TORONTO.- La Organización para la Cooperación y
el Desarrollo Económicos (OCDE) expresó hoy su "preocupación" por las
acusaciones de interferencia contra el Gobierno del primer ministro
canadiense, Justin Trudeau, en el enjuiciamiento de la constructora
SNC-Lavalin.
La OCDE señaló en un comunicado que el
grupo de trabajo sobre corrupción de la organización "está preocupado
por las recientes denuncias de interferencia en el enjuiciamiento de
SNC-Lavalin", empresa que está acusada de sobornar a funcionarios libios
para obtener un contrato en el país norteafricano.
El organismo internacional añadió que "vigilará de forma
estrecha" la información que proporcione Canadá sobre el caso y que ha
enviado a las autoridades canadienses una carta "confirmando sus
preocupaciones".
Canadá firmó en 1999 la Convención
Antisoborno de la OCDE, lo que compromete al país norteamericano a
cumplir el tratado "que requiere la independencia de enjuiciamiento en
casos de soborno en el extranjero", señaló la OCDE.
"Además,
factores políticos como los intereses económicos nacionales del país y
la identidad de los acusados no deben influir en las investigaciones y
enjuiciamientos de sobornos en el extranjero", añadió el organismo.
El
caso de SNC-Lavalin ha provocado la dimisión de dos ministras del
Gobierno de Trudeau, que dijeron haber estado en desacuerdo con las
acciones de su gabinete para intentar favorecer a la mayor constructora
del país.
SNC-Lavalin ha sido acusada por la Policía
Montada canadiense de pagar sobornos a altos funcionarios del
desaparecido régimen libio de Muamar el Gadafi, incluido uno de los
hijos del dictador, para conseguir un contrato de 58 millones de dólares
canadienses (unos 43,5 millones de dólares) en Libia.
La
constructora, Trudeau y otros ministros de su gabinete quieren que la
Fiscalía canadiense ofrezca a la compañía un acuerdo de enjuiciamiento
diferido, que evitaría que la empresa sea excluida durante 10 años de
contratos públicos federales en Canadá.
La Fiscalía ha decidido que SNC-Lavalin no cumple las condiciones para recibir la oferta de acuerdo.
La
que fue ministra de Justicia y fiscal general de Trudeau, Jody
Wilson-Raybould, declaró en febrero ante el comité de Justicia del
Parlamento que durante meses fue presionada por Trudeau y algunos de sus
más cercanos colaboradores para que reconsiderase la decisión de la
Fiscalía.
Wilson-Raybould y Jane Philpott, quien fue
ministra del Tesoro, dimitieron por la respuesta de Trudeau a las
acusaciones de presiones e interferencia política.
Trudeau
y otros altos funcionarios han negado las presiones, pero sí han
confirmado que creen que es necesario considerar las implicaciones
económicas y laborales de una posible condena por corrupción contra
SNC-Lavalin, que emplea 9.000 personas en Canadá.
El
comunicado de hoy de la OCDE deja claro que, según la Convención
Antisoborno que Canadá ha suscrito, esas consideraciones no deben ser
parte del proceso de toma de decisión sobre el enjuiciamiento de
SNC-Lavalin.
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