LONDRES.- Los
grupos de presión y diputados británicos que hacen campaña en favor de
un segundo referéndum sobre el "brexit" confían en que su propuesta
sumará nuevos apoyos cuando se hayan agotado otras opciones para tratar
de evitar una salida no negociada de la Unión Europea (UE).
El
principal movimiento que pide un plebiscito, denominado "People's Vote"
("Voto popular"), ha renunciado por ahora a presentar una enmienda en
el Parlamento que pueda forzar al Gobierno a convocar una nueva consulta
ante la falta de una mayoría de diputados que respalde esa vía.
Con
todo, parlamentarios laboristas como Chuka Umunna y conservadores como
Sarah Wollaston mantienen que una segunda votación es la mejor solución
para romper el bloqueo en el que se encuentra el proceso de salida del
bloque comunitario.
"Sabemos
que (un referéndum) es la segunda opción para mucha gente, no la
primera. Eso significa que solo vendrán cuando otras alternativas se
hayan agotado", señalo al diario The Guardian la diputada del Partido
Verde Caroline Lucas.
"Nos
estamos acercando al momento en el que aquello que estará sobre la mesa
es una salida sin acuerdo o bien un voto popular, y es entonces cuando
creo que veremos a mucha más gente uniéndose" a la campaña por un
referéndum, agregó la parlamentaria.
El
líder del Partido Laborista, Jeremy Corbyn, se ha mostrado contrario a
"celebrar otra vez el referéndum de 2016", en el que ganó el "brexit"
con el 51,9 % de los votos.
Su
negativa a respaldar oficialmente una consulta sobre la permanencia en
la Unión Europea llevó a los responsables de la campaña "People's vote" a
descartar presentar una enmienda parlamentaria en ese sentido: "En este
momento no saldrían los números", esgrimió Wollaston, quien ha mostrado
oficialmente su apoyo a la campaña y hace discursos en las
manifestaciones.
Corbyn
ha propuesto, en cambio, convocar un plebiscito en el que los
británicos puedan pronunciarse sobre un acuerdo del "brexit" que haya
recibido el respaldo del Parlamento, aunque sin la opción de que el
Reino Unido continúe en la UE.
Los
diputados británicos tendrán previsiblemente la oportunidad de volver a
posicionarse sobre los siguientes pasos a seguir a mitad de febrero,
cuando la primera ministra, la conservadora Theresa May, tiene intención
de volver a comparecer en la Cámara de los Comunes para detallar sus
planes.
La
jefa de Gobierno continúa tratando de convencer a Bruselas para reabrir
el acuerdo del "brexit" al que se llegó en noviembre a fin de eliminar
la cláusula de salvaguarda para evitar una frontera en Irlanda del
Norte, un mecanismo que rechazan los conservadores más euroescépticos.
El
descontento con ese mecanismo llevó a una amplia mayoría del Parlamento
británico a tumbar el pacto que había puesto May sobre la mesa el
pasado 15 de enero.
El
Gobierno británico ha sugerido esta semana que no descarta que el pulso
con Bruselas pueda mantenerse hasta pocos días antes de la fecha límite
para ratificar un tratado, el 29 de marzo, cuando el Reino Unido
materializará la ruptura con el bloque comunitario.
El
Ejecutivo ha avanzado que si se aprobara un acuerdo poco antes de es
fecha sería inevitable pedir un aplazamiento de la ruptura para tener
tiempo a aprobar diversas legislaciones secundarias.
El
diputado conservador Jacob Rees-Mogg, uno de los líderes de la facción
más euroescéptica del partido de la primera ministra, aseguró que le
parecería aceptable un retraso para cerrar los flecos legales del
"brexit", pero no para continuar con "negociaciones vacuas".
"Si
el acuerdo estuviera hecho pero se necesitara un poco más de tiempo
parlamentario, una corta extensión no sería imposible", afirmó el
parlamentario "tory".
Al
mismo tiempo, en los últimos días han continuado apareciendo alertas
desde diversos ámbitos sobre las consecuencias que tendría para el Reino
Unido una ruptura no negociada el próximo 29 de marzo.
Los
principales supermercados y cadenas de comida rápida como KFC y
McDonads han alertado de que un "brexit" abrupto causaría escasez de
alimentos y un aumento de los precios.
En
un documento interno del Ministerio de Transporte filtrado por el
diario The Times se advierte además de que el Gobierno podría afrontar
"impactos no anticipados" que aparecerían tras la ruptura y avanza que
las prioridades del Ejecutivo en ese caso serían "la asistencia social,
la sanidad, el transporte y la seguridad".
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