BRUSELAS.- La Unión Europea (UE) quiere tener un
papel prominente en los debates internacionales sobre la adaptación de
las normas fiscales a la economía del siglo XXI, cada vez más
digitalizada, pero hablar al unísono será difícil para veintiocho países
que no lograron introducir siquiera su propia tasa digital.
Los ministros de Economía comunitarios intentaron este viernes
encontrar una posición común que defender en junio en la reunión de
titulares de Finanzas del G20 en Japón, donde la Organización para la
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) presentará un primer
informe sobre los progresos en la materia.
La ministra española de Economía en funciones, Nadia Calviño,
admitía tras la reunión que "va a ser complicado" que los Veintiocho
hablen con una sola voz en los foros internacionales.
Las divergencias entre los socios comunitarios ya frustraron el intento
de fijar un impuesto a los gigantes de Internet en la UE, especialmente
por la oposición de Irlanda, que ofrece algunos de los tipos más bajos
del continente y es destino preferente para muchas multinacionales.
La introducción de la tasa se ha pospuesto precisamente a la espera de
encontrar una solución en la OCDE, a más tardar en 2020, para responder a
los temores de algunos países a perder atractivo como destino para las
grandes empresas frente a otras partes del mundo y a pesar de las
advertencias de las instituciones europeas y Estados, como Francia o
España, sobre la desigualdad que genera.
La discusión
en el seno de la OCDE gira en torno a dos pilares: el establecimiento
de un tipo mínimo común del impuesto de sociedades para evitar la
competencia a través de las rebajas de impuestos y la adaptación de las
normas fiscales a los nuevos modelos de negocio, que permiten operar en
un mercado sin presencia física y crear valor gracias a los usuarios.
Calviño defendió que para España el establecimiento de un tipo mínimo
en Sociedades en la UE es "indispensable" y subrayó que la competencia
fiscal perjudica la recaudación de las arcas públicas y es percibida
como una "injusticia" por los ciudadanos.
"No tiene
sentido estar hablando de un mercado interior y de libre circulación de
los factores de producción cuando tenemos sistemas fiscales, en un
factor tan móvil como son las sociedades, que puede encontrarse en una
carrera hacia abajo", insistió.
Sin embargo, esta
idea no genera consenso entre los países, que hoy se limitaron a
mencionar de modo "informal" algunas cifras, sin barajar un tipo
concreto que sería aceptable para todos, explicó Calviño.
En la misma dirección que España apunta la Comisión Europea, que de
cara al debate presentó a los ministros una "estrategia" que incide en
la "urgencia" de actualizar las normas tributarias y pide a cada Estado
que calcule el impacto que tendría sobre sus economías los cambios que
se vayan proponiendo.
Para el Ejecutivo comunitario,
se deben perseguir tres objetivos: diseñar un modo de decidir dónde
deben tributar las empresas teniendo en cuenta los nuevos modelos de
negocio, fijar un mínimo de tributación efectiva y garantizar un entorno
empresarial estable, que evite la doble imposición y distorsiones.
Sin embargo, el único acuerdo alcanzado por los países hoy es el de
colaborar, probablemente a través de un grupo de trabajo, para mantener
informados a los que no están en el G20.
Las
diferencias de los Veintiocho en materia fiscal, en todo caso, se
extienden más allá del ámbito digital: los ministros también fueron hoy
incapaces de pactar una reforma de las normas sobre impuestos especiales
al alcohol.
El principal punto de discordia tiene
que ver con el alcohol producido en los hogares para consumo privado,
donde los Estados no se ponen de acuerdo en la cantidad máxima que se
puede destilar sin pagar el impuesto.
Una de las
propuestas que se puso sobre la mesa planteaba que la exención del
impuesto o el tipo reducido solo se aplicase si se produce un máximo de
50 litros de licor de frutas al año, aunque el límite se elevaría a los
100 litros por hogar en Rumanía y Hungría, países con una importante
tradición de elaboración de estas bebidas.
Por otro
lado, también dentro de la reforma de estas normas, España defendió que
se mantenga el trato fiscal diferenciado al vino, que según las normas
actuales puede quedar exento de impuestos especiales. Esa excepción se
incluyó en la propuesta que los ministros debatieron.
"España ha defendido la continuidad de la actual fiscalidad diferencial
según el tipo de producto, atendiendo a las distintas formas de
elaboración, tradiciones, culturas y formas de consumo. Se trata de un
asunto especialmente importante para el sector vitivinícola, de gran
relevancia en nuestro país", declaró Calviño.
Los ministros seguirán buscando un acuerdo en próximas reuniones.
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