domingo, 15 de diciembre de 2019

Las grandes economías no muestran más ambición al cierre de la cumbre del clima de la ONU


MADRID.- La cumbre climática de la ONU concluyó este domingo tras haber sido pospuesto, con las principales economías reacias a emitir una nueva y audaz llamada a la acción para combatir el calentamiento global, provocando fuertes críticas por parte de los estados más pequeños y de los activistas medioambientales. 

La cumbre de Madrid estaba considerada como un test de la voluntad colectiva de los gobiernos de seguir el consejo de los científicos de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a tiempo para evitar que el aumento de la temperatura global alcance un punto de inflexión irreversible.
Pero con la cumbre en camino de aprobar tan sólo una modesta declaración carente de un mensaje claro e inequívoco para que los países eleven sus metas de reducción de emisiones el próximo año, el estado de ánimo era más bien apagado cuando los distintos delegados asistentes al evento comenzaron los procedimientos finales.
“Estas conversaciones reflejan lo desconectados que están los líderes de los países de los avisos de la ciencia y de las demandas de sus ciudadanos en las calles”, dijo Helen Mountford, vicepresidenta de clima y economía del laboratorio de ideas World Resources Institute. “Necesitan despertar en 2020.”
La cumbre debía terminar el viernes tras dos semanas de reuniones, pero finalmente ha durado dos días más, lo cual supone un gran retraso incluso para lo acostumbrado en las cumbres climáticas, a menudo tortuosas.
Previamente el país que preside las conversaciones, Chile, provocó indignación en la cumbre (conocida como COP25) tras preparar un texto que los activistas rechazaron por considerarlo tan poco sustancial que suponía una traición al espíritu del Acuerdo de París de 2015. 
El proceso establecido en dicho acuerdo depende de que los países aumenten la reducción de sus emisiones el próximo año.
Un borrador posterior publicado por Chile expresaba la “urgente necesidad” de que estos nuevos compromisos de los países cierren la brecha entre los actuales y el objetivo del Acuerdo de París de evitar que las temperaturas mundiales aumenten más de 1,5 grados centígrados.
Así y con todo, todavía fue recibida como una respuesta débil a la sensación de urgencia que sienten las comunidades de todo el mundo afectadas por inundaciones, sequías, incendios forestales y ciclones que, según los científicos, se están volviendo más intensos a medida que la Tierra se calienta rápidamente.
“La COP25 demostró la falta de ambición colectiva de los mayores emisores (de gases de efecto invernadero) del mundo”, dijo el asesor político de Greenpeace para Asia Oriental, Li Shuo.
Los científicos sostienen que el mundo sólo tendrá una oportunidad de evitar un calentamiento catastrófico si los países acometen grandes reducciones de las emisiones conforme al Acuerdo de París, el cual entra en una fase crucial de aplicación el próximo año antes de otra cumbre que se celebrará en Glasgow.
Las conversaciones en Madrid se vieron envueltas en disputas sobre las reglas que deberían regir el comercio internacional de carbono, favorecidas por los países más ricos para reducir el coste de la reducción de las emisiones. Brasil y Australia se encontraban entre los principales opositores, dijeron los delegados presentes en los encuentros, pareciendo probable que la cumbre aplazará las grandes decisiones sobre los mercados de carbono para posteriores conversaciones. 
Las naciones más pequeñas también esperaban obtener garantías de que recibirán ayuda financiera para hacer frente al cambio climático. La isla de Tuvalu, en el Pacífico, acusó a Estados Unidos, que comenzó el proceso de retirada del Acuerdo de París el mes pasado, de bloquear cualquier posible progreso.
“Hay millones de personas en todo el mundo que ya están sufriendo las consecuencias del cambio climático”, dijo Ian Fry, representante de Tuvalu, a los delegados. “Negar este hecho podría ser interpretado por algunos como un crimen contra la humanidad.”

La ley para el Brexit volverá al parlamento británico antes de Navidad

LONDRES.- El primer ministro de Reino Unido, Boris Johnson, tiene la intención de volver a llevar al parlamento británico la legislación para la ejecución del Brexit antes de Navidad, informó el domingo el secretario del Tesoro, Rishi Sunak, añadiendo que poco después el Gobierno presentará un nuevo presupuesto. 

“El mandato primordial que tenemos tras estas elecciones es resolver el Brexit (...). Saldremos de la Unión Europea en cuestión de semanas, a finales de enero. Nuestra intención es llevar el Proyecto de Ley de Salida, la legislación, de vuelta al parlamento antes de Navidad”, dijo Sunak en el programa de Andrew Marr en la BBC.
Preguntado por la razón de que el Gobierno planee consagrar con una ley su promesa de aumentar la financiación del Servicio Nacional de Salud (NHS, por sus siglas en inglés) de Reino Unido, Sunak dijo: “Creo que el NHS, todos están de acuerdo, es la prioridad número uno del pueblo británico.”
“Es nuestra prioridad nacional número uno y creo que esta legislación subrayará ese compromiso.”

El acuerdo comercial con China está "totalmente cerrado" y ampliará las exportaciones de EEUU, según Lighthizer

WASHINGTON.- El acuerdo comercial de “fase uno” entre Estados Unidos y China alcanzado el viernes está “totalmente cerrado”, a pesar de la necesidad de traducirlo a ambas lenguas y revisar su texto, dijo el domingo el representante comercial estadounidense, Robert Lighthizer. 

En declaraciones al programa “Face the Nation” de la cadena de televisión CBS, Lighthizer dijo que habría algunos “retoques” ordinarios en el texto, pero que el acuerdo “está totalmente cerrado, absolutamente”.
El representante comercial dijo que aún no se deciden la fecha y el lugar para que autoridades estadounidenses y chinas de alto rango firmen formalmente el acuerdo.
El pacto, anunciado el viernes después de más de dos años y medio de negociaciones intermitentes entre Washington y Pekín, reducirá algunos aranceles de Estados Unidos sobre bienes chinos a cambio de que el gigante asiático compre unos 200.000 millones de dólares en productos agrícolas, manufacturados y de energía a la mayor economía mundial en los próximos dos años.
China también se comprometió en el acuerdo a proteger de mejor forma la propiedad intelectual de compañías de Estados Unidos, frenar la transferencia forzada de tecnología estadounidense a firmas chinas y abrir su mercado de servicios financieros a empresas estadounidenses para evitar la manipulación de su moneda. 
Las compras de bienes agrícolas por parte de China subirían a entre 40.000 millones a 50.000 millones de dólares al año durante los próximos dos años, dijo Lighthizer. Estados Unidos exportó unos 24.000 millones de dólares a China en 2017, el último año completo antes de que las dos economías más grandes del mundo iniciaran su guerra arancelaria en julio de 2018.
Lighthizer, sin embargo, dijo que el éxito del acuerdo anunciado el viernes dependerá de las decisiones de las autoridades de Pekín.
“En última instancia, que este acuerdo funcione dependerá de quién tome las decisiones en China, no en Estados Unidos”, dijo Lighthizer. “Si las autoridades de línea dura toman las decisiones, obtendremos un resultado, si los reformistas toman las decisiones, que es lo que esperamos, entonces obtendremos otro resultado”.

