BUENOS AIRES.- La
resolución de la crisis de la deuda es de vital importancia para la
Argentina para poder atender otros problemas que "desde el punto de
vista social son mucho más graves como la pobreza, el desempleo y sumar
diez años sin mejorar el nivel de vida", afirma el economista argentino
Miguel Kiguel.
"Todos
esos problemas requieren financiamiento e inversión y mientras el país
esté en 'default' o no pueda conseguir plata y estemos todos ahí
temblando (por) si se paga o no se paga el próximo vencimiento de deuda,
el país está en una situación en la que no se puede crecer", alerta el
experto en Buenos Aires.
Con
más de un tercio de la población bajo la línea de pobreza, un desempleo
que ronda el 10 % y una economía en recesión desde abril de 2018, el
presidente Alberto Fernández lanzó la emergencia pública con medidas
urgentes para aliviar la situación de los sectores más vulnerables y
ahora se apresta a sentarse a negociar con los acreedores.
"La
reestructuración de la deuda es una condición necesaria para que la
Argentina vuelva a crecer porque uno de los problemas que tiene
Argentina es que no tiene ahorros para financiar la inversión que
necesita por ejemplo en infraestructura, en petróleo y gas. El problema
más serio es que hoy no hay financiamiento para las empresas argentinas y
eso paraliza la economía", sostiene Kiguel.
La
deuda bruta total de Argentina es de 323.177 millones de dólares, según
los datos preliminares de la Secretaría de Finanzas de diciembre
pasado, mientras que la deuda externa total asciende a 276.686 millones
de dólares de acuerdo a las cifras oficiales de septiembre pasado.
El
también expresidente del Banco Hipotecario y exsubsecretario de
Financiamiento estimó que Argentina afronta este año vencimientos de
deuda por unos 40.000 millones de dólares, cerca del 10 % de su Producto
Interior Bruto (PIB) y por ello urge el apuro por llegar a un acuerdo
con los acreedores.
El
fantasma del "default" merodea en la mente de los argentinos, que aún
mantienen frescos los recuerdos de fines de 2001, cuando Argentina
declaró el cese de pagos por más de 100.000 millones de dólares,
entonces el mayor de la historia, en medio de una profunda crisis
social, económica y política.
El
Gobierno de Fernández anunció un cronograma para la reestructuración de
la deuda, que denominó plan de restauración de la sostenibilidad de la
deuda externa, que finalizará el 31 de marzo próximo.
"La
sensación que uno tiene por experiencia, por haber visto muchas
reestructuraciones de países y empresas, es que los procesos se tienden a
atrasar. Argentina puso un cronograma muy ambicioso, pero lo cierto es
que es muy difícil de cumplir porque para poder llegar al 31 de marzo
todo tiene que salir perfecto", advierte Kiguel, quien también trabajó
como economista principal del Banco Mundial.
La
tensa negociación de la provincia de Buenos Aires, motor productivo de
la Argentina, con sus acreedores para postergar tres meses el pago de un
bono por 250 millones de dólares, se convierte en un punto de
referencia para el marco nacional.
"Lo
que pasa con la provincia de Buenos Aires es muy importante para
entender un poco cómo puede ser la negociación con los bonistas cuando
venga la pelea en serio por la reestructuración de la deuda (nacional).
Se piensa que es un caso testigo y puede ser un llamado de atención para
todo el proceso", alerta Kiguel.
La
Administración de Fernández tiene ahora por delante la negociación de
más de 30 bonos emitidos bajo legislación de Estados Unidos, Europa y
Japón.
"No
es fácil porque en general el Gobierno hace una oferta y después los
bonistas tienen que aceptar, no es obvio que los bonistas vayan a
aceptar la primera oferta que haga Argentina, seguramente habrá idas y
vueltas. De igual forma yo creo que la negociación se va a completar en
algún momento entre la primera mitad del año o en el peor de los casos
en el tercer trimestre de este año", estima el experto.
Aún no hay información sobre la propuesta que realizará el Gobierno argentino a los acreedores.
Kiguel
señala que como "Argentina tiene un programa con el Fondo Monetario
Internacional (FMI), éste suele pedir que haya quita en las
negociaciones para asegurarse que él cobre primero, y eso hace pensar
que habrá algún tipo de quita".
En
medio de la crisis de 2018, el FMI realizó un salvataje financiero y le
otorgó al entonces Gobierno del conservador Mauricio Macri (2015-2019)
un préstamo por 56.300 millones de dólares, de los cuales ha
desembolsado unos 44.000 millones, y que Argentina deberá comenzar a
pagar en 2021.
"Esto
va a ser un esfuerzo compartido entre Argentina, que va a tener que
mostrar voluntad de pago haciendo una reducción de déficit fiscal para
generar recursos para poder pagar los intereses, por ejemplo, y de los
acreedores que van a tener que aceptar algún tipo de quita que puede ser
en capital, en intereses o en las dos cosas", estima.
Las
negociaciones con el FMI tendrán asimismo mucho peso en la
reestructuración de la deuda porque, según afirma el economista, el
organismo multilateral suele fijar condiciones tales como un ajuste
fiscal y reformas estructurales e impositivas.
"En
muchas reestructuraciones en el ámbito internacional, como en Jamaica,
Uruguay, Grecia y Ucrania, ese auditor fue el Fondo Monetario
Internacional, por lo cual es difícil lograr un acuerdo en el que el FMI
esté totalmente marginado", advierte el experto.
Kiguel
pone también el acento en la urgencia social, aunque reconoce que el
Gobierno de Fernández, al ser peronista, "tiene mucho más manejo de la
calle".
"Acá
hay un límite a la paciencia: la gente entiende que la situación es
difícil y lleva tiempo arreglarla pero que si el Gobierno no la
resuelve, no empieza a dar soluciones, no digo mañana sino que durante
2020 empiece a verse algún tipo de mejora social, algún tipo de
perspectivas de crecimiento, de trabajo, al Gobierno se le va a hacer
cuesta arriba el manejo de la política económica", concluye.
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