LONDRES.- Semanas
después de que los argentinos optaron por el izquierdista Alberto
Fernández en una elección general, una demanda presentada por tres
fondos de cobertura trae a la memoria de algunos los días económicos más
oscuros del país.
Palladian
Partners LP, HBK Master Fund LP y Hirsh Group LLC están demandando al
país por no cumplir con las garantías del PIB, valores que amortizan a
medida que la economía del país se expande.
Cuando el país incumplió con
una deuda de 95.000 millones de dólares en 2001, en medio de la peor crisis
económica de su historia, se ofrecieron las garantías a los tenedores de
bonos como parte de su programa de reestructuración.
Los fondos de
cobertura dicen que la nación manipuló sus cifras del producto interno
bruto en 2013 para evitar pagos y está presentando una demanda ante el
Tribunal Supremo de Londres para recuperarlos.
El caso es un claro recordatorio del litigio de 13 años que siguió al incumplimiento de 2001,
cuando
la presidenta Cristina Fernández de Kirchner desobedeció las órdenes
judiciales de pagar a los llamados tenedores de bonos de “fondos
buitre”, incluido Aurelius Capital Management LP.
En 2016, el gobierno
del presidente promercado Mauricio Macri acordó pagar 4.650 millones de dólares a
los fondos para distender las relaciones con los inversores
internacionales.
La elección de Alberto Fernández, cuya vicepresidenta
es Fernández de Kirchner, podría generar temores de un regreso a los
viejos tiempos.
Los
fondos poseen 6.100 millones en valores denominados en euros
vinculados al PIB. Según sus documentos, el crecimiento anualizado del
PIB durante los primeros tres trimestres de 2013 fue del 5,6% y, sin una
contracción económica importante en el último trimestre, los valores
debieron recibir un reembolso significativo.
Luego, Argentina reformuló
la manera en que calculaba el crecimiento del PIB, al publicar cifras
que fueron mucho más bajas de las esperadas y demasiado bajas para
estimular un pago.
Los
fondos de cobertura dicen que el país intentó engañar a los inversores,
ya sea voluntaria o accidentalmente, al publicar estadísticas inexactas
del PIB. En sus presentaciones judiciales, los fondos señalan que el
gobierno argentino manipuló las estadísticas económicas en el pasado,
señalando los cambios realizados en los datos oficiales de inflación en
2007 que redujeron los pagos a los tenedores de bonos.
El
país niega haber manipulado las cifras del PIB para evitar pagar a los
inversores, al afirmar en sus documentos judiciales que el cambio era
necesario debido a que el antiguo método ya no reflejaba su economía.
Una demanda de 84 millones, iniciada por Aurelius en Estados Unidos
por las mismas razones, fue anunciada a principios de este año.
La demanda se presentó en agosto y el tribunal puso a disposición los documentos la semana pasada.
Los
representantes de los fondos de cobertura declinaron hacer comentarios
sobre la demanda. Un funcionario de la embajada argentina en Londres
declinó comentar de inmediato sobre el caso.
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