 No resolverá todos los problemas
Dijo que el acuerdo no resolvería todos los problemas entre Estados Unidos y China, porque llevará años integrar el sistema económico de China controlado por el estado con el sistema dominado por el sector privado de Estados Unidos.
El acuerdo comercial entre Estados Unidos y China tiene un alcance "notable", pero no resolverá todos los problemas entre las dos economías más grandes del mundo, dijo el principal negociador del país norteamericano.
"No se trata solo de agricultura y otras compras", sostuvo el representante comercial de Estados Unidos (USTR), Robert Lighthizer, en una entrevista con CBS.
"La forma de pensar en este acuerdo es que se trata de un primer paso para tratar de integrar dos sistemas muy diferentes en beneficio mutuo", dijo.
El llamado acuerdo de fase uno anunciado el viernes incluye elementos relacionados con las protecciones de propiedad intelectual, tecnología, moneda y servicios financieros.
Sobre todo, dijo Lighthizer, "es aplicable".
Añadió que los 50.000 millones de dólares en compras adicionales de productos agrícolas estadounidenses por parte de China se explicitan por escrito en el acuerdo.
Aunque el acuerdo se está traduciendo y aún no se ha firmado, Lighthizer insistió en que "está totalmente hecho".
No dio una fecha precisa para la firma, pero dijo que esperaba que ocurriera a principios de enero.
China se comprometió a incrementar sus compras a fabricantes, agricultores, productores de energía y proveedores de servicios de Estados Unidos en al menos 200.000 millones de dólares durante los próximos dos años, según el USTR.
Las exportaciones de Estados Unidos a China se duplicarán el próximo año, y casi se triplicarán el año siguiente si el acuerdo está vigente.
En 2017, antes de que se desatara la guerra comercial entre Washington y Pekín, Estados Unidos exportó unos 120.000 millones de dólares en bienes al gigante asiático.
"En el transcurso del año pasado, lo que este presidente ha logrado en esta área es notable", dijo Lighthizer, refiriéndose también al recién concluido acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá, y otros.
"Cualquiera de estos acuerdos habría sido monstruoso. Y el hecho de que los tengamos todos juntos es excelente para la agricultura", dijo.
Sin embargo, el acuerdo se ha encontrado con una reacción mixta de expertos en comercio, en parte porque algunos detalles aún no se han publicado.
El experto en China Scott Kennedy dijo que los costos de la guerra comercial "han sido sustanciales y de largo alcance", mientras sus beneficios fueron "estrechos y efímeros".
Y la economista comercial Mary Lovely dijo que las ganancias en el acuerdo no compensan completamente el daño a los agricultores y las empresas estadounidenses.
Pero Lighthizer dijo que los negociadores nunca previeron resolver todos los problemas comerciales de una sola vez, y que las negociaciones futuras con China serán informadas por la implementación del acuerdo de fase uno.
"Realmente es un acuerdo notable, pero no va a resolver todos los problemas", sostuvo.
El acuerdo permite a las dos partes declarar una tregua en una guerra comercial que ha sacudido la economía global durante los últimos 18 meses.
Desde marzo de 2018, Pekín y Washington han impuesto aranceles recíprocos punitivos a cientos de miles de millones de dólares en bienes, golpeando fuertemente a la economía china y frenando el crecimiento económico mundial.
A cambio de los compromisos chinos, la administración Trump suspendió una nueva ronda de aranceles que iba a entrar en vigencia el domingo.
Y según los términos del acuerdo, acordó reducir a la mitad los aranceles impuestos el 1 de septiembre sobre 120.000 millones de dólares en productos chinos.
Lighthizer calificó el viernes como el “día más trascendental en la historia del comercio” debido al acuerdo con China y porque la Casa Blanca envió un tratado revisado entre Estados Unidos, México y Canadá al Congreso para su aprobación. Los dos pactos comerciales juntos cubren alrededor de 2 billones de dólares en comercio, sostuvo. 
Pero el TMEC, que reemplazaría el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), ha encontrado con algunos inconvenientes de última hora, ya que el principal negociador de México, Jesús Seade, ha objetado el lenguaje del Congreso sobre la implementación del pacto, que requiere la designación de hasta cinco expertos estadounidenses para observar el cumplimiento de las reformas laborales por parte de México.
Seade viajará a Washington el domingo para plantear sus objeciones a Lighthizer.

China suspende sus aranceles programados para hoy 15 de diciembre sobre bienes de EEUU

SHANGHÁI.- China ha suspendido hoy una serie de aranceles adicionales sobre algunos productos estadounidenses que debían entrar en vigor este 15 de diciembre, informó el domingo la comisión de aranceles aduaneros del Consejo de Estado chino, después de que las dos economías más grandes del mundo acordaran un acuerdo comercial de “fase uno” el viernes. 

No obstante, otros aranceles ya impuestos a productos estadounidenses siguen vigentes, según un comunicado publicado por el Ministerio de Finanzas.
"China espera, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, trabajar con Estados Unidos para resolver adecuadamente las preocupaciones del otro y promover el desarrollo estable de las relaciones económicas y comerciales", agrega la información.
Sin embargo, EE. UU. mantiene aranceles del 25 % a importaciones chinas valoradas en 250.000 millones de dólares, junto con unos gravámenes reducidos del 7,5 % a importaciones adicionales valoradas en aproximadamente 120.000 millones de dólares, informó Robert Lighthizer, representante de Comercio Exterior de EE.UU.
Por su parte, China aseguró que las dos partes se han comprometido a retirar por fases los gravámenes que ambas partes se han ido imponiendo durante la disputa.
Las negociaciones entre ambas partes habían sufrido varios sobresaltos, con informaciones contradictorias y críticas veladas, desde que en octubre se anunció un principio de acuerdo.
El acuerdo, que ha generado rumores y filtraciones que han movido los mercados mundiales durante meses, reduce algunos aranceles de EEUU a cambio de un gran aumento en las compras de productos agrícolas y de otros bienes estadounidenses por parte de China, según dijeron las autoridades de Washington. 
Los aranceles de represalia de China, que debían entrar en vigor el 15 de diciembre, tenían como objetivo productos que van desde el maíz y el trigo hasta vehículos y componentes de coches fabricados en Estados Unidos.
Otros aranceles chinos que ya se están aplicando a los productos estadounidenses se mantendrán en vigor, dijo la comisión en una declaración publicada en los sitios web de los distintos organismos del Estado, incluido el Ministerio de Finanzas de China. 
“China espera, sobre la base de la igualdad y el respeto mutuo, trabajar con Estados Unidos para resolver adecuadamente los problemas centrales de cada parte y promover el desarrollo estable de las relaciones económicas y comerciales entre Estados Unidos y China”, añadió.
Pekín ha acordado importar al menos 200.000 millones de dólares en bienes y servicios adicionales de Estados Unidos en los próximos dos años, además de la cantidad que compró en 2017, dijo el viernes el principal negociador comercial de Estados Unidos.
Una declaración también emitida el viernes por el representante comercial estadounidense informó de que Estados Unidos mantendrá en vigor aranceles del 25% sobre bienes chinos por valor de 250.000 millones de dólares.
Tras casi 18 meses de guerra comercial, y la consiguiente escalada de aranceles, el viceministro chino de Comercio, Wang Shouwen, anunció el viernes que los dos países habían llegado a un acuerdo de "primera fase" que aborda temas como la transferencia de tecnología, la propiedad intelectual, la expansión del comercio y el establecimiento de mecanismos para resolver disputas, entre otros.
Las tensiones comercial entre las dos mayores economías mundiales, que comenzaron el año pasado, han tenido profundas consecuencias mundiales.
En sus últimas previsiones de crecimiento mundial, publicadas en octubre, el Fondo Monetario Internacional (FMI) rebajaba sus proyecciones de expansión al 3 % este año, dos décimas menos que en julio, lastradas por las dudas que ha generado esta disputa.

