoquinto puesto del ránking nacional de entidades financieras, con un volumen de negocio de 36.700 millones de euros que le relegará un escalafón con la entrada en el mercado de Cajasol.

Con un total de 488.787 socios y 1.385.000 clientes, la caja resultante de la fusión iniciada consolida, asimismo, a la almeriense como la primera rural de España que, gracias a una red de oficinas en 25 provincias, arroja a 30 de junio de 2006 activos que superan los 21.900 millones de euros, un margen de explotación que se sitúa en los 130,2 millones de euros y una gestión de recursos e inversión crediticia de 20.980 y 21.360 euros, respectivamente.

Pérez Lao (en la imagen), quien resumió las causas que han permitido fructificar una fusión gestada en 2005 en el objetivo común de conseguir que "uno más uno sumen dos y medio", resaltó que Cajamar seguirá su línea de acción orientada "hacia el mantenimiento de los principios cooperativos y la conexión con el mundo rural y la atención al sector agroalimentario".

Cajamar y Caja Rural del Duero, con una proporción de 18 a 1 que según destacó el presidente de la primera "no desmerece la solera de una entidad que está "muy saneada", protagonizan la primera fusión "intercomunitaria" en el sector, avalada --ahondó-- "por el respaldo de la plantilla de la entidad castellana que presionó a nivel interno a la dirección para que se acordará iniciar el proyecto de fusión".

Por su parte, el consejero delegado de Cajamar Juan de la Cruz aseguró que a la entidad "no le preocupa" el anuncio de litigio contra su fusión por absorción con la Caja Rural del Duero hecho por la Federación Nacional de Cajas Rurales de España, que ha tildado la integración de ambas entidades de "despropósito".

En declaraciones a los periodistas tras aprobar el consejo rector de la caja almeriense la operación, De la Cruz reconoció que la reacción de la Federación nacional era "algo esperado", por lo que advirtió de que, si finalmente se frustrase la fusión, Cajamar tiene la intención "de seguir adelante con la expansión en Castilla y León con la apertura de oficinas allí donde pretendíamos asumir la red de oficinas de la Caja Rural del Duero".

El consejero delegado de la primera cooperativa de crédito de España reconoció, no obstante, que el efecto perjudicial que "este movimiento" podría suponer para la entidad vallisoletana que --ahondó-- no tiene "nuestra capacidad para contraatacar con iniciativa".

Igual de explícito se mostró el presidente de Cajamar, Antonio Pérez Lao, que recordó a la Federación Nacional de Cajas Rurales --con la que mantiene otro litigio en el Tribunal Supremo por su expulsión del órgano-- que el derecho de tanteo y retracto "que pretenden invocar ahora no puede aplicarse en este caso ya que no se trata de una operación de compraventa económica".

"Es simplemente --continuó-- una integración de miles de socios de dos entidades cooperativas de crédito" porque insinuó que podría tratarse de un mero intento por "interrumpir" un proceso que ya se rompió en julio de 2005 por presión de cierto parte del sector financiero castellano.

Según la Federación Nacional de Cajas Rurales, siempre que una Caja se dé de baja voluntaria de la asociación debe hacerlo con seis meses de antelación, tiene que liquidar todos los negocios y asuntos pendientes con la asociación y las sociedades participadas de los mismos.

Por último, tendría que poner a disposición de la asociación toda sus participaciones y acciones en las tres sociedades participadas: en Rural Servicios Informáticos, en Rural Grupo Asegurador y en el Banco Cooperativo Español, algo que la Caja Rural del Duero no habría hecho ya que anunció su baja la semana pasada.

Por este motivo, el colectivo empresarial anunció que está dispuesto a comprar las participaciones de los socios de la caja vallisoletana por un precio 20 veces por encima de su valor nominal.- (Agencias)

"Greenpeace" reivindica el carácter pacífico de su acción en Carboneras

ALMERÍA.- El colectivo ecologista "Greenpeace" reivindicó el carácter pacífico de la acción de protesta perpetrada contra el hotel de El Algarrobico en Carboneras (Almería) el pasado día 12 y cuyos efectos en la fachada, con una pintada gigante con el lema 'Ilegal', e interior del inmueble ha cifrado en 150.000 euros la promotora Azata del Sol.

"Greenpeace" recordó además, en un nota, que es la empresa propietaria del establecimiento la que incurre en la "ilegalidad" al estar empeñada, según la responsable de la campaña de Costas, María José Caballero, "en inaugurar pensando que puede engañar a los ciudadanos".

Para el colectivo conservacionista, que detalló hasta seis irregularidades en la tramitación del plan parcial, licencia y construcción del inmueble, Azata del Sol "es la principal responsable de la destrucción que sufre este tramo de litoral protegido" gracias --ahondó-- a un inmueble de 21 plantas y 441 habitaciones.

El portavoz de la promotora, Antonio Baena, tildó la última acción de "Greenpeace" de "violenta, reprobable y delictiva" y acusó a la treintena de activistas que participaron de arrojar "toda clase de objetos y pintura" a la vigilante de seguridad del inmueble, para así ocupar las instalaciones y ocasionar daños".

El acto respondió, asimismo, según Azata del Sol, a la existencia de "una violencia de la sociedad civil en su conjunto" hacia la propietaria del hotel de lujo, una violencia que calificó de "imposición arbitraria de la sinrazón".

La promotora del hotel ha tasado en más de 150.000 euros los "daños" en el inmueble provocados por la actuación de una treintena de activistas de "Greenpeace" que el pasado día 12 conseguían pintar en la fachada la consigna 'Hotel ilegal'.

