Una Corte de Apelaciones de California suspende una orden previa versus política de asilo de Trump

SAN DIEGO.- Un panel de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito suspendió el viernes por unanimidad una orden que había emitido horas antes para bloquear una disposición crucial de una política del gobierno del presidente Trump que obliga a solicitantes de asilo a esperar en México mientras sus casos se resuelven en tribunales en Estados Unidos.

El panel de tres jueces ha indicado al gobierno que presente argumentos escritos a más tardar el lunes y a los demandantes que respondan a más tardar el martes.

El Departamento de Justicia dijo que al menos 25.000 solicitantes de asilo a los que abarca esa política esperan en la actualidad en México y manifestó sus “preocupaciones enormes e irreversibles de seguridad nacional sobre la seguridad pública”.

Los abogados del gobierno dijeron que los abogados de inmigración habían comenzado a exigir que se permita a los solicitantes de asilo permanecer en Estados Unidos. Uno había insistido en que se autorice a 1.000 personas ingresar por una sola parte.

“El restablecimiento de la orden de restricción por parte de la corte causa a la ciudadanía y al gobierno de Estados Unidos perjuicios importantes e irreparables a la seguridad fronteriza, la seguridad pública, la salud pública, y las relaciones diplomáticas”, escribieron los abogados del Departamento de Justicia.

Aduanas y Protección Fronteriza había comenzado a dejar de procesar a las personas en conformidad con la política.

Un panel de tres jueces de la Corte de Apelaciones del Noveno Circuito asestó el revés al gobierno, aunque podría ser temporal si este impugna el fallo ante la Corte Suprema federal, que ha apoyado sistemáticamente las políticas de inmigración y seguridad fronteriza del mandatario. Chad Wolf, secretario interino de Seguridad Nacional, dijo que se coordinaba con el Departamento de Justicia para “apelar de manera expedita esta inexplicable decisión”.

El programa “Permanecer en México”, llamado oficialmente “Protocolos de Protección a Migrantes”, entró en vigor en enero de 2019 en San Diego y gradualmente se ha extendido a lo largo de la frontera sur. Casi 60.000 personas han sido regresadas para que aguarden una audiencia, y las autoridades creen que es una razón de peso por la que los cruces fronterizos ilegales disminuyeron aproximadamente 80% en comparación con los detectados en mayo, cuando registraron su nivel máximo en 13 años.

Los activistas y los abogados de inmigrantes, que llevan meses forcejeando con el gobierno por un programa que consideran un desastre humanitario que somete a cientos de migrantes a la violencia, secuestros y extorsiones en ciudades fronterizas peligrosas en México, reaccionaron rápidamente a la decisión. Cientos más han estado viviendo en campamentos miserables justo al otro lado de la frontera mientras aguardan su fecha para comparecer ante la corte.

Los activistas planeaban que los migrantes cruzaran el viernes la frontera inmediatamente y presentaran el fallo de la corte a las autoridades fronterizas, y que el grupo Human Rights First entregue una copia a los agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos en un puente que conecta Laredo, Texas, y Nuevo Laredo, México. Los abogados prevén que sus clientes se presenten ante jueces de la corte migratoria en Estados Unidos.

Debido al fallo, algunos casos se han frenado en la corte. El juez de inmigración Philip Law, en San Diego, aplazó hasta el 17 de abril una última audiencia sobre un caso de asilo de un hondureño porque una abogada del gobierno no pudo responderle sus preguntas sobre los alcances del fallo, el cual deja temporalmente sin efecto la política durante las apelaciones. La abogada del gobierno dijo haber consultado a su supervisor cómo se atendería el fallo y que él tampoco supo qué hacer.

En El Paso, un administrador se presentó a informar del fallo a un juez que veía el caso de una madre centroamericana y su pareja. El hombre y la mujer lloraron al enterarse que podrían entrar en Estados Unidos sin restricciones. La pareja y sus dos hijos chicos quedarán bajo detención del gobierno y no tendrán que regresar a Ciudad Juárez, México.

“¿Ustedes entienden eso?”, preguntó Herbert mediante un intérprete. “Hubo un cambio bastante significativo en la ley mientras ustedes daban su testimonio”.