México no aceptará "inspectores disfrazados" de EEUU por TMEC, dice Seade

MÉXICO.- El principal negociador mexicano del remozado acuerdo comercial TMEC, Jesús Seade, dijo el domingo que su país no puede aceptar ninguna medida que contemple inspectores laborales estadounidenses porque la ley local lo prohíbe. 

Las declaraciones de Seade se dan luego de una controversia suscitada el sábado, cuando él mismo explicó que la iniciativa enviada al Congreso estadounidense para implementar el tratado incluía la designación de hasta cinco agregados de Estados Unidos para supervisar la reforma laboral mexicana.
“Su proyecto de ley incluye un mecanismo interno de monitoreo de nuestra Reforma Laboral, redundante a lo que dispone el tratado (...) debió haberse advertido y expresa desconfianza”, escribió Seade el domingo en su cuenta de Twitter. 
“México jamás aceptará si se trata en medida alguna de inspectores disfrazados, por una sencilla razón: la ley mexicana lo prohíbe”, agregó.
Seade también dijo el sábado que había enviado una carta al representante comercial de Estados Unidos, Robert Lighthizer, para expresarle su desacuerdo con la iniciativa, y que viajaría a Washington para tratar el tema personalmente con él y con legisladores.
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó durante las negociaciones del TMEC una propuesta demócrata para que inspectores estadounidenses revisaran el cumplimiento de la reforma laboral en fábricas mexicanas.
En su lugar, se acordó activar un sistema de paneles.
Los negociadores de alto nivel de Canadá, Estados Unidos y México firmaron el martes en la capital mexicana una serie de modificaciones al pacto comercial regional TMEC, y solo quedó pendiente la aprobación en los congresos de cada país.
El Senado mexicano dio jueves el visto bueno a los cambios del tratado.

Argentina permitirá a Evo Morales hacer declaraciones políticas

BUENOS AIRES/LA PAZ.- Argentina permitirá que el expresidente boliviano Evo Morales, quien llegó el jueves al país y a quien se le ha otorgado la condición de refugiado, haga declaraciones políticas durante su estancia en el país, dijo un alto cargo en una entrevista publicada el domingo. 

La declaración del jefe del Gabinete de ministros de Argentina, Santiago Cafiero, contradice al Ministro de Relaciones Exteriores argentino Felipe Solá, quien dijo el jueves que le había pedido a Morales que se abstenga de hacer declaraciones políticas.
El presidente argentino Alberto Fernández, quien asumió el cargo el martes, dijo antes de ser elegido que el izquierdista Morales sería bienvenido en el país. Morales dejó Bolivia después de unas controvertidas elecciones en octubre que causaron una crisis política. 
“El refugiado tiene los mismos derechos que un ciudadano argentino, con lo cual tiene libertad de expresión, de declarar, de pensar y decir lo que quiera. Nosotros no le vamos a restringir sus libertades”, dijo Cafiero al diario La Nación.
Más tarde, Morales escribió en Twitter que estaba ayudando a planificar la estrategia de campaña de su partido para las próximas elecciones.
La presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, dijo que en los próximos días se emitirá una orden de arresto contra Morales, acusado de sedición.
Morales abandonó Bolivia a mediados de noviembre, pocos días después de su dimisión como presidente, después de que la Organización de los Estados Americanos dijera que existían irregularidades en el sistema de recuento de los votos en las elecciones de octubre. Morales afirma haber sido reelegido en dicha votación.
Dimitió bajo la presión de las fuerzas armadas en lo que ha llamado un golpe de Estado. Morales llegó a Argentina procedente de México, donde había pasado alrededor de un mes después de dejar Bolivia. 

Nueva investigación

El senador oficialista boliviano Oscar Ortiz anunció la investigación a un conglomerado de empresas presuntamente vinculadas a los exmandatarios Evo Morales y Álvaro García, y sospechosas de corrupción.
"La Fiscalía tiene que investigar a este grupo de empresas para que lleguemos a conocer el fondo de la verdad sobre quiénes eran los verdaderos dueños y de dónde habrían sacado los recursos para hacerse del control de las mismas", declaró a la prensa el legislador.
Las empresas involucradas son las cadenas de televisión ATB y PAT, el diario La Razón, la agroindustrial Gravetal y la administradora de fondos de jubilación ProVida.
Para Ortiz, el caso "demuestra el abuso del poder que utilizó el anterior gobierno y que se transformaba en beneficios económicos". Sostuvo que en este asunto "hay un problema de corrupción muy serio".
Las investigaciones incluirán auditorías a los movimientos económicos, a los créditos otorgados, a las condiciones de transferencia de las empresas y al origen de los fondos empleados en las diferentes transacciones.
Evo Morales, refugiado en Argentina, se defendió en Twitter. "Quienes me acusan de ser dueño de un conglomerado de empresas, que presenten una sola prueba de que soy socio o dueño de las mismas. Es otra vil mentira, montada por el gobierno de facto de (Jeanine) Añez, (Luis Fernando) Camacho y (Carlos) Mesa, en su plan de persecución y acoso", escribió.
Ortiz replicó de inmediato, también mediante las redes sociales: "Obviamente en estos casos no aparecen los nombres de los propietarios reales, sino de quienes figuran por ellos. Según la fiscalización que he realizado, los ejecutivos de ATB, PAT, La Razón, Gravetal y Provida, reportaban de su gestión al exvicepresidente (Álvaro) García. ¿Usted no sabía?".
En un comunicado, el empresario Marcelo Hurtado, sindicado de manejar el conglomerado, negó el hecho y aseveró que su única relación empresarial es con la cadena ATB "en calidad de uno de los socios y formalmente como Representante Legal Ejecutivo".

