BUENOS AIRES.- El
presidente de Argentina, Alberto Fernández, dispuso este jueves la
desclasificación de toda la documentación relacionada con el atentado
perpetrado en 1994 contra la sede de la Asociación Mutual Israelita
Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos y aún permanece impune.
Fernández
ordenó mediante un decreto presidencial publicado hoy en el Boletín
Oficial la "desclasificación absoluta de la totalidad de la información y
documentación relacionada con el atentado perpetrado contra la AMIA, su
encubrimiento y delitos conexos existente en todas las dependencias de
la Administración Pública Nacional".
El
decreto otorga el carácter de "público" a toda la información brindada
desde el Estado para los procesos judiciales que ya cuentan con
sentencia, aunque resguardando la identidad de los agentes que
declararon en los procesos.
También
quedará exceptuada la información relativa a representantes de otros
países, en particular sobre la identidad de los agentes de inteligencia
extranjeros.
Fernández
había anticipado la medida durante su discurso de apertura de las
sesiones ordinarias de la Asamblea Legislativa el pasado 1 de marzo.
Tras
"26 años del atentado a la AMIA, ordenaré a la Agencia Federal de
Inteligencia (AFI, servicio secreto) desclasificar los testimonios
secretos brindados por agentes de inteligencia en los juicios en los que
fuera investigado el hecho y la responsabilidad de funcionarios del
Estado en el encubrimiento del mismo", dijo el domingo el mandatario.
El
ataque explosivo al centro comunitario judío ubicado en el céntrico
barrio de Once de Buenos Aires fue el peor atentado que sufrió Argentina
en su historia y es atribuido por la Justicia al entonces Gobierno
iraní y al partido libanés Hizbulá, aunque aún no se ha dictado
sentencia.
Ocurrió dos años después del atentado contra la embajada de Israel en la capital argentina, con un saldo de 29 muertos.
La
Justicia argentina atribuye la autoría del ataque a la AMIA a Irán, con
el expresidente Akbar Hasemí Rafsanyani, fallecido en enero de 2017, y
el exministro de Exteriores Alí Akbar Velayatí entre los sospechosos,
pero aún no se ha logrado la detención de los imputados.
El
decreto firmado por Fernández subraya que mantener documentos
clasificados de carácter no público relacionados con el accionar de los
organismos de inteligencia o de cualquier organismo vinculado a la
investigación del atentado "resulta contrario a la búsqueda de la
verdad".
"Resulta
imperioso comenzar un trabajo definitivo sobre la información
relacionada al citado atentado y su encubrimiento, disponiendo medidas
de carácter urgente, a fin de impulsar un proceso de transparencia y
publicidad en el manejo de información existente en el ámbito estatal",
sostiene la norma.
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