MÉXICO.- La
Secretaría de la Función Pública de México (SFP) identificó
irregularidades por 19.000 millones de pesos (1.020 millones de dólares)
en el Aeropuerto de Texcoco, cuya construcción se canceló al inicio del
gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.
Las
irregularidades incluyen 6.000 millones de pesos (322,2 millones de
dólares) en anticipos pendientes de amortizarse o recuperarse y una
cifra igual para pagar obras sobre las que no hay evidencia de ejecución
o en gastos indirectos no justificados, dijo la SFP en un comunicado.
La
revisión de la situación del aeropuerto formó parte de los casi 3.400
actos de fiscalización hechos en 2019, de las que más de 2.500 fueron
auditorías que generaron observaciones asociadas a más de 544.000
millones de pesos (29.215 millones de dólares), indicó la institución.
La
titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, presentó estas
cifras en el marco de un informe de las auditorias hechas en su primer
año de gestión como parte de su compromiso para fortalecer la
transparencia y la rendición de cuentas en México.
El
monto global de las presuntas irregularidades supera al presupuesto
federal total de los sectores de Educación y de Salud, los dos que más
recursos reciben en el presupuesto de gastos de la Federación, comentó
la funcionaria.
En
el informe “develamos cómo se dilapidaron recursos que debieron
emplearse en el bienestar de la población, y logramos corregirlos o
iniciar los procesos sancionatorios correspondientes”, afirmó Sandoval.
Además
de las irregularidades del aeropuerto, mencionó entre otros "casos
ejemplares de corrupción" el desvío del trazado de una carretera en el
occidente del país para liberar terrenos junto a la playa y beneficiar a
un desarrollador turístico.
La
funcionaria denunció también el sobrecoste de 1.442 millones de pesos
(77,4 millones de dólares) de la carretera Amozoc-Perote y el
libramiento de Perote, en el oriental estado de Veracruz.
También
el desfalco en el Instituto de Administración y Avalúo de Bienes
Nacionales (Indabin) con la cesión indebida de 2,42 hectáreas del Centro
Nacional de Investigaciones Disciplinarias en Microbiología Animal a
dos empresas y dos personas físicas, con un probable daño patrimonial de
940 millones de pesos (50,4 millones de dólares).
La
Función Pública fiscalizó programas de las áreas de salud, educación,
carreteras, agua potable, turismo, indígenas, personas con capacidades
diferentes y cultura física y deporte, pagados con recursos federales
transferidos a los estados.
En
materia de obra pública la Función Pública hizo 127 actos de
fiscalización que se desglosan en 36 auditorías, 50 visitas de
supervisión y 41 verificaciones de calidad, que derivaron en 674
observaciones con un monto por aclarar, justificar o recuperar de 20.598
millones de pesos (1.106 millones de dólares).
Como
resultado de la fiscalización fueron abiertos 400 procedimientos de
responsabilidad administrativa o informes de irregularidades e impuso
sanciones por caso 23.000 millones de pesos (1.235 millones de dólares).
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