NUEVA YORK.- Hay
algunas lecciones que aprender del último acuerdo de Puerto Rico con
sus acreedores –el cual indica el comienzo del fin de la bancarrota de
la isla– y ninguna de ellas es buena para los tenedores de bonos.
El
plan, anunciado el domingo por la noche, recortaría el capital
pendiente de la deuda de obligación general de 17.800 millones de dólares a 10.700 millones. Este fue un mejor trato para los tenedores de bonos
que la propuesta original de la junta de supervisión financiera (los
precios de algunos de los bonos subieron el lunes), pero no amerita
abrir la champaña.
Primero,
para un municipio in extremis, Puerto Rico muestra nuevamente que las
sutilezas legales ya no aplican. Algunos administradores de dinero
respaldaron a Puerto Rico cuando ofreció bonos de obligación general con
intereses de 8% en 2014, y algunos fondos de cobertura estaban ansiosos
por quitarle bonos de las manos a medida que la crisis financiera de la
isla se profundizaba. Su razonamiento era simple: ¡garantías
constitucionales!
Pensé
que debía haber algo más detrás de su caso alcista, pero no. Hicieron
sus apuestas sobre las estructuras legales de la deuda de la isla, y
siguieron hablando de eso mucho después de que tal discusión fuera
simple.
Pero
como lo demostró la bancarrota de Detroit en 2013, un municipio en
serios problemas no solo se quedará allí y será desollado por sus
acreedores. Demostró que los tenedores de bonos ya no eran una clase tan
privilegiada, sino que compartirían el dolor. Puerto Rico simplemente
enfatiza la lección.
En
segundo lugar, Wall Street es un facilitador. En ningún momento de esta
triste historia los bancos de la nación le dijeron a Puerto Rico: no
más. A los banqueros se les paga por hacer lo que los políticos quieren,
y eso casi siempre será más dinero por un poco más de tiempo.
Hemos
recorrido un largo camino desde que un grupo de bancos le dijo a la
ciudad de Nueva York que no le prestarían más dinero, precipitando así
la crisis financiera de la ciudad en 1975. Hemos avanzado aún más de lo
que sucedió después: el estado estableció una junta de control
financiero para hacer lo que los funcionarios de la ciudad no podían
hacer, y eso es despedir al 25% de los empleados públicos de la ciudad
durante los próximos cinco años (uso datos de Citizens Budget
Commission, que muestran que la ciudad de Nueva York tenía 260.155
empleados en 1975 y 195.563 en 1980). Además, la ciudad cumplió con su
deuda.
Tercero:
puede tener demasiada deuda. A medida que avanzaba año tras año en la
década de 2000, ciertos observadores notaron cuán rápida y
peligrosamente aumentaba la carga de la deuda de Puerto Rico, como se
muestra en uno de los documentos primarios del mercado municipal, el
informe anual Medianas de la Deuda Estatal de Moody’s Investors Service.
Esta
hermosura tiene una columna titulada “Deuda neta respaldada por
impuestos per cápita”, y en 2000, por ejemplo, mostraba a Hawái con la
mayor deuda, en US$3.054, para los 50 estados. Pero en Puerto Rico, que
figura en la lista con fines de comparación, era mucho más alta, en 4.180dólares.
En
el informe de 2015, la última vez que se incluyó a Puerto Rico,
Connecticut volvió a estar en la cima con 5.491. Puerto Rico: 15.637.
Ese
es el mismo año en que el gobernador Alejandro García-Padilla anunció
en la portada del New York Times: “La deuda no se puede pagar”.
Finalmente,
el mercado no tiene memoria. Sin duda, el estado libre asociado volverá
al mercado con nuevos bonos, y sin duda los inversores simplemente los
devorarán. No esperen que pague una gran cantidad de penalización en
rendimiento.
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