FRÁNCFORT.- Tras tomar varias medidas
excepcionales para limitar el impacto económico de la pandemia de
coranavirus, el Banco Central Europeo (BCE) debería reforzar el jueves
aún más su arsenal frente a la crisis.
El 18 de marzo, a causa del pánico financiero y sin
esperar a la reunión habitual de política monetaria, el BCE disparó su
bazuca con el "programa de compras de emergencia por pandemia" (PEPP),
que prevé un monto de 750.000 millones de euros de compra de deuda tanto
pública como privada.
Esta respuesta inédita, pero proporcional
al cataclismo económico, se añade al programa de "flexibilización
cuantitativa" o "QE" desarrollado entre marzo de 2015 y fines de 2018, y
que se reactivó en noviembre pasado. En total, eleva la media de compra
mensual de activos para fines de 2020 a 117.000 millones de euros.
La
institución presidida por Christine Lagarde echa mano a un marco
flexible: el límite de "QE" que prohíbe la compra de más de un tercio de
la deuda emitida por un país en concreto no se impone para el PEPP. Con
el objetivo de centrar las adquisiciones en los países más afectados
por la pandemia del coronavirus, como Italia.
Además, están previstas nuevas series de grandes préstamos, con intereses bajos, a los bancos, a partir de junio.
La
institución acaba de anunciar además que aceptará bonos degradados a la
categoría "especulativa", corrientemente denominada "podrida" (junk),
como las garantías aportadas por los bancos a su liquidez de caja.
Pero,
aún así, la partida está lejos de ser ganada y el BCE podría verse
obligado a hacer más "para impresionar a los mercados y calmar las
crecientes inquietudes sobre la sostenibilidad de la deuda", considera
Ludovic Subran, economista jefe en Allianz.
Esto, sobre todo,
porque los sistemas de seguridad desplegados por los Estados para evitar
una ola de quiebras y, por lo tanto, de despidos, crearán una deuda
pública vertiginosa, calculada en un billón de euros sólo para Alemania,
Francia, Italia y España.
Además, una ampliación del PEPP podría revelarse esencial y ser discutida desde el jueves, según Capital Economics.
Una
opción sería incorporar los bonos "podridos" a los programas de compra
de deuda, lo que ha estado prohibido hasta la fecha. Salvo que el BCE
levante esta barrera jurídica por voluntad propia.
El
BCE esconde un arma forjada en 2012 pero hasta ahora jamás utilizada,
las OMT, o sea, compra de deuda ilimitada dirigidas hacia un Estado
concreto. Pero la condición para activarlas sería que el país en
cuestión acepte ser objeto de un programa de ayuda europea, algo que no
parece que vaya a ocurrir.
En cuanto a la compra de la deuda al
Estado directamente y no en el mercado secundario, sigue estando
prohibida por el Tratado Europeo, recordó recientemente Lagarde.
En
cambio, el BCE siempre puede reducir su "tasa de depósito", gravando la
liquidez que los bancos deciden confiarle, en lugar de distribuirla en
forma de créditos. Ésta se mantuvo durante marzo en -0,50%, pero el BCE
debería recordar, el jueves, que se reserva la potestad de aplicar
nuevas reducciones para apoyar al crédito.
Lagarde
advirtió a los 27, el jueves, durante una cumbre de la UE, contra el
riesgo "de actuar de manera insuficiente y demasiado tarde", afirmando
que teme que el bloque europeo tenga que hacer frente a su mayor
recesión desde su creación.
Pero, nada concreto surgió de esta
reunión, marcada por viejas divisiones entre los Estados, ya presentes
tras la crisis financiera de 2009.
Esto deja presagiar que el
jueves la exdirectora del FMI hará de nuevo un llamado firme a los
Estados para que el BCE no se quede solo intentando salir al rescate de
la zona euro.
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