MADRID.- El Gobierno español aprobó el sábado y por segunda vez en la democracia
el estado de alarma, atribuyéndose poderes excepcionales de manera
temporal para combatir la propagación del coronavirus, entre ellos la
limitación de la movilidad de la población y la posibilidad de
intervenir empresas para afrontar la crisis sanitaria.
“Esta es una batalla que vamos a ganar, eso es lo importante”, dijo
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en una rueda de prensa que se
realizó por vía telemática para minimizar riesgos.
“Las medidas
que vamos a adoptar son drásticas y van a tener consecuencias (...).
Tenemos (por delante) semanas muy difíciles, de esfuerzos y de
sacrificios”, reconoció Sánchez tras una reunión extraordinaria del
consejo de ministros, apelando a la unidad de partidos, organismos y
ciudadanía.
Ante la excepcional amenaza a la que se enfrenta el
país, el Gobierno ordenó por real decreto que todos los españoles deben
quedarse en casa excepto por los siguientes motivos: comprar comida o
medicamentos, ir a centros sanitarios, ir al puesto de trabajo, regresar
al lugar de residencia habitual, realizar cuidados de personas mayores o
dependientes, desplazamientos a entidades financieras u otros motivos
de fuerza mayor.
Asimismo, se acordó el cierre de todos los
comercios que no respondan a cuestiones de primera necesidad y de las
cafeterías y restaurantes.
Con todo, el Gobierno no logró acordar
en la reunión del sábado un nuevo paquete de medidas económicas y
sociales para mitigar el impacto de la lucha contra el coronavirus,
según dijo a Reuters una fuente cercana a las negociaciones.
La
fuente dijo que hubo discrepancias sobre cuáles deberían ser las nuevas
medidas en la reunión de ministros de la coalición de izquierdas
—integrada por el Partido Socialista y Unidas Podemos— en la reunión del
sábado, que duró al menos siete horas. La fuente añadió que el Gobierno
tratará de acordarlas el martes.
El transporte público se
reducirá para reducir los flujos de población pero no se suspenderá, y
el Ministerio del Interior controlará todas las fuerzas policiales,
incluyendo las locales y regionales, como parte del estado de alarma,
que se aplicará en principio durante 15 días.
En un discurso en
el que apeló constantemente a la solidaridad, Sánchez dijo que la
autoridad en todo el territorio será ahora el Gobierno de España, que
podrá disponer de medios públicos y privados en sanidad, y que podrá
intervenir empresas para garantizar los suministros alimentarios y
energéticos.
Después de Italia, España es el país más afectado de
Europa con 183 fallecidos y 5.753 casos de COVID-19 (lo que supone un
aumento diario de unos 1.500), de los que más de la mitad están
concentrados en Madrid. El propio presidente del Gobierno dijo el
viernes que es probable que España alcance los 10.000 afectados en los
próximos días y que las próximas semanas serán duras para un país cuyas
calles amanecieron el sábado mucho más vacías de lo habitual.
El
estado de alarma, que solo se ha aplicado una vez antes en la democracia
española —durante una huelga de controladores aéreos en 2010—, es el
primero de los tres escalones de emergencia que contempla la
Constitución española y permite medidas como el confinamiento de
población, el racionamiento de productos básicos, requisas de bienes o
instalaciones y cualquier medida necesaria para que los mercados estén
bien abastecidos.
En un contexto de rápido incremento de los
casos y con algunos focos descontrolados, Madrid instó a la población a
quedarse en casa y Sevilla anunció la cancelación de las populares
celebraciones de Semana Santa.
Las clases en todos los
niveles de educación se habían suspendido ya en todo el país, y muchos
cines, teatros y comercios habían cerrado ya ante la epidemia, que está
paralizando la cuarta economía más grande de la zona euro y amenaza con
devolverla a la recesión de la que comenzó a salir en 2013 tras un largo
bache.
España adoptó pocas medidas para contener el coronavirus
en un principio pero cambió de rumbo esta semana al dispararse el número
de infecciones. La oposición ha criticado al Gobierno por permitir que
se celebraran eventos como las movilizaciones del Día Internacional de
la Mujer.
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