CARACAS.- Para
Yeri Guerra, vivir durante la crisis de Venezuela significa que a veces
se salta el desayuno para que sus dos hijos pequeños puedan comer antes
de ir a la escuela. Otros días, ninguno de ellos come.
"A
veces ellos no van al colegio porque yo no tengo para darles, para
hacerles el desayuno” y los deja en encerrados en casa, comentó.
Guerra,
una viuda de 39 años que vive en un barrio pobre de Caracas, no está
sola. Según una encuesta publicada recientemente por el Programa Mundial
de Alimentos (PMA) de Naciones Unidas, uno de cada tres venezolanos
tiene dificultades para poner sobre la mesa suficientes nutrientes
debido la severa contracción económica y su larga crisis política.
La
mayoría de los venezolanos tiene una dieta deficiente, pero a
diferencia de años recientes, cuando era provocada esencialmente por la
escasez de alimentos básicos, ahora la causa principal son los elevados
precios que se fijan de acuerdo a su costo en dólares. El sueldo mínimo,
que devenga la mayoría de los trabajadores, es de unos cuatro dólares
al mes.
Ahora
“comemos muchísimo menos”, indicó Guerra, que almuerza junto a sus dos
hijos más pequeños en un comedor de beneficencia cinco días a la semana.
Sus dos hijos mayores migraron a Colombia por la crisis.
El
dinero con el que suele contar para la cena apenas alcanza para comprar
un muslo de pollo que deben compartir los tres. Agregó que a veces no
come “para que alcance para ellos”, y que extraña comer “bien” y “en
familia”.
Un
sondeo a nivel nacional basado en 8.375 cuestionarios reveló el
perturbador escenario de un enorme número de venezolanos que sobreviven
con una dieta deficitaria, formada principalmente por tubérculos como
yuca y frijoles debido a que la hiperinflación en Venezuela ha minado su
poder de compra. Las proteínas como los huevos y la carne son lujos que
no están al alcance de todos.
Un
total de 9,3 millones de personas –casi un tercio de la población–
padecen inseguridad alimentaria moderada o severa, indicó el PMA en su
informe. La inseguridad alimentaria se define como la incapacidad de una
persona para obtener los requerimientos dietéticos básicos.
El
estudio indicó que es una preocupación en todo el país, aunque algunos
estados como Delta Amacuro, Amazonas y Falcón, que se cuentan entre los
más pobres, tienen niveles más altos.
Incluso en regiones más prósperas como Caracas se calcula que una de cada cinco personas padece dificultades para comer bien.
Wilfredo
Corniel, un sacerdote de la iglesia “San Miguel Arcángel” del barrio
“El Cementerio”, en el oeste de la capital venezolana, ha dicho que una
de las primeras cosas que notó al llegar al sector en 2016 fue que en
cada esquina --donde había basura apiñada, entre las cinco y seis de la
tarde-- la gente hurgaba en los desechos en “busca de comida”.
Un
día, frente a una carnicería, aseguró que vio “un perro peleando con un
señor por un hueso”.
Eso motivo al joven párroco a darle de comer a los
hambrientos, incluso olvidar las penitencias de la cuaresma, en uno de
los barrios más pobres y violentos del país.
El
párroco --con ayuda de vecinos y comerciantes-- reparte un plato de
comida cinco días a la semana a cerca de 150 personas, en su mayoría
niños y ancianos.
A
Corniel le preocupa principalmente que la inseguridad alimentaria tenga
un impacto permanente en esa generación que sufre hambre a temprana
edad.
“El
grupo más vulnerable son los niños”, lo que puede desembocar en muchos
problemas como bajo rendimiento académico, desnutrición, problemas de
crecimiento y en su futura reproducción, acotó.
El estudio de PMA fue realizado excepcionalmente a invitación del gobierno de Venezuela.
La
administración del presidente Nicolás Maduro se ha mostrado mayormente
renuente en los últimos años a invitar a las organizaciones
internacionales a evaluar la situación humanitaria en su país. El PMA
aseguró que se le brindó “completa independencia” y recabó los datos en
el país “sin ningún tipo” de restricciones.
El
organismo de Naciones Unidas “espera continuar su diálogo con el
gobierno venezolano y proseguir conversaciones que se enfocarán en el
camino a seguir para brindar asistencia a aquellos en inseguridad
alimentaria”, indicó en un comunicado.
El gobierno de Maduro no ha hecho declaraciones sobre los resultados del estudio.
El
problema parece centrarse más en la dificultad para obtener alimentos
que en su disponibilidad. Siete de cada diez personas reportaron que
siempre es posible localizarlos, pero indicaron que es complicado
adquirirlos debido a los altos precios.
Un 37% reportó que han perdido
su trabajo o su negocio debido a la severa contracción económica de
Venezuela.
El
país ha estado sumido en una crisis política y humanitaria que ha
obligado a más de 4,5 millones de personas a irse en los últimos años.
Maduro ha logrado sostenerse en el poder y mantener el respaldo de los
militares a pesar de los intentos del líder opositor Juan Guaidó por
derrocarlo y de las crecientes sanciones de Estados Unidos.
Maduro
repetidamente culpa al gobierno del presidente estadounidense Donald
Trump de la situación en su país y su gobierno ha instado a la Corte
Internacional de Justicia a iniciar una investigación argumentando que
las sanciones financieras están provocando sufrimiento e incluso la
muerte.
Sin embargo, los problemas del país para alimentar a sus
ciudadanos y brindar atención médica anteceden a las sanciones de
Washington.
“La
realidad venezolana cambia cada mes”, dijo Carolina Fernández, una
activista venezolana por los derechos humanos que trabaja con mujeres
vulnerables.
“La
inseguridad alimentaria ahora es peor, en parte por la dolarización de
la economía”, aseveró Fernández, destacando que el estudio se realizó en
el tercer trimestre del año pasado, cuando la venta de productos
cotizados en dólares no estaba tan extendida.
El
sondeo reveló que el 74% de las familias han cambiado sus hábitos
alimenticios para hacer frente al problema, que incluye reducir la
variedad y calidad de la comida que consumen.
El 60% de las familias
reportaron haber reducido sus porciones, el 33% indicó que han aceptado
alimento en pago a su trabajo y el 20% reportó haber vendido bienes
familiares para cubrir sus necesidades básicas.
“Estamos
hablando de clase media, media baja y clase baja, todos han tenido que
cambiar sus hábitos”, añadió la activista, acotando que los frecuentes
apagones y la interrupción en el suministro de gas y agua también ha
forzado el cambio en los hábitos alimenticios.
El
sondeo también examinó las interrupciones a los servicios de luz y
agua, encontrando que cuatro de cada diez familias sufren cortes diarios
en el servicio eléctrico. Igualmente, el 40% reportó interrupciones
recurrentes en el abasto de agua, lo que complica aún más la vida
diaria.
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