SANTIAGO.- Barricadas,
multitudinarias manifestaciones, incendios, saqueos y violentos
enfrentamientos en varias ciudades marcaron una jornada de paro general
convocado este martes en Chile por un centenar de organizaciones
sociales para presionar al gobierno de Sebastián Piñera a que profundice
en las reformas sociales.
En la jornada, el peso chileno se
desplomó 3,1% y alcanzó su valor mínimo histórico, de 783,82 unidades,
mientras que la Bolsa de Comercio de Santiago cayó 1,57% en medio de los
temores sobre los efectos en la economía de la extensión de la crisis
social.
A primera hora, las barricadas incendiadas impidieron el
paso de vehículos en algunos accesos a Santiago. Luego, una gran marcha
pacífica convocó a 80.000 personas -según cálculos del gobierno- por la
céntrica avenida Alameda, pero por la tarde volvieron a estallar
violentos incidentes en los alrededores de la Plaza Italia y el centro
de Santiago.
Cuando en varios puntos de Chile ardían barricas y seguían los
saqueos, Piñera entregó un mensaje en el palacio presidencial para
anunciar que permitirá que policías retirados se reintegren a la
institución, para apoyar las labores de resguardo del orden público.
Piñera
evitó, sin embargo, volver a decretar el estado de emergencia -y con
ello, sacar nuevamente a los militares a las calles- y reiteró su
propuesta de un gran acuerdo por una nueva Constitución pero sin acoger
un llamado a realizar una Asamblea Constituyente, como piden la
oposición y organizaciones sociales.
"La grave situación que
vive nuestro país desde hace ya cuatro semanas exige, y con urgencia,
dejar de lado todas las pequeñeces, y actuar con la grandeza y el
patriotismo que las circunstancias nos exigen", afirmó el mandatario,
sin hacer otros anuncios sustanciales.
Durante esta jornada, a un
costado de la Plaza Italia, manifestantes encapuchados incendiaron un
restaurante y saquearon un hotel, con cuyo mobiliario encendieron una
gran fogata. En sus cercanías se emplaza la embajada de Argentina en
Chile, a la que manifestantes también intentaron entrar, según relató el
embajador José Bordón.
Saqueos a tiendas y violentos choques con la policía se
generaron en varios otros puntos del centro de Santiago, especialmente
fuertes en los alrededores de la casa de gobierno. Una iglesia del
turístico barrio Lastarria -patrimonio de la ciudad- resultó también
incendiada.
En la ciudad de
Concepción (sur), manifestantes incendiaron la sede de la gobernación
regional y se enfrentaron con la policía, mientras varias tiendas fueron
saqueadas en el balneario de Viña del Mar y el turístico puerto de
Valparaíso, en el centro del país, donde igualmente se registraron
violentos enfrentamientos con la policía. En la vecina localidad de San
Antonio, fue atacado un recinto militar.
"El descontento es por muchos temas (...) Todo lo que ha
ofrecido el presidente es insuficiente, una burla", dijo Karen Delgado,
una oficinista de 29 años, en medio de la marcha.
"Le pido al presidente escuchar lo que pedimos y deje de dilatar con estas medidas parche. No escucha a la gente", agregó.
El
llamado a huelga general se produjo más de tres semanas después de que
estallaran las primeras protestas sociales. Fue convocada por la llamada
"Mesa Social", que reúne a más de un centenar de organizaciones
sociales de empleados fiscales, profesores, trabajadores de la salud
pública, empleados portuarios y de los aeropuertos.
Bárbara Figueroa, presidenta de la Central Unitaria de
Trabajadores, dio un "ultimátum" al gobierno y afirmó que llamarían a un
paro indefinido en caso de que no acepte convocar a una Asamblea
Constituyente.
"Esta movilización de hoy, lo que busca es ser un
ultimátum para el gobierno, sobre nuestra propuesta que es clara y
precisa: No queremos un Congreso Constituyente, nuestra apuesta es
construir una nueva constitución vía asamblea constituyente", afirmó
Figueroa, al hacer un balance de la movilización de este martes.
La pulseada llega luego de que Piñera se abriera el fin de semana a
iniciar un proceso para cambiar la Constitución que se mantiene como
herencia de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), con un
Congreso Constituyente, cuyos detalles y composición aún no se definen, y
un plebiscito ratificatorio.
En una declaración
pública la tarde de este martes, 14 partidos de oposición exigieron la
realización de una Asamblea Constituyente.
"La propuesta de un
Congreso Constituyente por parte del gobierno se aleja de la demanda
popular por participación y deliberación", dijeron en el texto el
Partido Socialista, el Comunista, la Democracia Cristiana y el Partido
Radical, además de agrupaciones de la izquierda radical.
En un intento por aunar posiciones, el mandatario se
reunió con los expresidentes Eduardo Frei (1994-2000) y Ricardo Lagos
(2000-2006) y habló por teléfono con la exmandataria socialista Michelle
Bachelet, actual alta comisionada de los derechos humanos de las
Naciones Unidas.
El
gobierno de Piñera logró también un acuerdo con la oposición política
para impulsar una reforma tributaria que recaudaría unos 2.000 millones
de dólares, destinados a financiar parte de los anuncios sociales que ha
realizado para acallar las protestas sociales. Además cerró un pacto
para aprobar el Presupuesto de 2020, incluyendo algunas concesiones
sociales.
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