Ministro británico afirma que la negociación con la UE acabará a finales de 2020

LONDRES.- El "número dos" del Gobierno británico, Michael Gove, afirmó este domingo que las negociaciones sobre la futura relación entre el Reino Unido y la Unión Europea (UE) concluirán a finales de 2020, cuando está previsto que finalice el periodo de transición.

La aplastante victoria de los conservadores en las elecciones del pasado sábado, en que cosecharon 365 escaños (una mayoría absoluta de 80 diputados) permitirá al Ejecutivo de Boris Johnson materializar el abandono de la UE el próximo 31 de enero.
El primer ministro ha reiterado que no tiene intención de solicitar una extensión del periodo de transición, que se prevé que termine en diciembre de 2020, y que del club comunitario se había sugerido que podría alargarse para contar con más tiempo para negociar el acuerdo comercial entre ambos lados del Canal de la Mancha.
Gove destacó que "muchos de los detalles" que deben abordarse "ya están establecidos en la declaración política" que acompaña al acuerdo de retirada negociado el pasado septiembre entre Londres y Bruselas por lo que dijo que ya se ha hecho "mucho trabajo".
"Hay áreas en las que los intereses de la Unión Europea y los del Reino Unido ya están estrechamente alineados, por lo que estoy seguro de que no solo podremos abandonar la UE el 31 de enero, sino también concluir todos los detalles de una nueva relación en poco tiempo", señaló en una entrevista con la cadena Sky.
Gove, que es el canciller del ducado de Lancaster (que equivale a un ministerio sin cartera) descartó concretar si el proyecto de ley de retirada se presentará ante el Parlamento antes de Navidad, pero precisó que se votará en "relativamente poco tiempo" para que quede aprobado antes del 31 de enero.
La apertura de las sesiones en la Cámara de los Comunes será el próximo jueves, tras lo cual se espera que el primer ministro impulse al día siguiente el proyecto de ley de salida del club comunitario que podría implicar habilitar días de trabajo en el habitual receso navideño, para que sea aprobado antes de fin de año.
Gove aseguró además que el Ejecutivo de Johnson no accederá a negociar un nuevo referéndum de independencia en Escocia, como pretende el Gobierno escocés, ya que la cuestión quedó zanjada en el plebiscito de hace cinco años, cuando el 55 % rechazó la separación.
"Nos dijeron en 2014 que sería una elección para una generación, no vamos a tener un referéndum de independencia sobre Escocia", indicó.

El presidente argentino Fernández justifica cambios en impuestos agrarios como medida "imperiosa"

BUENOS AIRES.- El presidente de Argentina, Alberto Fernández, justificó este domingo los cambios a los impuestos a la exportación de productos agropecuarios decretados este sábado, los que calificó como una "medida imperiosa" ante la situación fiscal que atraviesa el país.

"Estoy tomando una decisión absolutamente imperiosa por la situación fiscal en la que vivimos", dijo Fernández en declaraciones a Radio Mitre, de Buenos Aires.
Fernández, quien asumió la Presidencia el pasado martes con una economía en recesión desde abril de 2018, decretó este sábado cambios en los derechos de exportación de productos agropecuarios.
La medida fue mal recibida por las patronales rurales del país, que entienden que los cambios implican un fuerte aumento impositivo que afectará su rentabilidad.
Fernández aseguró que la modificación decretada no es un aumento de los derechos de exportación sino una actualización, dado que cuando el anterior Gobierno fijó el impuesto -denominado retenciones en Argentina-, el dólar cotizaba a 36 pesos por unidad y ahora es de 63 pesos.
"Toda la Argentina se indexó, por decirlo brutalmente, por la caída de la moneda. Salvo las retenciones. Lo único que se hizo fue actualizar las retenciones que ya existían", dijo.
El mandatario pidió a las entidades rurales, que en 2008 protagonizaron un severo conflicto con el entonces Gobierno de Cristina Fernández por las retenciones, que "no se inquieten" y dijo que en la actual situación que vive el país todos los sectores deben hacer un "esfuerzo".
Fernández también justificó su decisión del pasado viernes de imponer por 180 días el pago doble de indemnización en casos de despido, una medida que, alegó, "pretende fijar un punto de arranque en la discusión" que se iniciará en los próximos días entre sindicatos y patronales de todos los sectores.
"Pido que no despidan, pero a su vez le doy ventajas para que la empresa crezca", aseguró Fernández, quien prometió que "las pymes y todo el sistema productivo van a ser altamente favorecidos" con las medidas que planea impulsar el nuevo Ejecutivo.
Por su parte, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, dijo en diversas entrevistas publicadas este domingo en periódicos locales que la nueva Administración está adoptando "medidas excepcionales porque la situación es excepcional".
Con respecto a la negociación de la deuda que Argentina quiere entablar con acreedores privados y el Fondo Monetario Internacional, Cafiero reiteró que el país tiene "voluntad" de pagar, pero no tiene "capacidad" para hacerlo.
"Nosotros tenemos voluntad de pagar, lo que no tenemos es la capacidad de pagar. Necesitamos tiempo para hacer crecer la economía y poder pagar la deuda. Si conseguimos ese tiempo para pagar la deuda, no tenemos duda de que la Argentina rápidamente se va a poner en marcha", dijo el jefe de Gabinete al diario Clarín.
En tanto, adelantó que el proyecto de ley de "solidaridad y reactivación productiva", que el Ejecutivo girará en breve al Congreso, incluirá cuestiones diversas, como declarar la emergencia sanitaria, prorrogar la emergencia social y alimentaria y cambios en materia impositiva.

Impuesto por compras en el exterior

El nuevo Gobierno de Argentina pondrá un impuesto a las compras en el exterior con tarjetas de crédito y a las operaciones con medios electrónicos que impliquen pagos en divisa extranjera, como los abonos a plataformas como Netflix, confirmaron este domingo fuentes oficiales.
"El impuesto que se va a cobrar a las compras en el extranjero es del 30 %", precisó el jefe de Gabinete argentino, Santiago Cafiero, en declaraciones radiales.
El jefe de los ministros alegó que esta medida, que formará parte de un paquete de leyes que será enviado en breve al Congreso, tiene una "lógica solidaria y contributiva".
Cafiero explicó que los gastos en el extranjero pagados con tarjetas de crédito de los argentinos que "tienen la posibilidad de viajar" se pagan "con dólares del Banco Central", en alusión a las reservas monetarias argentinas, que han caído en los últimos meses, hasta los 44.245 millones de dólares.
"Esos son dólares que tenemos que cuidar mucho", aseveró Cafiero en declaraciones a Radio 10, de Buenos Aires.
En Argentina ya había regido un impuesto similar durante el segundo mandato del Gobierno de Cristina Fernández (2011-2015), cuando en 2011 se impuso una tasa del 15 % a las compras en el exterior, que fue elevada al 20 % en 2013.
"No ponemos ninguna restricción para que los que puedan viajar lo hagan y disfruten, pero sí es cierto que nosotros necesitamos recaudar de alguna manera esa diferencia entre el gasto con tarjeta de crédito que se paga en pesos aquí y los dólares que salen del Banco Central", señaló Cafiero.
El jefe de Gabinete dijo que, por otra parte, el impuesto beneficiará al sector turístico local, algo que, subrayó, el nuevo Gobierno "quiere hacer porque es una actividad muy dinámica y que genera empleo".
El impuesto no sólo alcanzará a las compras con tarjetas fuera de Argentina, sino también a las compras de pasajes de avión con tarifas en dólares y a servicios que se pagan en moneda extranjera mediante medios electrónicos, como la plataforma de contenidos audiovisuales Netflix.
Argentina afronta desde abril de 2018 una recesión económica, con altas tasas de inflación, índices de pobreza y desempleo en aumento, problemas fiscales y una fuerte depreciación de su moneda.

