No es preciso estudiar la “Teoría de la resolución de conflictos”
para saber que hay tres tipos de conflicto en el plano de los pueblos y
las naciones.
De entrada, existen los conflictos que pueden resolverse dentro del
ámbito y las posibilidades del mismo Estado que los padece (conflicto
“intraestatal”).
Por ejemplo, en España podríamos mencionar la necesaria
actualización de la Constitución, como se ha puesto de relieve en las
recientes celebraciones conmemorativas; o la conveniencia de articular
de mejor modo las naciones o nacionalidades que componen España.
Si
pasamos a Bélgica, se observa que viene preocupando a sus Gobiernos el
modo de mantener unidas y vinculadas las dos principales comunidades
lingüísticas que la conforman. Podrían añadirse varios ejemplos
similares.
El segundo grupo lo conforman los conflictos que implican a más de un
Estado (“pluriestatales”). De este tipo es, por ejemplo, el contencioso
territorial que implica a Bolivia y Chile respecto a la salida al mar
que históricamente añora Bolivia y que Chile no parece estar dispuesto a
ceder.
También el ya tan popular Brexit, que en un ámbito puramente
británico solo podría resolverse mediante el llamado “Brexit duro”, pero
que forzosamente implica a los demás Estados de la Unión Europea si se
trata de lograr una salida negociada y ordenada.
Por último, el tercer grupo lo constituyen los conflictos que afectan
a la mayoría de los seres humanos, por no decir a la humanidad entera:
conflictos “universales”. Entre estos hay dos de gran calado:
(1) el cambio climático y sus consecuencias;
(2) los desplazamientos humanos forzados por las condiciones de vida
en algunas regiones del planeta y su repercusión en los países de
acogida.
El primero es de naturaleza especial, porque requiere el apoyo de la
ciencia en muchas de sus ramas, desde la botánica hasta la física de
partículas. Se plantea, pues, en un terreno puramente pragmático y
objetivamente evaluable, el único en el que puede hallarse el modo de
amortiguar sus temibles efectos. Los intereses políticos tienen poco que
decir al respecto, salvo embrollar y obstaculizar las necesarias
medidas reparadoras.
Por el contrario, el conflicto generado por la emigración/inmigración
de seres humanos es un problema con insoslayables raíces morales y
humanitarias, en el que la política tiene la última palabra. Para
plantearlo es inevitable entrar en los terrenos de la historia, la
economía, la estadística, la sociología y hasta la sanidad. Son enormes
las posibilidades de enredarse en disputas y enfrentamientos, de
recurrir a la mentira y a la difusión de datos falsos, sea por motivos
electorales o simplemente por ambición política.
Para resolver o, por lo menos, para plantear los diversos aspectos
que presenta este conflicto, se ha aprobado a principios de esta semana
en Marraquech, bajo los auspicios de la ONU, el Pacto Mundial para la
Migración, adoptado por los representantes de más de 150 Estados, entre
los que está España.
El texto consensuado contiene una veintena de principios básicos, de
hondo sentido común, que pueden contribuir a resolver el conflicto.
Fueron discutidos durante un año y medio de negociaciones entre más de
180 países. Pero están redactados de modo que los Estados firmantes
pueden adoptar la decisión que deseen sin verse forzados por el acuerdo,
que además no tiene carácter vinculante.
Como era de esperar, los Estados donde dominan los partidos y las
políticas de extrema derecha se han negado a firmarlo esgrimiendo a
menudo razones que nada tienen que ver con el texto aprobado: EE.UU.,
Italia, Austria, Polonia, Hungría, Israel o Australia entre otros. En
ellos, la xenofobia se ha impuesto al respeto por los derechos humanos
de los migrantes.
No por huir de la guerra, el hambre, la miseria o la
persecución, o simplemente por anhelar una vida más segura en otro país,
han de ser privados los emigrantes de sus más elementales derechos. Así
lo expone el artículo 13 de la Declaración Universal: “Toda persona
tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el
territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier
país, incluso el propio, y a regresar a su país”.
Es de desear que la cumbre de Marraquech no se convierta en otra
declaración de buenas intenciones sino que ayude a frenar la permanente
sangría de los innumerables seres humanos que trágicamente mueren cada
día buscando una vida mejor.
(*) General de Artillería en la Reserva y Diplomado de Estado Mayor español
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