BUENOS AIRES.- La decisión del gobierno
argentino de expropiar Vicentín, una de las grandes empresas
agroexportadoras del país, revive temores entre empresarios e
inversionistas, justo cuando el Ejecutivo de Alberto Fernández intenta
reestructurar 66.000 millones de deuda con acreedores del exterior.
Cuarto
mayor vendedor de cereales y aceites de Argentina, con un volumen anual
de negocios de unos 3.000 millones de dólares, la casi centenaria
Vicentín está en bancarrota y se declaró en cese de pagos y convocatoria
de acreedores en diciembre. Su deuda asciende a unos 1.300 millones de
dólares.
El lunes, Fernández anunció la intervención por decreto de
esta firma fundada como empresa familiar, y la intención del gobierno
de expropiarla mediante una ley que deberá aprobar el Congreso.
La medida hizo estallar la polémica.
"No
estamos expropiando una empresa próspera, estamos expropiando una
empresa en quiebra", justificó el mandatario de centro-izquierda, al
aseverar que se trata de rescatar a una compañía con más de 2.000
empleados y 2.600 productores "varados".
Su idea es convertirla en
una empresa mixta, con 51% de capital estatal y 49% privado, así como
evitar que sea adquirida por alguna compañía extranjera.
"El
Estado tiene un rol que es el de garantizar la presencia de capitales
nacionales. Quien me conoce sabe que creo en un capitalismo más justo,
pero que creo en el capitalismo", declaró Fernández.
Para
el analista político Carlos Fara, la decisión de expropiar "dispara
todo tipo de sospechas ideológicas y también del punto de vista de la
transparencia".
Argentina pasó ya por un periodo de estatizaciones
de empresas anteriormente privatizadas. Fue durante los gobiernos de
Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015) en los que Fernández se desempeñó
como jefe de gabinete por cinco años.
Entre esas empresas
figuran Aerolíneas Argentinas y Aguas y Saneamientos Argentinos (Aysa),
que fueron demandadas ante el CIADI, el tribunal de arbitraje del Banco
Mundial. Aún está pendiente un juicio en Nueva York por la estatización
en 2012 de Yacimientos Petrolíferos Argentinos (YPF).
En el caso de Vicentín, por tratarse de una empresa argentina, está descartado un proceso en tribunales internacionales.
Sin embargo, el economista Héctor Rubini consideró que el momento no es el mejor para una acción de este tipo.
"Pone
en alerta a los inversores y a los abogados de los bonistas
(acreedores). Un bonista se puede preguntar cómo Argentina dice que no
tiene dinero para pagarle, pero sí para adquirir Vicentín, que en caso
de tener patrimonio negativo incrementará la deuda del país", explicó
Rubini.
En default desde mayo, Argentina se fijó este
viernes como plazo para acordar un canje de deuda con sus acreedores de
bonos emitidos bajo legislación extranjera.
La
intervención y expropiación ocurre en el estratégico sector de la
agroindustria, la principal fuente de divisas para Argentina, en medio
de una recesión de más de dos años y de la pandemia del coronavirus que
castigará aún más a la economía del país.
La Sociedad Rural San
Pedro, que agrupa a los productores agrícolas que más agriamente se
enfrentaron a la expresidenta y ahora vicepresidenta Cristina Kirchner
(2007-2015), reaccionó con duras críticas al proyecto oficial.
"En
un país democrático, una expropiación no tiene sentido y menos aún
cuando está en marcha un proceso (judicial) preventivo en el que el
propio Estado, a través del Banco Nación, es un acreedor más", señaló la
agrupación.
"La foto hacia el mundo no puede ser peor: un Estado
quebrado, que no puede resolver su propia quiebra, intentando arreglar
con recursos que no tiene un negocio que requiere centenares de millones
de dólares", añadió.
Argentina está entre los 10 mayores
exportadores de alimentos del mundo, en particular soja, maíz y aceites
derivados, justamente los rubros que cubre Vicentín.
Con una
futura participación en esa empresa a través de la estatal YPF Agro,
algunos alertan que el gobierno podría incidir en los precios agrícolas y
también en el mercado cambiario, en un momento en el que el país se
encuentra casi seco de divisas.
Sin embargo, Carlos Achetoni, presidente de la Federación Agraria, desestimó esos temores.
"Va
a tener un factor indicativo, pero no de manejo del comercio de granos.
Hay pizarra (cotizaciones) en Chicago, hay en Argentina, en todos lados
hay precios referenciales que impiden que haya abuso de posición
dominante", afirmó.
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