Italia aprueba un rescate de 900 millones de euros para el Banco Popolare di Bari

ROMA.- El Gobierno de Italia aprobó este domingo por la noche un decreto de emergencia que otorga hasta 900 millones de euros (unos 992 millones de dólares) al banco cooperativo Popolare di Bari, en un nuevo rescate estatal de un prestamista en problemas.

El banco, que la semana pasada dijo que necesitaba una inyección urgente de hasta 1.000 millones de euros, ha tratado de hacer frente a las crecientes pérdidas de préstamos durante una recesión que ha devastado la economía, especialmente en la zona sur del país.
El viernes el banco fue puesto bajo administración especial por el Banco de Italia, pero el gobierno del primer ministro Giuseppe Conte no aprobó un paquete de rescate ese mismo día debido a que varios ministros boicotearon una reunión de gabinete convocada de forma apresurada.
El domingo por la noche se celebró una nueva reunión del gabinete y se aprobó una inyección de capital. El decreto del gobierno apunta a crear un "banco de inversiones" de propiedad estatal en el sur.

Califican de "robo al Estado" la nacionalización de la empresa de un hijo de Ortega

MANAGUA.- La nacionalización de la Distribuidora Nicaragüense de Petroleo S.A. (DNP), que dirige Rafael Antonio Ortega Murillo, uno de los hijos del presidente del país, Daniel Ortega, y que acaba de ser sancionada por EE.UU., "es un robo al Estado" de Nicaragua, consideró este domingo un político opositor.

La denominada "Ley de aseguramiento soberano y garantía del suministro de combustibles y productos derivados del petróleo a la población nicaragüense", presentada por Ortega con carácter urgente y aprobada por el Parlamento con los votos de los sandinistas y sus aliados, no establece el monto que pagará al Estado a DNP, advirtió el político y abogado opositor Eliseo Núñez.
Ese quiere decir, según el opositor, que el hijo de Ortega y sus socios en DNP podrán definir el precio sin seguir los parámetros de expropiación que establece la Ley de Hidrocarburos.
"En el caso de nacionalizar por la vía (Ley de Hidrocarburos), hubiesen tenido que pagar las instalaciones al precio de valoración que se mandata (por Catastro), pero como lo hicieron por una nueva Ley, entonces es un proceso especial el que crearon para poner el precio que ellos quieran y evidentemente robarle al Estado", alertó.
El Parlamento autorizó este sábado al Estado la nacionalización de DNP, luego de que el jueves pasado el Departamento del Tesoro anunciara sanciones contra Rafael Ortega, y dos empresas bajo su control utilizadas para el "lavado de dinero".
Las empresas designadas por el Gobierno estadounidenses son Inversiones Zanzíbar, S.A. y Servicio De Protección y Vigilancia, S.A., a las que acusa de ser utilizadas por Rafael Ortega "para generar beneficios, lavar dinero y ganar acceso preferente a los mercados para el régimen de Ortega".
Asimismo, el Tesoro incluyó en su lista de compañías sancionadas a DNP, empresa con la que la familia Ortega "se ha enriquecido personalmente a través de contratos sin competencia con instituciones gubernamentales de Nicaragua".
En su iniciativa, el presidente Ortega calificó esas medidas, sin mencionarlas, como "decisiones unilaterales de absoluta ilegalidad y coercitivas".
La Ley básicamente traspasa todos los inventarios de DNP al Estado de Nicaragua, que designó al Ministerio de Energía y Minas para encargarse de su administración.
El presidente de la Cámara de Energía de Nicaragua, César Zamora, explicó que la sanción de Estados Unidos buscan que la empresa DNP deje de operar y "esa es una salida que funciona".
"Y que la asuma el Estado también es una salida que funciona y no contamina al Estado" nicaragüense, opinó.
Por su lado, la disidente sandinista Dora María Téllez advirtió sobre el conflicto de interés en esa transacción, debido a que el presidente Ortega usa al Estado para proteger una empresa que dirige uno de sus hijos, que es acusada de lavar dinero.
En ese mismo sentido se pronunció la legisladora liberal opositora Azucena Castillo, para quien esa transacción "se presta para un lavado", porque cualquier gestión que se haga con la empresa sancionada "contamina a quien las compra", en este caso "se le pasa la contaminación al Ministerio de Energía y Minas.
DNP tiene una red de 69 estaciones de servicio en todo el país y controla el 30 % de las importaciones de los productos terminados o derivados del petróleo.
Nicaragua atraviesa una grave crisis que ha dejado 328 muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 651 las víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 200 y denuncia un intento de golpe de Estado.

Lisboa, capital europea del jubilado

LISBOA.- Lisboa es la capital europea con mayor proporción de ancianos. Son ya un cuarto de su población, y aumentarán hasta ser el 40 % de todo Portugal en 2050. Con el reloj en marcha, la urbe empieza a prepararse con un millonario programa que transformará calles e implicará a todos los ciudadanos.

