WASHINGTON.- Estados
Unidos publicó el lunes cambios a normas que imponen nuevas
restricciones a las exportaciones a China, incluidos componentes de
aeronaves civiles y artículos relacionados a semiconductores.
Las
nuevas normas exigirán licencias para que las firmas de Estados Unidos
vendan ciertos artículos a entidades militares en China, incluso para
uso civil, y elimina una excepción que permite que ciertas tecnologías
del país sean exportadas sin una licencia si son para un ente no
militar.
Las
normas, que fueron divulgadas para su revisión y serán publicadas el
martes en el diario oficial, podrían golpear a la industria de
semiconductores y las ventas de equipamiento de aviación civil a China.
"Es
importante considerar las consecuencias de hacer negocios con países
que tienen historial de desviar bienes comprados a compañías de Estados
Unidos a aplicaciones militares", dijo el secretario de Comercio, Wilbur
Ross.
El
abogado especialista en temas comerciales Kevin Wolf dijo que las
normas son una respuesta a la política de China de encontrar
aplicaciones militares para artículos civiles.
Agregó
que las definiciones de los reguladores sobre uso y usuario militar son
amplias y van más allá de las compras de entidades como el Ejército
Popular de Liberación.
Por
ejemplo, dijo Wolf, si una automotriz en China repara un vehículo
militar, esa empresa ahora es un usuario final militar, incluso si el
artículo exportado es para otra parte de su negocio.
"Un
usuario final militar no está limitado a organizaciones militares",
afirmó Wolf. "Un usuario final militar también es una compañía civil
cuyas acciones buscan apoyar la operación de un ente militar", añadió.
La
otra norma afectaría a artículos como circuitos integrados de matrices
de puertas lógicas programables en campo, eliminando excepciones de
licencias para importadores y ciudadanos chinos. Otros artículos
afectados incluyen ciertos equipos de telecomunicaciones, radar y
computadores de alto desempeño.
El
gobierno también publicó un tercer cambio de normas propuesto que
obligaría a las compañías extranjeras que envían ciertos bienes
estadounidenses a China a buscar la aprobación de Washington, además de
la de sus propios gobiernos.
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