LONDRES.- Las negociaciones del Brexit, hasta hace pocos días el evento
más relevante para el futuro de la economía del Reino Unido, han
quedado congeladas ante la apremiante crisis del coronavirus, mientras aumentan las especulaciones sobre una extensión del periodo de transición más allá del 31 de diciembre.
Esta semana estaba previsto que comenzara la segunda ronda de diálogo
entre Londres y Bruselas para cerrar los detalles de la futura relación
entre ambos lados del canal de la Mancha, pero ambas partes han optado
por posponerla.
El Gobierno británico ha resaltado que continúa comprometido con el plazo marcado para alcanzar un acuerdo,
aunque cada vez son más las voces que ponen en duda la viabilidad de
ese objetivo y sugieren que la posibilidad de una prórroga va a estar
sobre la mesa en los próximos meses.
Ambos equipos están valorando la posibilidad de continuar las conversaciones por medio de videoconferencia, pero por ahora no se ha optado por esa vía.
Anoche, se intercambiaron los borradores legales sobre los que
pensaban trabajar en conjunto estos días y una portavoz del Ejecutivo
británico indicó que esperan más contactos la próxima semana, sin
ofrecer otros detalles.
Más allá de las dificultades para negociar cara a cara, la nueva
relación comercial que previsiblemente se establecerá requerirá cambios
sustanciales en el modo de funcionar de las empresas, tanto británicas
como europeas, que precisamente por la crisis del coronavirus tienen
ahora más difícil cualquier adaptación.
La epidemia, además, consume recursos en prácticamente todos los
ministerios del Gobierno británico, lo que dificulta que puedan dedicar
los esfuerzos previstos para una negociación amplia y compleja.
El portavoz oficial del primer ministro, Boris Johnson, ha recalcado que “no es cierto” que el Ejecutivo esté considerando una extensión del plazo, aunque diversos funcionarios han indicado al diario Financial Times que la fecha del 31 de diciembre ya no parece tan inamovible como hasta ahora.
“Si no podemos continuar con las negociaciones de manera adecuada,
entonces estamos ante un mundo distinto”, indicó a ese diario un alto
funcionario.
El acuerdo de salida de la UE aprobado tanto por el Parlamento británico como por la Eurocámara estipula que Johnson debe decidir en junio si pide una extensión del periodo de transición,
el plazo en el que el Reino Unido sigue vinculado a las estructuras del
bloque comunitario, aunque oficialmente ya no pertenece a él.
En caso de llegar a la fecha límite del 31 de diciembre sin haber
firmado una nueva relación bilateral ni una extensión, se produciría un
escenario similar al de un Brexit sin acuerdo, lo que amenazaría con
dañar las economías de ambos lados del canal.
A pesar de las dificultades para seguir avanzando, el Gobierno británico recalca que mantiene su voluntad de “considerar modos alternativos para continuar el diálogo” y está explorando maneras de “flexibilizar la estructura” de las negociaciones.
“Tenemos confianza en que esto se puede hacer y, la verdad, no creo
que retrasar las negociaciones del Brexit otorgue la certidumbre
necesaria en ambos lados del canal de la Mancha”, ha dicho el ministro
de Exteriores, Dominic Raab, en la Cámara de los Comunes.
En los pasillos del palacio de Westminster, sede del Parlamento, se valora la posibilidad de que la negociación pase a ser un diálogo continuo a través de métodos telemáticos, en lugar de basarse en encuentros periódicos.
El plan inicial era celebrar reuniones cada dos semanas en Londres y
Bruselas, de manera alternativa, y el pasado día 2 se sentaron por
primera vez frente a frente el negociador comunitario, Michel Barnier, y
el británico, David Frost.
Esa primera reunión sirvió para constatar las significativas
diferencias con las que se iniciaron los contactos, en particular en
aspectos como los derechos pesqueros de los comunitarios en aguas
británicas y las normas que deberá seguir el Reino Unido para asegurar
una competencia justa.
El futuro acuerdo no debe incluir solo aspectos como el intercambio
de mercancías y los arreglos arancelarios, sino también otras cuestiones
clave como el acceso de las firmas de servicios financieros, los
derechos de aviación y aspectos de la seguridad compartida.
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