La necesidad de actuar ha ido calando tras un goteo de datos ya imposibles de ignorar. Sobre todo, por parte del Instituto Nacional de Estadística, que avisa desde 2010 que el país pierde población; actualmente hay 10,2 millones de habitantes, dos de los cuales son ancianos.
Se suma la escasez juvenil. Emigra gente joven -se calcula que medio millón se fue con la crisis de 2008- a la que cuesta recuperar por los bajos salarios del país, de media inferior a 1.000 euros, y los que se quedan tiene cada vez menos hijos y más tarde.
Resultado: la edad media en Portugal supera los 44 años, y los mayores de 65 han llegado a máximos europeos, según revela el barómetro Eurostat, que sitúa a Lisboa como la capital de la UE con más ancianos respecto a la población activa, con una tasa de 41,4 %, ocho puntos más que la media comunitaria.
Tantos ancianos que "las respuestas ya no pueden ser el modelo que teníamos anteriormente, es decir, poner a las personas en residencias de ancianos", advierte a Efe la presidenta de la Asociación Portuguesa de Demografía, Ana Fernandes.
Y Lisboa ha empezado a pensar de modo diferente.
"La cuestión de la natalidad es fundamental. Nosotros bajamos y no conseguimos recuperar después de la crisis los niveles de natalidad", destaca Fernandes, también catedrática del Instituto Superior de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad de Lisboa.
De una tasa bruta de natalidad - nacimientos por cada 1.000 habitantes - de 24,1 en los años 60, el país ha pasado a 8,5 en 2018. 
Y lo ha hecho, según Fernandes, por los efectos de la llegada de la troika en 2011, con "pérdida de empleos o salarios muy bajos a nivel europeo", y posterior encarecimiento de alquileres, que impiden la emancipación.
Más ancianos significa problemas para la seguridad social a nivel estatal y local "de demanda de cuidados", sobre todo para quienes residen en "apartamentos sin ascensor, con familiares que no estén cerca".
"Un gran desafío", resume Fernandes, que no cree que haya "mucho tiempo por delante" y pide evitar una "pre-crisis humanitaria" como la que se vivió hace años en Portugal.
"Tuvimos problemas de personas que aparecían muertas en casa un mes después, tres meses después, porque estaban solas, nadie se ocupaba de ellas", recuerda la catedrática.
Para dar soluciones, el Ayuntamiento y la Santa Casa de Misericordia de Lisboa (SCML), una organización que realiza tareas de acción social, presentaron el programa "Lisboa, una ciudad para todas las edades", dotado con 100 millones de euros.
Actuaban ante la previsión de que para 2026 los ancianos habrán aumentado un 21 %. Demasiado como para pensar solo en residencias.
Por eso, aunque el plan prevé construir ocho nuevos centros de este tipo, se vuelca en una reconfiguración del territorio, con nuevos "espacios de recreo" y cambios en paseos, pasos de peatones y paradas de autobús más frecuentadas por mayores de 65 años para hacerlas más accesibles.
"Nosotros aquí estamos anticipando la cuestión, el fenómeno de la longevidad, estamos dando respuesta desde el punto de vista de la prevención y de la promoción de lo que va a ser el futuro", asevera la responsable de la SCML para el proyecto, Maria da Luz Cabral.
Parten de la idea de "ruptura con el anterior paradigma, que era de institucionalización desde el inicio", y se trata de "preparar la ciudad para que las personas puedan estar más tiempo en su entorno".
Los cambios alcanzarán también a algunos ciudadanos, convertidos en "radares" que identificarán si un anciano lleva tiempo sin ser visto o necesita algo. Es el trabajo de "Radar", que forma parte del programa general, y que busca a mayores en todo Lisboa.
Se calcula que 85.000 mayores de 65 años viven solos en Lisboa, y tras un año de trabajo que concluye en enero, los equipos de Radar localizarán a 30.000. Lo han hecho puerta a puerta, en un proyecto en el que colaboran autoridades sanitarias y de seguridad social.
"Hoy vamos a Carnide, estamos buscando a una señora con la que no pudimos hablar ayer", cuenta Joana. Formada en rehabilitación psicomotora, de 27 años, está acompañada por dos colegas, Mariana, de 25, y Bruno, de 22, titulados en Trabajo Social.
Van identificados con chaquetas rojas y mochilas del proyecto Radar, y acompañados siempre por un policía, fundamental porque "da confianza a las personas" para que abran la puerta.
Cinco barrios destacan por su alta concentración de ancianos, alrededor del centro de Lisboa: Olivais, Ajuda, Benfica, Alvalade y Alcántara, donde un tercio de sus residentes tiene más de 65 años. El centro escapa por el turismo, que ha expulsado a los lisboetas.
Joana y sus compañeros acaban por hablar con doña Isabel, de 73 años, que vive en un bajo. Sabe qué es "Radar" porque ha visto un folleto en la cafetería donde desayuna y almuerza -"todos los días, incluso los jueves, que voy también a la peluquería", informa- y por eso accede a hablar con ellos.
Empieza entonces un cuestionario: ¿Tiene médico de familia? ¿Toma medicación? ¿Sale todos los días a la calle? ¿Qué le gusta hacer en su tiempo libre? ¿Tiene familia? ¿Se siente sola?
Doña Isabel responde e introduce anécdotas, hasta que la charla se alarga media hora. No es la primera vez. Joana, Mariana y Bruno han llegado a pasar una hora con algún anciano, a veces tomando café y pastas en su casa.
"El problema que encontramos más frecuentemente acaba por ser la soledad, sin duda. Las personas tienen mucha necesidad de hablar, de decir lo que sienten", sostiene Joana.
Doña Isabel lo confirma y pide que la iniciativa se extienda a "todo el país". 
A partir de mañana empezarán a estar pendiente sus vecinos, con los que también hablar los chicos de Radar: si Isabel no aparece en un par de días, llamen a las autoridades.

La semana laboral de 35 horas en Francia, veinte años de controversia

PARÍS.- Veinte años después de la adopción de la semana laboral de 35 horas en Francia, la ley más emblemática del Gobierno de izquierdas de finales del siglo pasado no ha dejado de generar controversia en el país.

