BUENOS AIRES.- El gobierno de Argentina
fijó en 68.842 millones de dólares el monto de deuda con acreedores
privados sobre el que buscará negociar quitas y nuevos vencimientos,
según un decreto publicado este martes en el boletín oficial con el que
abre formalmente el proceso.
Se trata de la porción de deuda
emitida en bonos bajo legislación extranjera en dólares, euros y yenes.
Incluye títulos emitidos durante el gobierno del liberal Mauricio Macri
(2015-2019) y otros lanzados tras los canjes de deuda de 2005 y 2010.
El Ministerio de Economía quedó habilitado con ese decreto a realizar todas las operaciones legales sobre esas acreencias.
Argentina
debe presentar a fines de marzo su propuesta de reestructuración de
deuda a los acreedores, según el cronograma establecido por la cartera
de Economía.
El decreto se publicó un día después de una
importante caída en la Bolsa de Buenos Aires, con una baja de 13,75% en
el índice Merval, y pérdidas de cerca de 15% en los bonos argentinos que
cotizan en Nueva York. Este martes, la Bolsa recuperó 4,70% a la
apertura.
El índice de riesgo país, que mide el banco JP Morgan, se ubicó por encima de los 2.700 puntos, su nivel más alto en 15 años.
"El
panorama internacional signado por el shock del coronavirus y del
petróleo no configuran un clima propicio para llevar adelante una
negociación de (una) envergadura como la de Argentina", advirtió el economista Nery Persichini, jefe de Estrategia
de GMA Capital.
Para Persichini, "una prórroga (para la
presentación de la propuesta argentina) no luce como (algo) descabellado
a la luz de los acontecimientos internacionales", y señaló que "la
búsqueda de alternativas de riesgo no figura en el menú inversor por
estos días, más bien lo contrario".
Los pagos de capital e
intereses que deberá realizar Argentina en 2020 ascienden a unos 34.300
millones de dólares, de los cuales 4.300 millones corresponden a bonos
bajo legislación extranjera.
"Los vencimientos más acuciantes
durante 2020 son mayormente de deuda (bajo) ley local (especialmente en
pesos), no en dólares de deuda de legislación extranjera. Ante una
propuesta apresurada y agresiva, los tenedores de bonos tendrían
incentivos a esperar y, eventualmente, litigar", señaló Persichini.
El
gobierno del presidente Alberto Fernández, que asumió en diciembre
pasado, considera que la deuda argentina es insostenible y ha insistido
en pedir que se permita al país crecer para poder cancelar sus deudas.
"Nos
han dejado una deuda que nos condiciona mucho", dijo Fernández la noche
del lunes en una entrevista en Canal 9, en alusión al gobierno de
Macri.
Fernández ha reiterado que un acuerdo de reestructuración
de la deuda debe "ser sostenible" y que esa condición es "innegociable",
pues "no hay peor alternativa que la austeridad fiscal en las
recesiones".
Argentina se encuentra en recesión desde 2018, con alta inflación (53,8% en 2019) y aumento de la pobreza y del desempleo.
El Fondo Monetario Internacional (FMI) también estimó que la deuda argentina es "no sostenible".
La
autorización para que el Ministerio de Economía actúe sobre estos bonos
alcanza a los tribunales de Nueva York, Londres y Tokio, según el
decreto.
Argentina declaró en 2001 una cesación de pagos por más
de 100.000 millones de dólares y estuvo fuera de los mercados
internacionales hasta 2015, cuando asumió Macri y llegó a un arreglo con
los últimos fondos especulativos que demandaban al país.
La
semana pasada el gobierno argentino designó al Bank of America y al
HSBC como los entes encargados de la colocación de la deuda, en el marco
de la ley de "Restauración de la sostenibilidad de la deuda pública"
aprobada hace pocas semanas por el Congreso.
Además, escogió a la
banca de inversión Lazard como asesor financiero y a la compañía Morrow
Sodali como agente de información para el proceso.
Las acreencias
con bonistas privados ascienden a 121.979 millones de dólares (35,9% del
PIB). Ya el año pasado, al final del gobierno de Macri, Argentina
reperfiló bonos emitidos bajo legislación nacional, postergando sus
vencimientos.
La deuda con los organismos bilaterales y
multilaterales es de 72.679 millones (21,4% el PIB), de los cuales
44.000 millones corresponden a un préstamo stand by suscrito con el FMI
en 2018 en medio de una crisis monetaria.
Ese crédito ascendía en
total a 57.000 millones de dólares, pero Fernández rechazó recibir de
parte del FMI los últimos tramos pendientes.
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