MADRID.- El pacto fiscal alcanzado entre España y el Reino Unido para reducir el
fraude y la evasión fiscal en Gibraltar tras el Brexit ha superado este
jueves su primer trámite parlamentario al rechazar el Congreso una
enmienda a la totalidad defendida por el ultraderechista Vox. La iniciativa de Vox, que ha
contado con el apoyo del escorado PP, ha sido rechazada por 201 votos contra 138 y
7 abstenciones.
Así pues, el Acuerdo Internacional entre el España y el Reino Unido
en materia de fiscalidad, protección de los intereses financieros y
lucha contra el fraude y la evasión de impuestos en relación a
Gibraltar, que tiene rango de tratado internacional, pasará ahora a
comisión y deberá ser aprobado también por el Senado, por lo que según
cálculos de Exteriores su ratificación podría retrasarse hasta el
próximo mes de octubre.
El tratado fue firmado el pasado 4 de marzo de 2019 por el entonces
ministro de Asuntos Exteriores, Josep Borrell, y por el ministro de la
Presidencia británico, David Lidington, y es el primer acuerdo
internacional que suscriben España y el Reino Unido sobre Gibraltar
desde que, en 1713, se firmó el tratado de Utrech.
El Acuerdo, que consta de 9 artículos, tiene como principales
objetivos eliminar el fraude fiscal y los efectos perjudiciales
derivados de las características del régimen fiscal gibraltareño;
establecer unas reglas claras para resolver con mayor facilidad los
conflictos de residencia fiscal de las personas físicas, y evitar la
utilización de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por
residentes fiscales en España o para la realización de actividades
económicas en España.
Para ello, establece un régimen reforzado de cooperación
administrativa entre las "autoridades competentes" que designen las
respectivas administraciones tributarias y un intercambio de información
sobre determinadas categorías de rentas y activos de especial
importancia para la lucha contra el fraude en la zona.
Además, detalla una serie de normas para resolver los conflictos de
residencia fiscal de las personas físicas, con el objetivo de resolver
los problemas de falsas residencias en Gibraltar de personas físicas que
residen realmente en España.
En cuanto a las personas jurídicas y otras entidades gibraltareñas,
se establece su residencia fiscal en España cuando tengan una "relación
significativa" con el país, bien por la localización de la mayoría de
sus activos o la obtención de la mayor parte de sus ingresos en España, o
bien cuando la mayoría de sus propietarios o su directivos sean
residentes fiscales en España.
Según explicó Exteriores en el momento de su firma, con la aplicación
de este tratado se logrará la "reducción y eliminación del fraude
fiscal y los efectos perjudiciales para la hacienda española derivados
de las características del régimen fiscal de Gibraltar", el
establecimiento de unas reglas claras para resolver más fácilmente los
conflictos de residencia fiscal de las personas físicas y la utilización
de sociedades sujetas al régimen fiscal de Gibraltar por residentes
fiscales en España o para la realización de actividades económicas en
España.
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