La medida fue aprobada por el Gobierno encabezado por el socialista Lionel Jospin (1997-2002) con el objetivo de reducir el paro mediante la técnica de compartir el empleo, pero también para mejorar la convivencia familiar de los franceses.
Pero sus efectos reales nunca han quedado del todo demostrados y los economistas se dividen entre quienes consideran que fue un auténtico avance social, que además redujo el desempleo, y los que piensan que no tuvo efecto real sobre la creación de puestos de trabajo y, por el contrario, dañó las arcas públicas y la competitividad de las empresas francesas.
La semana laboral de 35 horas ha sido uno de los ejes esenciales del Partido Socialista en su historia moderna.
Desde que Francia adoptó las 40 horas semanales en 1936, la izquierda se ha fijado como objetivo reducir esa tasa.
En la campaña electoral que llevó a François Mitterrand al Elíseo en 1981 ya figuraba en su programa electoral, aunque una vez en el poder solo redujo una hora el tiempo semanal de trabajo.
Cuando en 1997, por la presión social, el presidente conservador Jacques Chirac adelantó las legislativas y, contra pronóstico, la izquierda dirigida por Jospin se hizo con la victoria, las 35 horas eran una de las medidas más importantes de su programa.
Con cinco años por delante, aquel Ejecutivo en el que también estaban comunistas y ecologistas, encargó a Martine Aubry, ministra de Empleo, poner en marcha lo que consideraban una gran conquista social.
Tras más de dos años de debates parlamentarios que dividieron a la sociedad francesa, la ley fue adoptada y se decidió una introducción paulatina en todas las empresas, empezando por el sector público para acabar con las de menos empleados, para darles más tiempo a adaptarse a la nueva situación.
En 2002 Jospin se presentó a las presidenciales pero ni siquiera pasó a la segunda vuelta, en la que el conservador Chirac se midió al ultraderechista Jean-Marie Le Pen.
La victoria del saliente se tradujo en un retorno de la derecha al poder, pero pese a las críticas que habían lanzado al proyecto, no dieron marcha atrás.
Al menos en su fundamento, ya que la ley francesa siguió recogiendo que la semana laboral básica es de 35 horas.
Sin embargo, fueron adoptando medidas de flexibilidad para que las empresas y los empleados pudieran superar el techo de horas semanales fijados en la ley.
En un primer momento, se congeló la aplicación de la medida para todas aquellas pequeñas y medianas empresas que todavía no la habían adoptado, lo que se tradujo en que, aquellas que lo aceptaran, pudieran optar por pagar las horas suplementarias como extra.
Pero fue con la llegada al poder de Nicolas Sarkozy en 2007 cuando el Ejecutivo se lanzó a descafeinar de forma más clara las 35 horas.
Con su lema de "trabajar más para ganar más", el candidato conservador introdujo varias enmiendas para que los trabajadores pudieran superar el límite fijado por la ley.
En concreto, el Gobierno redujo la presión fiscal sobre las horas extra, lo que en la práctica hizo que buena parte de los franceses optaran por el incremento salarial en lugar de tener más tiempo libre.
Pero la semana laboral de 35 horas ha dejado su impronta en el panorama francés.
Los trabajadores tienen la opción de trabajar cuatro días por semana o de acumular esas horas suplementarias y disfrutar de más días de vacaciones.
En los últimos años, incluso desde la izquierda se han escuchado críticas a aquella medida.
El exprimer ministro Manuel Valls, durante años representante del ala más conservadora del Partido Socialista las criticó a mediados de esta década.
Y, poco antes de entrar en el Ministerio de Economía en 2015, el actual presidente, Emmanuel Macron, se mostró partidario de su abolición.

El principal sindicato francés pide no retrasar la edad de jubilación

PARÍS.- El líder del sindicato francés CFDT, mayoritario en el país, Laurent Berger, pidió al Gobierno que retire el retraso de la edad de jubilación de su proyecto de reforma de las pensiones, al tiempo que solicitó una tregua de las huelgas y los paros durante las vacaciones navideñas.

"Es muy sencillo: para que la CFDT cambie su visión del proyecto de ley, el Gobierno debe aceptar retirar la edad de equilibrio. Es todo", aseguró el sindicalista en una entrevista que este domingo publica el semanario "Le Journal du Dimanche".
De esa forma, Berger responde a los llamamientos al diálogo enviados por el Gobierno.
Al frente del sindicato reformista, mayoritario en el sector privado pero no en el de los transportes públicos, Berger es favorable a otros de los puntos del proyecto gubernamental, como el fin de los regímenes especiales, lo que le enfrenta a la CGT.
Pero la inclusión en el plan del Ejecutivo de los 64 años como edad mínima para cobrar el total de la pensión le ha llevado a sumarse al resto de las centrales sindicales para la convocatoria de huelga y manifestaciones en todo el país del próximo martes.
"Es profundamente injusto pedir a quienes han nacido en 1960 y que deben jubilarse en 2022, que trabajen más tiempo", aseguró.
Varios miembros del Gobierno han indicado que la edad de 64 años para cobrar la pensión completa es "negociable", lo que puede abrir un vía de diálogo con los sindicatos.
Aunque el Gobierno no dé marcha atrás, Berger se mostró favorable a interrumpir las huelgas y los paros en los transportes durante las fiestas navideñas.
"No hagamos que paguen los usuarios. Hay que salir del bloqueo", dijo.

Muere Félix Rohatyn, el financiero que salvó a Nueva York de la bancarrota

NUEVA YORK.- Félix Rohatyn, una importante figura de Wall Street a quien se adjudica haber salvado a Nueva York de la bancarrota murió el sábado a los 91 años de edad en su casa de Manhattan, anunció su hijo citado hoy por The New York Times.

Este refugiado judío nacido en Austria y naturalizado estadounidense se hizo conocido en el campo de las finanzas acumulando éxitos en el sector de fusiones y adquisiciones y escalando lugares del prestigioso banco de inversión Lazard Frères (ahora Lazard).
Hábil negociador, se convirtió en un asesor escuchado por las élites políticas estadounidenses e innumerables hombres de negocios, construyendo una reputación como un hombre capaz de encontrar una solución aceptable para los problemas más difíciles. Lo llamaban "Félix, el reparador".
Esta cualidad le valió la misión de salvar a Nueva York de la bancarrota en la década de 1970, cuando la ciudad se estaba desmoronando. Una tarea que llevaría a cabo mucho más tiempo de lo inicialmente planeado, supervisando las finanzas de la ciudad durante 18 años.
"La vida extraordinaria de Félix Rohatyn es una historia emblemática de Nueva York", dijo el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio.

El Gobierno argentino pide "esfuerzo" al campo y a viajeros al exterior

BUENOS AIRES.- El presidente Alberto Fenández pidió este domingo "un esfuerzo" al sector agrícola, el único que creció el último año en una Argentina en recesión, y confirmó que aplicará un impuesto de 30% a las compras y viajes al exterior.

"Lo que hay que entender es que todos tenemos que hacer un esfuerzo, el campo también", advirtió Fernández en declaraciones a Radio Mitre.
En su necesidad de fortalecer las arcas públicas, el gobierno modificó por un decreto publicado el sábado, el esquema de los derechos de exportación a los productos argícolas.
Se trata de un gravamen resistido por el poderoso sector que enfrentó duramente en 2008 a la exmandataria Cristina Kirchner (2007-2015), actual vicepresidenta, que fijó la tasa en 35%.
El presidente peronista de centroizquierda explicó que con el decreto se busca compensar la depreciación de la moneda que acumula 70% desde enero de 2018.
El expresidente Mauricio "Macri había puesto una limitación (al impuesto) con una suma fija de cuatro pesos por dólar en un momento en que el dólar valía la mitad (36 pesos) de lo que vale hoy (63 pesos)", explicó Fernández.
Tras eliminar los gravámenes de exportación al asumir en 2015, salvo para la soja, el expresidente liberal Mauricio Macri volvió a aplicarlos en 2018 en medio de una crisis financiera y cambiaria en el país.
El exmandatario, que tuvo en el sector agrícola a su principal aliado, fijó un tope de 4 pesos por cada dólar exportado.
Al eliminar el esquema con suma fija, se elevó a 30% el gravamen a las exportaciones de soja, que hasta ahora eran del 18% más cuatro pesos por dólar.
El trigo, el maíz y otros granos tendrán una tasa del 12%, en tanto que las carnes, leche en polvo, harinas y legumbres de 9%.
Los dirigentes del campo se reunirán el lunes y ya circula por las redes una convocatoria de manifestación para el miércoles, ocho días después de la asunción de Fernández.
De su lado, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, informó este domingo que se aplicará un impuesto de 30% a las compras en el exterior y los pasajes en dólares, así como a servicios como Netflix y Spotify.
"El impuesto que se le va a cobrar a las compras en el extranjero es del 30%, no del 20%. Tiene una lógica solidaria y distributiva", señaló Cafiero en declaraciones a Radio 10.
Explicó que el gravamen busca "cuidar los dólares que tiene la economía argentina y reactivar la industria turística local".

