PANAMÁ.- El
Parlamento de Panamá aprobó este martes en tercera y definitiva
discusión un proyecto de ley que penaliza con entre 2 y 5 años de cárcel
la evasión, uno de los requisitos exigidos por organismos
internacionales a este país que lucha contra la imagen de paraíso
fiscal.
El
llamado Proyecto de Ley 591, que castiga con prisión al contribuyente
que evada 300.000 dólares o más en impuestos al año, fue aprobado en
tercer y último debate por la unicameral Asamblea Nacional (AN), de 71
escaños, la mayoría en la oposición.
La
norma fue aprobada por la mayoría parlamentaria de los 47 diputados
presentes en el pleno, con un voto salvado y dos en contra, todos estos
de la oposición, y ahora solo resta que el presidente del país, Juan
Carlos Varela, la sancione para su promulgación.
La
iniciativa fue presentada por el Ejecutivo para adecuar la legislación
panameña en materia de pago de impuestos, de manera que se cumpla con
exigencias del Grupo de Acción Financiera (GAFI) y evitar que el país
entre a las denominadas listas grises de naciones que no cooperan en la
lucha contra el blanqueo de capitales.
La
penalización con cárcel de la evasión fiscal es una propuesta que
genera polémica en Panamá y es una medida demandada por organismos
multilaterales como el Fondo Monetario Internacional o la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
La
legislación vigente en Panamá considera la evasión fiscal una falta
administrativa y solo contempla multas de entre 2 y 5 veces el impuesto
defraudado al fisco.
Previo
a su aprobación, la diputada Zulay Rodríguez, del opositor Partido
Revolucionario Democrático (PRD), reiteró sus críticas al proyecto, en
el sentido de que será utilizado para la persecución política, empeña la
soberanía y hace daño a la economía del país.
"Realmente
ustedes, los del Gobierno, consiguieron la herramienta de persecución
para las personas y adversarias que estén en contra de ustedes", afirmó
Rodríguez, quien manifestó que este proyecto "no solo es lesivo para la
soberanía del país, sino también para todos los ciudadanos".
"Ustedes
(el Gobierno) están obedeciendo órdenes de organismos de afuera que no
tienen límite ni prescripción cuando nos ponen este tipo de
imposiciones", remarcó la parlamentaria, que salvó su voto.
Los
diputados Fernando Carrillo y Felipe Vargas, del opositor partido
Cambio Democrático (CD) y el PRD, respectivamente, votaron en contra de
la iniciativa.
Por
su parte, el diputado Luis Eduardo Quirós, miembro del gobernante
Partido Panameñista (PPa), destacó la importancia del proyecto,
porque "existe una percepción internacional que pretende afectar el
Centro Financiero de Panamá".
Quirós
expresó que hasta ahora el Ministerio Público "no tenía facultad legal
para investigar delitos fiscales provenientes de otros países, porque en
Panamá éste no era un delito penal".
"La
clasificación de delito administrativo era insuficiente para lograr la
cooperación internacional en estos casos", y "según lo aprobado, la pena
prevista solo será aplicable cuando el monto defraudado en un periodo
fiscal sea igual o superior a 300.000 dólares", agregó el diputado del
PPa.
El
Ministerio de Economía y Finanzas dijo que este proyecto, que cataloga
el delito fiscal como actividad precedente al blanqueo de capitales,
"excluye a la mayoría de la población" dado el umbral establecido en al
menos 300.000 dólares evadidos en un año.
Lo
establecido en la ley "no representa ninguna amenaza para los pequeños y
medianos contribuyentes, pues castigará penalmente al contribuyente de
grandes montos que afecta al Fisco, y por consiguiente al país", sostuvo
la titular del Ministerio, Eyda Varela de Chinchilla.
Recordó que la presentación del Informe de Seguimiento ante el GAFI se realizará a mediados de febrero del presente año.
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