SAN SALVADOR.- El
presidente Nayib Bukele informó el viernes que vetó la ley de
reconciliación nacional aprobada esta semana por la Asamblea Legislativa
salvadoreña porque --asegura-- deja en la impunidad los crímenes de
lesa humanidad cometidos durante la guerra civil.
El
mandatario ya había advertido que no sancionaría ninguna ley que no
contenga tres elementos fundamentales para que sea justa y
constitucional: Verdad, Reparación y Justicia.
“Esta
ley Especial de Justicia Transicional, Reparación y Reconciliación
Nacional es un fraude de ley desde su nombre, porque es una simple
amnistía para desaparecer las penas para los que cometieron crímenes de
guerra”, dijo el mandatario en conferencia de prensa en Casa
Presidencial.
“Esta
nueva ley es una impunidad de facto. Esto no es solo inconstitucional,
sino que además viola acuerdos y tratados internacionales”, agregó el
mandatario.
La
Ley fue aprobada por 44 de los 84 diputados de la Asamblea Legislativa.
Once votaron en contra, uno se abstuvo. Los 23 parlamentarios del
izquierdista Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN)
se mantuvieron en silencio; no la apoyaron, pero no la rechazaron, y
cinco legisladores estuvieron ausentes a la hora de la votación.
Para que una ley entre en vigencia debe ser sancionada por el presidente de la República.
Ahora la norma en cuestión regresará a la Asamblea Legislativa, pero se necesitan 56 votos para superar el veto presidencial.
Después
de conocer el veto presidencial, el diputado del FMLN, Jorge Schafik
Handal, dijo en su cuenta oficial de Twitter que ellos no dieron sus
votos para aprobar la ley “porque deja una ventana abierta para que
exista amnistía”
“Esta
ley ya fue vetada, y si no hay votos para superar el veto, esa ley se
va al archivo y entonces hay que crear una ley común, ya no sería
justicia transicional y esa nueva ley será más drástica”, agregó.
En
julio de 2016 la Corte Suprema declaró inconstitucional una ley de
amnistía aprobada en 1993, cinco días después de haberse conocido el
informe de la Comisión de la Verdad de las Naciones Unidas, el cual
registró más de 22.000 denuncias de hechos de violencia ocurridos
durante la guerra civil de 1980 a 1992. Al declarar inconstitucional esa
ley, la Corte estableció que los crímenes de lesa humanidad nunca
prescriben, según el derecho internacional, por lo que no debe impedirse
su investigación y que se repare a las víctimas.
La
Corte también ordenó a la Asamblea Legislativa que elaborara antes de
julio de 2019 una nueva Ley de Reconciliación Nacional que garantizara
la verdad, la justicia y las reparaciones y que ofreciera garantías de
que esos delitos no se repetirán.
Bukele
sostuvo que con esta ley los diputados le ordenan al Ministerio Público
que mande al archivo crímenes de guerra y que no se puedan reabrir, “lo
cual viola el principio legal de que los crímenes de lesa humanidad no
prescriben”.
También
criticó que los diputados no hayan cumplido con el mandato de la Sala
de lo Constitucional de aprobar una ley que tuviera un compromiso de no
repetición de los hechos, “pero esta ley fomenta la impunidad, que es
todo lo contrario”.
Sostuvo
que los crímenes deben de responder con un castigo penal, “llamase
cárcel, y con una responsabilidad civil”, pero señaló que esta ley no
contempla ninguna indemnización pagada por el criminal acusado de
delitos de guerra y de lesa humanidad.
El
presidente del Congreso, Mario Ponce, defendió la aprobación de la ley
porque aseguró que cumple la sentencia de la Sala de lo Constitucional
en cuanto a reparación de las víctimas y la penalización de los crímenes
de lesa humanidad.
“Voté
por esta ley a pesar de que tiene imperfecciones”, manifestó a su vez
el diputado Raúl Beltrán del conservador parrido Concertación Nacional.
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