SANTIAGO.- El giro del gobierno de
Sebastián Piñera para iniciar un proceso de cambio a la Constitución
heredada de la dictadura de Augusto Pinochet no convencía a todos los
dirigentes políticos ni lograba acallar este lunes las protestas
sociales que entraron en su cuarta semana.
Miles de profesores y
profesionales de la educación marcharon por la céntrica avenida Alameda,
mientras que centenares de pobladores que exigen viviendas sociales se
tomaron terrenos y bloquearon calles de mañana en la comuna de
Peñalolén, en el este de Santiago.
Además, manifestantes de la salud y profesores entraron a los patios de la sede del Congreso en Santiago.
Para
el martes, un centenar de organizaciones sociales llaman a paralizar el
país. "El llamado es claro, se detiene toda la capacidad productiva del
país", dice una de las decenas de convocatorias que circulan en redes
sociales.
"Marchamos por una educación mínima, porque se acaben
las (privadas administraciones de fondos de pensiones) AFP, que suban el
sueldo mínimo y por la dignidad de todas las personas", dijo Natalia
Valenzuela, 40 años, auxiliar de educación preescolar.
Las
manifestaciones no ceden pese al giro que dio el domingo el gobierno del
derechista Sebastián Piñera al anunciar su voluntad de empezar un
proceso para redactar una nueva Constitución a través de un "Congreso
Constituyente", con amplia participación ciudadana y un plebiscito que
lo ratifique.
"Hemos acordado iniciar el camino para avanzar hacia
una nueva Constitución", dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel,
tras una reunión la noche del domingo con los partidos de la coalición.
El
ministro agregó que consideraban que la mejor fórmula para realizar
este cambio es a través de un Congreso Constituyente, que cuente con
"una amplia participación de la ciudadanía, y en segundo lugar que pueda
tener un plebiscito ratificatorio".
La actual Constitución,
vigente desde 1980, ha tenido más de 200 modificaciones en más de 40
artículos, según dijo Piñera en una entrevista el sábado al diario El
Mercurio.
El texto no reconoce, sin
embargo, la responsabilidad del Estado de ofrecer como un derecho la
educación y la salud, dos de las exigencias de los millones de chilenos
que están en las calles manifestándose desde el pasado 18 de octubre.
El gobierno retomó la idea de un pacto social con todos
los sectores sociales y políticos, tras las protestas de ciudadanos
hastiados por un modelo económico abierto al mercado que, aunque
exitoso, ha fracturado a la sociedad por la desigualdad en distribución
de la riqueza y el acceso a oportunidades.
"Si bien es cierto que
el Gobierno ha reaccionado tarde, es un tremendo paso", dijo el
opositor presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores.
"La
mayoría de los demócratas tenemos que estar de acuerdo con esta
fórmula", afirmó de su lado Mario Desbordees, el presidente del partido
oficialista Renovación Nacional.
Por su parte, el excandidato
presidencial de la centro izquierda, Alejandro Guillier, afirmó que la
propuesta llegaba "demasiado tarde" y planteó la necesidad de convocar a
elecciones anticipadas.
Así emplazó a Piñera en Twitter: "La
posibilidad de construir un nuevo Chile requiere que usted llame a
elecciones anticipadas de presidente de la República y la totalidad del
Congreso Nacional".
El politólogo Claudio Fuentes, profesor de la
universidad Diego Portales, dijo que "la estrategia del
gobierno es abrir la discusión de cuál es el mejor mecanismo y
seguramente van a defender una figura derivada que sean representantes,
como congresistas, los que participen activamente en el debate de la
nueva Constitución".
Entre los cambios que
contempla el proyecto de Piñera está "definir mejor los derechos de las
personas y establecer cómo se van a respetar", precisar "las
obligaciones del Estado" y crear "mejores mecanismos de participación"
ciudadana.
El anuncio sobre la Constitución ocurre en momentos que
varias organizaciones de derechos humanos reclaman la detención del uso
de perdigones por parte de la policía, que deja a cerca de 200 personas
con heridas oculares graves.
La crisis, sin precedentes desde el
retorno a la democracia, ha dejado 20 muertos -cinco a manos de fuerzas
del Estado-, más de 1.000 heridos, denuncias de tortura y abusos.
Ante
la intensificación de las denuncias y la conmoción que causó el caso de
Gustavo Gatica, un estudiante de 21 años herido en sus dos ojos, el
director de Carabineros anunció el domingo un "uso acotado" de las
escopeteas antidisturbios.
El
gobierno, por su parte, afirmó este lunes que invitó a la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una visita al
país destinada a observar la situación de los derechos humanos.
El
Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, encabezado por la
expresidenta chilena Michelle Bachelet, envió también una misión a Chile
para investigar las denuncias.
No hay comentarios:
Publicar un comentario