La pintada gigante, con letras de tres pisos de altura, abarcó una superficie de 1.200 metros cuadrados e incluyó ventanas y balcones en una nueva acción de protesta que, según el portavoz de la promotora, Antonio Baena, fue "violenta, reprobable y delictiva" e incluyó además otros actos de vandalismo durante "más de ocho horas".

Al hilo de esto, la promotora del hotel, sobre el que pesa un derecho de retracto sobre la propiedad de los terrenos ya ejercido por la Junta de Andalucía en 2,3 millones de euros y un expediente de expropiación incoado por el Ministerio de Medio Ambiente, insistió no obstante en que los ecologistas "no van torcer la voluntad de Azata del Sol en concluir las obras y proceder a la apertura del hotel".

Baena recordó, asimismo, que los dos procedimientos iniciados por las administraciones autonómica y central se encuentran recurridos por la vía administrativa y judicial por lo que --ahondó-- "la finca sigue siendo propiedad de Azata del Sol".

De momento, promotora y Ministerio de Medio Ambiente intentan alcanzar un acuerdo para acortar los plazos de un expediente de expropiación forzosa que sólo afecta a la mitad del inmueble construido cuya demolición, auguró el portavoz de la empresa, y posterior rehabilitación del terreno a su estado natural, es "de muy difícil consecución, altísimo coste y de una repercusión social de gravísimas consecuencias".- (Agencias)

El sector del Calzado utiliza ´muy poco´ el comercio electrónico

ELCHE.-El director general de la asociación Anetcom, José Luis Colvée, destacó hoy que las empresas del sector del calzado usan "muy poco" el comercio electrónico porque "sólo el 10,6%lo utilizan para compras y 12,2%para ventas", a pesar de que "la exportación es el 75% de las ventas totales del sector del calzado".

Tras la celebración del primer Taller Nacional de Tecnologías aplicadas al sector del calzado, José Luis Colvée acompañado del director gerente de Fundetec, Alfonso Arbaiza, y el secretario general de Ficcval, Pedro Méndez, expusieron hoy ante los medios de comunicación un informe de análisis de la situación actual del sector con el uso de las tecnologías y las soluciones que mejoren la productividad y la rentabilidad.

En este sentido, Colvée manifestó que "el comercio electrónico está infrautilizado" y que esta cifra es una contradicción porque "muy poco teniendo en cuenta el peso específico que tiene la exportación y la venta al exterior para el sector" y por "la buena situación del sector en las Nuevas Tecnologías".

En este sentido, destacó que "el grado de informatización y de utilización de Internet es muy elevado" y para ello explicó que la "utilización herramientas básicas de negocios es del 97%en contabilidad y el 95% en facturación".

Sin embargo, según añadió, el uso de "programas complementarios que son fundamentales para la gestión integral de la empresa se utilizan en niveles muy bajos como la gestión y la distribución con el 50% o el de diseño con el 32%".

Este análisis del sector del calzado en relación con el uso de las tecnologías revela que casi el 100% de las empresas encuestadas dispone de ordenador y que el 97% posee Internet, casi todas tienen correo electrónico y el 94,3% utiliza la tecnología móvil.

Sin embargo, a pesar del acceso generalizado de de las nuevas tecnologías, la utilización de esta herramienta para el comercio no está extendida.

Así, el 88,8% de estas empresas asegura que el principal uso que hace de Internet está relacionado con la búsqueda de información, aunque también para gestiones bancarias online, relacionarse con clientes y proveedores y para trámites con las Administraciones Públicas.

El director general de Fundetec, Alfonso Arbaiza, indicó que "el comercio electrónico está poco desarrollado entre otras cosas porque hasta ahora el industrial no ha visto la necesidad".

Sin embargo, destacó las "innumerables las ventajas que pueden aportar las Nuevas Tecnologías al sector; ofrecen a las empresas herramientas que suponen, no sólo un ahorro para sus negocios, sino la posibilidad de ser mucho más flexibles y eficientes, facilitando respuestas rápidas, que sin ellas sería complicado superar. Esto se concreta en una mayor oferta de información de todos y cada uno de los productos".

En cuanto a la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), Arbaiza explicó que "pueden ayudar a la mejora del posicionamiento de la empresa dentro del sector, extender su negocio y ofrecer soluciones tecnológicas que gestionen los procesos de producción; gestionar de manera proactiva la demanda y desarrollar el comercio electrónico".- (Agencias)

Una quinta parte de la población española vive por debajo del umbral de la pobreza

MADRID.- El primer informe de la Cruz Roja sobre vulnerabilidad social estima que unos 8,8 millones de personas, el 19% de los residentes en España, viven por debajo del umbral de la pobreza, es decir, con menos de 523 euros al mes.

La exclusión social en España la padecen más mujeres que hombres; la mayoría en grupos de edad comprendidos entre 25 y 49 años o mayores de 65, con familia, estudios primarios o secundarios, que están en situación de desempleo o jubilados y son de origen español, sobre todo, y un 38% de procedencia extranjera (Iberoamérica, Norte de África, Europa del Este y África central).

El trabajo realizado sobre una muestra de 11.000 personas, y que ha contado con la información de los miles de registros sobre exclusión social de la Cruz Roja, fija el umbral de la pobreza en el 60% de la media de los ingresos por unidad de consumo (es decir, unos 6.278 euros anuales, unos 523 al mes), por lo que cualquier persona que no llegue a esa retribución está en situación de vulnerabilidad.- (Agencias)