SAN SALVADOR.- La Asamblea Legislativa de El Salvador condenó este lunes el "intento de golpe" de Estado encabezado por el presidente del país, Nayib Bukele, quien irrumpió en este órgano de Estado el domingo con militares y policías provistos de fusiles de asalto.
"Por supuesto que hubo un intento de golpe de Estado, intento de disolver la Asamblea Legislativa", dijo en rueda de prensa el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce.
Ponce hizo pública la condena en nombre de los 84 diputados, incluidos los parlamentarios del oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), al salir de una reunión privada de más de cinco horas, con los líderes de cada partido político que integran el Congreso.
"La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, por unanimidad, rechaza y condena enérgicamente la invasión de que fuera víctima el domingo 9 de febrero", añadió.
"Por supuesto que hubo un intento de golpe de Estado, intento de disolver la Asamblea Legislativa", dijo en rueda de prensa el presidente del órgano legislativo, Mario Ponce.
Ponce hizo pública la condena en nombre de los 84 diputados, incluidos los parlamentarios del oficialista Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA), al salir de una reunión privada de más de cinco horas, con los líderes de cada partido político que integran el Congreso.
"La Asamblea Legislativa de la República de El Salvador, por unanimidad, rechaza y condena enérgicamente la invasión de que fuera víctima el domingo 9 de febrero", añadió.
Con dicha
declaración, el Parlamento tilda oficialmente de "intento de golpe" la
irrupción militar de Bukele. Este es un hecho inédito
desde que El Salvador ingresó a la vida democrática tras décadas de
dictadura militar y una guerra civil de 12 años (1980-1992).
Ponce, miembro del Partido de Concertación Nacional (PCN), pidió al fiscal general, Raúl Melara, que investigue lo ocurrido, al tiempo que criticó la su actuación, que calificó de "pasiva".
Ponce, miembro del Partido de Concertación Nacional (PCN), pidió al fiscal general, Raúl Melara, que investigue lo ocurrido, al tiempo que criticó la su actuación, que calificó de "pasiva".
"Los graves hechos ocurridos en este órgano del
Estado deben ser investigados exhaustivamente por parte de la Fiscalía con el fin de deducir responsabilidades y llevar ante la Justicia a los responsables", sostuvo.
También lamentó la "tibia y sesgada reacción" del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. El secretario de la OEA publicó el sábado, cuando la crisis política salvadoreña comenzaba a tomar forma, que había conversado con la canciller salvadoreña, Alexandra Hill.
Almagro sostuvo en en su cuenta de Twitter que Hill le manifestó el "respeto del Gobierno de su país por (la) Constitución e institucionalidad", sin mayores detalles.
También lamentó la "tibia y sesgada reacción" del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro. El secretario de la OEA publicó el sábado, cuando la crisis política salvadoreña comenzaba a tomar forma, que había conversado con la canciller salvadoreña, Alexandra Hill.
Almagro sostuvo en en su cuenta de Twitter que Hill le manifestó el "respeto del Gobierno de su país por (la) Constitución e institucionalidad", sin mayores detalles.
El Congreso salvadoreño también pidió a las Naciones Unidas
y a la OEA a "activar los mecanismos necesarios que permitan dar
seguimiento a la crisis institucional generada por el Ejecutivo".
El Gabinete de Bukele llamó el viernes a los diputados a una sesión extraordinaria para votar por un préstamo de 109 millones de dólares para planes de seguridad y señaló que, de no asistir, estarían rompiendo el orden constitucional y se podría dar una insurrección.
Escoltado por militares con rifles de asalto y por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Congreso salvadoreño para exigir a los diputados la aprobación de un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, llamando, incluso, a la insurrección popular.
A primeras horas de este domingo un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por militares y policías, fue desplegado en la sede de la Asamblea Legislativa a donde llegaron miles de personas coreando “¡Insurrección, insurrección, insurrección!”.
Bukele dio inicio a una sesión extraordinaria sobre un préstamo para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial, lanzado en junio del año pasado, pero la asamblea no pudo ser posible por la falta de quórum, ya que solo se presentaron 20 diputados de los 84 que componen el Parlamento.
Bukele ofreció una oración desde el asiento del presidente del Congreso, Mario Ponce -que no acudió a la convocatoria-, y luego salió del salón legislativo ante la imposibilidad de establecer la sesión, para luego dirigirse a una multitud que lo esperaba en una de las entradas del Parlamento.
“Los diputados hoy han roto el control constitucional al no venir a la Asamblea Legislativa, ellos son los que desobedecen un mandato del Consejo de Ministros, ellos no son la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) para interpretar la Carta Magna”, dijo el gobernante a los que acudieron a la sede del Congreso.
El presidente subrayó que si este martes los diputados, convocados a sesión plenaria, “no aprueban el préstamo el Consejo de Ministros los va a volver a citar y si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución”.
Dicho artículo “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección”, para “restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución”.
El Gobierno atribuye al Plan Control Territorial la baja de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que Bukele asumió la presidencia y en el que fue lanzada dicha iniciativa.
El Gabinete de Bukele llamó el viernes a los diputados a una sesión extraordinaria para votar por un préstamo de 109 millones de dólares para planes de seguridad y señaló que, de no asistir, estarían rompiendo el orden constitucional y se podría dar una insurrección.
Escoltado por militares con rifles de asalto y por agentes de la Policía Nacional Civil (PNC), el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, irrumpió este domingo en el Congreso salvadoreño para exigir a los diputados la aprobación de un polémico préstamo para financiar un plan de seguridad contra las pandillas, llamando, incluso, a la insurrección popular.
A primeras horas de este domingo un fuerte dispositivo de seguridad, integrado por militares y policías, fue desplegado en la sede de la Asamblea Legislativa a donde llegaron miles de personas coreando “¡Insurrección, insurrección, insurrección!”.
Bukele dio inicio a una sesión extraordinaria sobre un préstamo para financiar la tercera fase del Plan Control Territorial, lanzado en junio del año pasado, pero la asamblea no pudo ser posible por la falta de quórum, ya que solo se presentaron 20 diputados de los 84 que componen el Parlamento.
Bukele ofreció una oración desde el asiento del presidente del Congreso, Mario Ponce -que no acudió a la convocatoria-, y luego salió del salón legislativo ante la imposibilidad de establecer la sesión, para luego dirigirse a una multitud que lo esperaba en una de las entradas del Parlamento.
“Los diputados hoy han roto el control constitucional al no venir a la Asamblea Legislativa, ellos son los que desobedecen un mandato del Consejo de Ministros, ellos no son la Sala de lo Constitucional (de la Corte Suprema de Justicia) para interpretar la Carta Magna”, dijo el gobernante a los que acudieron a la sede del Congreso.
El presidente subrayó que si este martes los diputados, convocados a sesión plenaria, “no aprueban el préstamo el Consejo de Ministros los va a volver a citar y si aún así no lo aprueban, el pueblo deberá poner en práctica el artículo 87 de la Constitución”.
Dicho artículo “reconoce el derecho del pueblo a la insurrección”, para “restablecer el orden constitucional alterado por la transgresión de las normas relativas a la forma de gobierno o al sistema político establecidos, o por graves violaciones a los derechos consagrados en la Constitución”.
El Gobierno atribuye al Plan Control Territorial la baja de los homicidios desde junio de 2019, mes en el que Bukele asumió la presidencia y en el que fue lanzada dicha iniciativa.
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