BRUSELAS.- El pleno del Parlamento Europeo votará hoy un informe que pide congelar los fondos comunitarios para España si no se resuelven los abusos urbanísticos denunciados en Bruselas por ciudadanos de varios países de la UE.
La resolución, elaborada por la verde danesa Margrete Auken, pide suspender y revisar todos los nuevos planes urbanísticos en España que no respeten el medio ambiente y no garanticen el derecho a la propiedad, así como la anulación de los desarrollos urbanísticos en curso que no se ajustan a la legislación comunitaria.
Denuncia además que los derechos de propiedad no están adecuadamente protegidos por la legislación española y que el sistema judicial no da respuestas a los casos de abusos.
El informe cuenta con la oposición de socialistas y populares españoles, que consideran que presenta una imagen distorsionada de España. Pero los dos partidos no están de acuerdo en la respuesta que hay que dar a esta iniciativa y por ello han presentado dos resoluciones alternativas muy distintas
La primera, que está elaborada por el PP español y firmada por Carlos Iturgaiz, elimina la petición de suspender los fondos y de decretar una moratoria, desactiva las críticas al sistema judicial español y concluye que cualquier denuncia de abusos urbanísticos debe tramitarse en los tribunales españoles.
También se pide al Gobierno de España y a las comunidades autónomas que extremen los controles para garantizar la correcta aplicación de la legislación urbanística.
La segunda está redactada por los socialistas europeos y firmada por Barbara Dührkop y el laborista británico Michael Cashman. Esta resolución reproduce casi íntegramente el informe Auken, aunque suaviza algo el tono. Se rebajan las críticas al sistema judicial español; se habla únicamente de revisar, y no suspender, los planes urbanísticos; y se mantiene la amenaza de congelar los fondos pero también descafeinándola.
Desde el PSOE explicaron que han aceptado este texto aunque no sea el que hubieran deseado para lograr el apoyo de todos los socialistas europeos.
En todo caso, lo más probable es que se acabe aprobando el informe Auken sin cambios porque ninguno de los textos alternativos cuenta con apoyos suficientes, según las fuentes consultadas. Será así la tercera vez que el pleno de la Eurocámara denuncia los abusos urbanísticos en España en la actual legislatura, la primera fue en diciembre de 2005 y la segunda en junio de 2007.
Socialistas y populares españoles se acusan mutuamente de estas denuncias. A juicio del PSOE, el responsable es el presidente de la Generalitat Valenciana, Francisco Camps, ya que, en su origen, las críticas del Parlamento se centraron en la Ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) y su sucesora, la Ley Urbanística Valenciana (LUV).
Ambas se encuentran ante el Tribunal de Justicia de Luxemburgo por incumplir la legislación europea sobre contratos públicos.
Por su parte, los populares culpan al Gobierno español por no haber ido a defender ante la Eurocámara la legislación urbanística, tal y como pidió el PP, y a los eurodiputados socialistas por haber votado a favor de los informes anteriores sobre abusos urbanísticos en España. A juicio del PP, el informe es un "cañonazo en la línea de flotación" que retrasará la salida de la crisis.
El informe Auken denuncia que "todas las administraciones --central, autonómica y locales-- son responsables de haber puesto en marcha un modelo de desarrollo insostenible, que ha tenido gravísimas consecuencias, por supuesto medioambientales y, además, sociales y económicas".
Los eurodiputados expresan en particular su "preocupación por la situación de la planificación urbana en el municipio de Marbella, en Andalucía, donde se han construido ilegalmente decenas de miles de viviendas, que infringen probablemente la legislación comunitaria".
También se censura que algunas urbanizaciones se han construido en zonas protegidas por la red Natura 2000, como las urbanizaciones en Cabo de Gata (Almería) y Murcia.
La resolución indica que la falta de "claridad, precisión y seguridad jurídica" en la legislación vigente en España en lo que se refiere al derecho de propiedad y la falta de una aplicación adecuada y coherente de la legislación medioambiental son las causas de muchos de los abusos urbanísticos.
Todo ello, sumado a la "laxitud" en los procedimientos judiciales, "ha generado una forma de corrupción endémica".
El informe critica además que las autoridades judiciales españolas "no están debidamente preparadas" para tratar los casos de abusos urbanísticos, que los tramitan con demasiada lentitud y que "las sentencias dictadas en muchos de estos casos no pueden ejecutarse de forma que compensen a las víctimas de tales abusos".
"Ello ha reforzado la impresión, compartida por muchos ciudadanos de la UE de nacionalidad no española, acerca de la falta de actuación y parcialidad de la Justicia española", prosigue el texto.
Para hacer frente a estos problemas, la Eurocámara "pide a las autoridades españolas que se deroguen todas las figuras legales que favorecen la especulación, tales como el agente urbanizador".
También se insta a revisar "urgentemente" y a modificar la Ley de Costas "a fin de proteger los derechos de los legítimos propietarios de viviendas y de aquéllos que poseen pequeñas parcelas en zonas de la costa que no tienen un impacto negativo sobre el medio ambiente costero".
Asimismo, los eurodiputados piden a las autoridades regionales y nacionales que pongan en marcha mecanismos para "agilizar el acceso a la Justicia y la indemnización a las víctimas de abusos urbanísticos en virtud de la aplicación de la legislación en vigor".
