MANAGUA.- Las remesas familiares que reciban
los nicaragüenses a partir de los 500 dólares deberán ser reportadas a
la Unidad de Análisis Financiero (UAF), según una disposición del
Gobierno de Daniel Ortega publicada en el Diario Oficial, La Gaceta,
divulgada este jueves.
Según la orden presidencial,
las instituciones financieras o no financieras que ofrecen el servicio
de captación de remesas deberán detallar el nombre del emisor y
beneficiario de la misma, ya sean personas naturales o jurídicas, cuando
la cantidad sea igual o mayor a 500 dólares en una operación, de
acuerdo con el documento, sancionado el pasado martes.
La medida es efectiva si el beneficiario se encuentra en territorio nacional o fuera de él, según el documento.
Nicaragua recibió 1.501,2 millones de dólares en remesas familiares en
2018, un 11,4 % del producto interno bruto (PIB), según datos oficiales.
En 2018, la economía estadounidense continuó figurando como el
principal emisor de remesas hacia Nicaragua, representando el 55 % del
total de remesas que ingresaron al país, seguido por Costa Rica (19,7
%), España (11,2 %) y Panamá (5,2 %), según cifras del Banco Central.
Cerca del 20 % del total de la población nicaragüense, calculada en 6,4
millones de habitantes, vive en el extranjero, principalmente en
Estados Unidos y Costa Rica, y se estima que la mitad de ellos lo hacen
indocumentados.
Asimismo, el Ejecutivo ordenó a las
entidades que prestan el servicio de transferencias de fondos a detallar
a la UAF el nombre del emisor y receptor de ese tipo de operaciones por
montos a partir de 5.000 dólares, sean estas transferencias nacionales o
internacionales.
Además, obliga a reportar a la UAF
las compraventas de bienes inmuebles por 100.000 dólares, pagos de
premios en casinos a partir de 1.000 dólares, compraventas de vehículos
nuevos y usados entre 10.000 y 5.000 dólares, respectivamente.
"Las casas de empeño deberán enviar a la UAF el reporte de cada venta
que realicen a nivel nacional e internacional, de los artículos que no
fueron pagados por sus propietarios, cuando estas alcancen en un mes de
forma individual o fraccionada, un monto igual o superior a los 3.000
dólares", señala otro punto de la normativa.
También
se incluyen controles a las ganancias que generan las máquinas
tragamonedas y mesas de juego de azar y otros juegos de pago que se
oferten en establecimientos comerciales "de manera que pueda
determinarse su flujo de efectivo diario".
Todos los
sujetos obligados estarán comprometidos a reportar directamente a la UAF
la información sensible sobre las operaciones, de acuerdo con la
información.
Son sujetos obligados a informar
mensualmente a la UAF: bancos, microfinancieras, casas de cambio de
moneda, casas de empeño, agencias de envíos de remesa, casinos, salas de
juegos de azar, comerciantes de vehículos nuevos y usados, corredores
de bienes raíces y prestadores de servicios de traslado de valores,
bienes y activos.
LA UAF fue creada mediante la Ley
de la Unidad de Análisis Financiero y la Ley Contra el Lavado de
Activos, el Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la
Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.
Esta
medida se da en medio de la crisis sociopolítica que vive Nicaragua
desde hace un año y que ha dejado cientos de muertos y miles en el
exilio, y la caída de la economía, que el año pasado se contrajo un 3,8
%.
Nicaragua sufre una grave crisis que ha dejado 325
muertos desde abril de 2018, de acuerdo con la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH), aunque algunos grupos elevan a 568 las
víctimas mortales, mientras que el Ejecutivo solo reconoce 199 y
denuncia un intento de golpe de Estado.
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