OTTAWA.- Canadá anunció el lunes
una cuarta ronda de sanciones contra funcionarios de Venezuela, incluido
su canciller Jorge Arreaza, en respuesta a lo que describió como
persistentes "acciones antidemocráticas" del gobierno del presidente
Nicolás Maduro, una decisión que Caracas repudió.
Las 43 personas a
las que apuntan las nuevas medidas, que incluyen congelaciones de
activos y prohibiciones de transacciones, son "responsables del
deterioro de la situación en Venezuela", dijo la ministra de Relaciones
Exteriores, Chrystia Freeland, en un comunicado.
Además de Arreaza, las sanciones alcanzan a otros
funcionarios de alto rango del gobierno de Maduro, como los ministros de
Economía, Simón Zerpa, y de Petróleo, Manuel Quevedo, también
presidente de la estatal petrolera PDVSA.
Asimismo, entre los
acusados de socavar las instituciones democráticas de Venezuela están
los gobernadores de los estados de Zulia, Apure, Vargas y Carabobo, y el
director del servicio de inteligencia (Sebin), Manuel Figuera.
Caracas
rechazó las nuevas medidas, acusando a Canadá de acompañar la "aventura
guerrerista" del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien
desde 2017 ha aumentado la presión de Washington contra el gobierno de
Maduro con una amplia batería de sanciones, entre ellas un embargo de
facto al crudo venezolano, que comenzará a regir el 28 de abril.
"Al
acompañar la aventura guerrerista y criminal de Donald Trump contra
Venezuela, el primer ministro (Justin) Trudeau ha anulado a Canadá como
un actor confiable para el diálogo", señaló la cancillería venezolana en
un comunicado
Con estos 43 sancionados, suman 113 los
funcionarios del gobierno de Venezuela objeto de medidas punitivas de
Canadá desde 2017, entre los que están el propio Maduro y su esposa
Cilia Flores, así como el ministro de Defensa, Vladimir Padrino.
Canadá
considera que el deterioro institucional en Venezuela comenzó tras las
elecciones democráticas de 2015, cuando la oposición arrasó en las
parlamentarias y posteriormente la justicia afín a Maduro despojó a la
Asamblea Nacional de sus poderes.
El gobierno canadiense sancionó
a 40 funcionarios en septiembre de 2017 y a otros 19 en noviembre de
ese año. La tercera tanda de sanciones, que afectó a otros 14
funcionarios, fue en mayo de 2018, luego de los cuestionados comicios en
que Maduro resultó reelecto hasta 2025.
La medida de Ottawa se
produce el mismo día en que el Grupo de Lima, un bloque de países
latinoamericanos y Canadá que busca una salida pacífica a la crisis
venezolana, se reunieron en Santiago para discutir la crisis política y
económica en la otrora potencia petrolera.
La cita concluyó con
"un llamado a la comunidad internacional para que se continúen adoptando
sanciones en contra del régimen ilegítimo de Maduro".
Los 11 países que firmaron la declaración exhortaron
además al resto del mundo "a poner a exclusiva disposición del gobierno
interino del presidente encargado Juan Guaidó los bienes pertenecientes
al pueblo venezolano en el extranjero, conforme al ordenamiento jurídico
de cada Estado".
Canadá y otros más de 50 países desconocen el
gobierno de Maduro por considerarlo resultado de elecciones
fraudulentas, y reconocen como única autoridad válida de Venezuela a
Guaidó, el jefe del Parlamento elegido en 2015, quien se declaró
presidente interino del país en enero con miras a "cesar la usurpación"
del mandatario y organizar nuevas elecciones.
Guaidó cuenta con
el apoyo en particular de Estados Unidos, mientras Maduro, aferrado al
poder con respaldo de los militares, es sostenido por Rusia y China.
El
jefe de la diplomacia estadounidense, Mike Pompeo, reiteró el domingo
los pedidos de Washington para que Maduro renuncie, al concluir una gira
por Sudamérica en la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con
Venezuela y escenario de la crisis migratoria que se generó en la región
por la huida de unos 3,7 millones de venezolanos en los últimos años,
según la ONU.
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