FRÁNCFORT.- La condonación de la deuda pública atesorada por el Banco Central
Europeo (BCE), como reclaman alrededor de un centenar de economistas en
un manifiesto encabezado por el francés Thomas Piketty y al que se han
adherido la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el secretario de
Estado de Derechos Sociales y responsable económico de Podemos, Nacho
Álvarez, no solo es ilegal, sino que carece de sentido económico, según
ha defendido el vicepresidente del BCE, Luis de Guindos.
"La cancelación de la deuda es ilegal, según los tratados, pero
quisiera señalar que no es solo una cuestión legal o de que va contra
los tratados. La cancelación de deuda no tiene ningún sentido económico o
financiero en absoluto", ha afirmado el exministro español de Economía y
Competitividad durante su intervención en un acto organizado por LSESU
German Society.
El vicepresidente del BCE ha señalado que al condonar la deuda en el
balance del banco central, este tendrá dificultades para mantener el
flujo de dividendos que paga al tesoro nacional, por lo que, desde un
punto de vista contable a corto plazo, la condonación de deuda puede
suponer un alivio en la ratio de deuda pública del Gobierno, pero con el
tiempo, afectaría a los dividendos obtenidos y puede producirse una
equivalencia contable con un efecto quizás mayor que el de la
cancelación.
En este sentido, Guindos ha criticado la falta de miras de algunos
gobiernos excesivamente centrados en los efectos a corto plazo y no en
el medio plazo, señalando que, no es únicamente una cuestión de
contabilidad, sino que dañaría la reputación, credibilidad e
independencia de los bancos centrales y de herramientas como los
programas de compra de deuda implementados.
"Este debate sobre cancelación de la deuda creo que es perjudicial,
porque al final los gobiernos no ganarían mucho y al mismo tiempo la
reputación, credibilidad e independencia de los bancos centrales se
vería muy afectada", ha advertido.
Alrededor de un centenar de economistas europeos se han adherido a un
manifiesto titulado 'Anular la deuda pública mantenida por el BCE para
que nuestro destino vuelva a estar en nuestras manos', publicado en
España por 'El País' y encabezado por el economista francés Thomas
Piketty, y que en el caso de España suscriben una veintena de
economistas, destacando la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el
responsable de Economía de Podemos, Nacho Álvarez, junto a economistas
como Jordi Sevilla, José Moisés Martín Carretero o Jorge Fabra Utray.
Los firmantes ven "positivo y útil" el debate sobre la anulación de
las deudas en manos del BCE que se ha desarrollado en Francia, Italia,
Luxemburgo y Bélgica, así como "en los pasillos de las instituciones
europeas, entre los representantes del propio BCE y los distintos
ministerios de finanzas de la zona euro", en un contexto en el que casi
el 25% de la deuda pública europea se encuentra en manos del banco
central, lo que en el caso español se cuantifica en más de 300.000
millones de euros.
Su propuesta pasa por un contrato entre los Estados europeos y el
BCE, de forma que la institución monetaria se comprometa a condonar las
deudas públicas que posee (o a transformarlas en deudas perpetuas sin
intereses), mientras que los Estados se comprometen a invertir las
mismas cantidades en la reconstrucción ecológica y social.
Estas cantidades alcanzan ya casi 2.500.000 millones de euros para
toda Europa y "es suficiente para satisfacer las expectativas del
Parlamento Europeo y, sobre todo, para salvaguardar el interés general",
aseguran los firmantes del manifiesto.
A su juicio, "sin duda, el BCE puede permitírselo", ya que un banco
central puede operar con capital propio negativo sin dificultad y "puede
incluso crear dinero para compensar estas pérdidas", sostienen citando
el Protocolo número 4 anejo al Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea. Además, añaden que, jurídicamente y en contra de lo que afirman
algunos responsables de instituciones europeas, en particular el BCE,
la anulación "no está explícitamente prohibida por los tratados
europeos".
De cualquier forma, consideran que en este asunto "sólo cuenta la
voluntad política". "La historia nos ha demostrado muchas veces que las
dificultades jurídicas se ven superadas por los acuerdos políticos",
reza el manifiesto.
Eso sí, los economistas señalan que la cancelación de la deuda
pública por parte del BCE, aunque esté condicionada a su reinversión,
"no puede ser el alfa y el omega de cualquier política económica". Así,
apuntan que el BCE sólo intervendría para liberar el margen fiscal de
los Estados miembros y, obviamente, "no invertiría por sí mismo".
También muestran estos economistas sus dudas sobre que las tasas de
interés bajas o negativas en toda Europa sean suficientes para empujar a
los Estados a endeudarse para invertir, tal y como evidencia la
reducción constante del nivel medio de deuda pública en la Unión Europea
entre 2015, cuando aparecieron las tasas negativas, y el inicio de la
crisis sanitaria, además de que "muchos Estados han reducido su nivel de
endeudamiento en lugar de pedir préstamos para invertir, aunque las
tasas sean negativas".
En su opinión, el pacto suscrito entre los Estados y el BCE impedirá
esta estrategia de "escape de responsabilidad", aunque "no será
suficiente y hay que tomar otras medidas en materia de reforma de los
criterios de deuda y déficit, de proteccionismo ecológico y solidario,
de reformas fiscales destinadas a reducir el nivel de desigualdad".
Piden implementar una nueva gobernanza europea, en particular
mediante la transición al voto por mayoría cualificada en asuntos
fiscales, puesto que "Europa ya no puede permitirse el lujo de verse
sistemáticamente bloqueada por sus propias normas", mientras que otros
Estados del mundo utilizan al máximo su política monetaria, en apoyo de
la política fiscal, como China, Japón o Estados Unidos.
Los economistas abogan también por considerar la posibilidad de
utilizar el poder de creación monetaria del BCE para financiar la
reconstrucción ecológica y social bajo control democrático. "La
anulación de las deudas públicas que tiene, a cambio de inversiones de
los Estados, sería un primer signo fuerte de que Europa está recuperando
su destino", concluyen.
Entre el alrededor del centenar de firmantes del manifiesto, la
mayoría son de Francia y figuran también economistas de Alemania,
Italia, Irlanda, Luxemburgo, Bélgica, Suiza, Suecia, Grecia y Portugal,
así como una veintena de economistas de España.
Entre los españoles se encuentran Jorge Fabra, presidente de
Economistas Frente a la Crisis; Manuel Escudero, presidente del Centro
de Desarrollo de la OCDE; el exministro Jordi Sevilla; José Moisés
Martín Carretero; Fernando Rodrigo; Jorge Uxó y Óscar Carpintero.
También figuran Carlos Ochando, Carles Manera, Jordi Roca Jusmet,
Antonio González, Eladio Febrero, Iñaki Arto, Juan Torres López, Juan
Francisco Albert, Daniel Albarracín Sánchez, Agustín José Menéndez,
Sonia Farre, Lorena Cabrerizo, Isabel M. Pajares, Manuel Garí y Fernando
Rodrigo.