ALBA cierra filas en Cuba frente a "política agresiva" de EEUU

LA HABANA.- La Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América (ALBA) concluyó su cumbre en La Habana con un llamado a la unidad de sus miembros, ante la "política agresiva e intervencionista" de Estados Unidos.

"Los desafíos que enfrentamos reafirman la necesidad de cerrar filas frente a las amenazas, injerencias y agresiones externas", señala la declaración final de la XVII cumbre de la organización internacional, lanzada por los desaparecidos Fidel Castro y Hugo Chávez hace 15 años.
La cita reunió a los presidentes Nicolás Maduro (Venezuela), Daniel Ortega (Nicaragua) y al mandatario cubano Miguel Díaz-Canel, todos ellos enfrentados al gobierno de Donald Trump.
Los acompañó en el encuentro el líder del único y gobernante Partido Comunista de Cuba (PCC), Raúl Castro.
El ALBA es una alternativa de integración de países con gobiernos de izquierda en el continente americano. La conforman actualmente Antigua y Barbuda, Cuba, Dominica, Granada, Nicaragua, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Surinam y Venezuela.
Ecuador abandonó el bloque en 2018 y Bolivia lo hizo el pasado 15 de noviembre, tras la renuncia a la presidencia de Evo Morales.
Al cierre de la cita, en las escalinatas de la Universidad de La Habana, Nicolás Maduro se comprometió, en memoria de Castro y Chávez, a "continuar en resistencia y en lucha".
La cumbre ocurre en momentos en que la administración de Donald Trump arrecia sus sanciones económicas contra Venezuela, Cuba y Nicaragua, países a los que llama la "troika de la tiranía".
En una declaración leída la tarde del sábado por el canciller cubano Bruno Rodríguez, el ALBA condena "la política agresiva e intervencionista del Gobierno de Estados Unidos".
Considera que "la férrea aplicación de inhumanos modelos neoliberales son las causas fundamentales de la peligrosa inestabilidad regional".
También condena "el golpe de Estado contra "Evo Morales en Bolivia, "las amenazas del uso de la fuerza por el gobierno de Estados Unidos contra Venezuela", y "los reiterados intentos desestabilizadores contra el gobierno" de Daniel Ortega en Nicaragua.
De acuerdo con el cubano Díaz-Canel, Estados Unidos usó a su "fiel peón", la Organización de Estados Americanos (OEA), para sacar a Morales del poder.
"No sorprende que, como impone el libreto imperial, la primera acción de política exterior de los golpistas en Bolivia fuera salirse del ALBA", comentó.
Según la declaración del bloque, para recuperar los espacios conquistados por "gobiernos progresistas", Estados Unidos "revive métodos que parecían superados en la historia de América Latina y aplica nuevas fórmulas de la llamada guerra no convencional".
El ALBA rechazó además "la falsedad estadounidense de atribuir" al bloque socialista latinoamericano "la responsabilidad en la organización de las masivas protestas populares que se han extendido por la región", y que aún mantienen en zozobra a Chile.
Washington ha arreciado el bloqueo que aplica contra Cuba desde 1962, y acusa a La Habana de apoyar militarmente al gobierno de Maduro. Ha impuesto multas a los envíos de combustibles a la isla, complicando el abastecimiento.
Ante ello, Maduro aseguró que relanzarán "con mucha fuerza, para el primer semestre del 2020, el proyecto de Petrocaribe", que permite comprar el petróleo venezolano a precios preferenciales y del que se han beneficiado los miembros del ALBA.
"Es un proyecto fundamental de la seguridad energética definitiva del Caribe", dijo Maduro.
Al inaugurar la cumbre en la mañana, Díaz-Canel llamó a "enfatizar al ALBA como plataforma de coordinación política y defensa de la independencia, la paz y la integración" regionales.

Brasil abre una oficina económica en Jerusalén y confirma su intención de instalar su embajada

JERUSALÉN.- Brasil inauguró este domingo una oficina económica en Jerusalén en presencia de Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente Jair Bolsonaro, que confirmó la intención de su padre de desplazar la embajada del país a la Ciudad Santa.

En una visita a Israel, en marzo, el presidente de Brasil dijo que la apertura en Jerusalén de una oficina de la agencia brasileña de promoción del comercio y de la inversión (Apex) era el primer paso para desplazar la embajada, actualmente en Tel Aviv.
En mayo de 2018 Estados Unidos trasladó su embajada a Jerusalén por decisión de Donald Trump y ahora Brasil podría seguir sus pasos.
En la ceremonia del domingo Eduardo Bolsonaro, diputado brasileño, dijo que su padre seguía queriendo desplazar la embajada.
"Me dijo que era seguro, es un compromiso, desplazará la embajada a Jerusalén, lo hará·, afirmó.
En la misma ceremonia el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu celebró "el compromiso del presidente Bolsonaro de abrir una embajada en Jerusalén el año que viene".
El estatuto de la ciudad de Jerusalén es una de las cuestiones más complejas del conflicto israelo-palestino.
Israel ocupa Jerusalén-Este desde la guerra de 1967 y luego la anexó, un acto que nunca fue reconocido por la comunidad internacional.
Israel considera toda la ciudad como su capital mientras los palestinos quieren convertir Jerusalén-Este en la capital del Estado al que aspiran.
La mayoría de embajadas extranjeras están situadas en Tel-Aviv para no interferir en las negociaciones entre israelíes y palestinos.
"Queremos dar este paso en Jerusalén no solo para Brasil sino como un ejemplo para el resto de América Latina", declaró Eduardo Bolsonaro, que también preside la Comisión de Relaciones Exteriores en el parlamento.
Donald Trump puso fin en diciembre de 2017 a décadas de consenso diplomático al reconocer Jerusalén como capital de Israel y anunciado el traslado allí de la embajada estadounidense en Tel-Aviv.
El gobierno israelí dijo entonces que otros países seguirían el mismo ejemplo. A día de hoy solo Guatemala trasladó y mantiene su embajada en Jerusalén.
Paraguay abrió en mayo de 2018 una embajada en Israel pero luego la trasladó a Tel Aviv, provocando la cólera de Israel que cerró su embajada en Asunción.
En marzo Hungría abrió una representación comercial en Jerusalén.