BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) y Japón
aseguraron este jueves que cooperarán para defender el libre comercio y
reformar la Organización Mundial del Comercio (OMC) de cara a la cumbre
del G20 que tendrá lugar en Osaka a finales de junio, y valoraron la
entrada en vigor en febrero de su pacto comercial.
"Acordamos
cooperar con la UE, de cara al G20, en mandar un mensaje fuerte a la
comunidad internacional de promover el libre comercio y la reforma de la
OMC", indicó el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en una rueda de
prensa al término de una cumbre entre su país y la UE.
El presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, aseguró
que Japón puede contar con la UE: "Haremos todo lo que podamos para que
la cumbre (del G20, los países más industrializados y emergentes) sea un
éxito para nuestros pueblos, así como para el conjunto del orden
global, basado en normas".
Abe ha celebrado la cumbre
con la UE en vísperas de su viaje a Estados Unidos, igualmente para
preparar la cumbre del 28 y 29 de junio en la ciudad nipona de Osaka.
Llegará
a su prevista reunión con el presidente estadounidense, Donald Trump,
con el respaldo de la UE al multilateralismo que tanto ha criticado el
mandatario de la Casa Blanca.
El presidente de la
Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó que la UE y Japón están
"convencidos de que la OMC constituye el mejor marco para garantizar
condiciones de competencia justa a nivel mundial".
"Necesita ser reformada en profundidad y Japón y la UE trabajarán juntos para que sea un verdadero éxito", apuntó.
Uno
de los principales obstáculos en esa reforma es el órgano de apelación,
última instancia en las disputas comerciales entre miembros de la OMC,
cuyas decisiones tienen poder vinculante.
Está formado
por siete jueces pero EEUU veta desde 2017 el nombramiento de nuevos
miembros, por lo que actualmente se reduce a tres, el mínimo exigido
para que siga funcionado.
El 10 de diciembre termina
el mandato de ocho años para dos de los jueces que quedan, por lo que el
órgano quedaría con sólo un miembro, la china Hong Zhao, y sus
competencias quedarían paralizadas.
Sobre el órgano de
apelación "hay muchos desafíos", reconoció Abe, quien lamentó que se
esté demorando tanto una solución y pidió "un debate constructivo" de
todos los miembros de la organización.
Juncker se
refirió igualmente a la necesidad de que China ponga fin a los subsidios
públicos para empresas exportadoras, e hizo un llamamiento para lidiar
con todos estos problemas "en un breve plazo".
Japón y
la UE recalcaron igualmente la importancia del acuerdo de flujo de
datos seguro entre las partes y de la ciberseguridad, punto en el que
Abe aseguró que no hablaron de "productos o países específicos" en
respuesta a una pregunta sobre las dudas en materia de seguridad que
levanta la tecnológica china Huawei en sus planes de participar en el
desarrollo de las redes 5G en Europa.
"Nuestro mercado
interior es abierto, y son bienvenidos quienes respeten las normas", ya
vengan de países lejanos como China, comentó Juncker.
Otro
punto que abordaron la UE y Japón en el comunicado conjunto de la
cumbre fue el de la cooperación en conectividad e infraestructuras "de
calidad" de transporte, energía o digitales.
"Trabajaremos
juntos por más transparencia, inclusividad e igualdad de oportunidades
para inversores y empresas en conectividad, acceso no discriminatorio,
protección de derechos de propiedad internacional y respeto de las
normas y estándares internacionales", dijeron.
Los
líderes europeos y japonés celebraron igualmente la entrada en vigor del
acuerdo de libre comercio entre la UE y Japón el pasado 1 de febrero,
que implica a dos economías que representan un tercio del producto
interior bruto (PIB) global.
Juncker dijo que desde su
aplicación provisional "hemos realizado progresos tangibles" aunque se
han dado "algunos problemas menores de inicio" que "resolveremos".
"En general, vamos por el buen camino y las ventajas para ciudadanos y empresas son ya visibles", enfatizó.
Cuando
se aplique totalmente, el pacto eliminará el 97 % de los aranceles que
Japón aplica a las exportaciones comunitarias, de unos 1.000 millones de
euros al año.
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