GUATEMALA.- El
presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, avaló este jueves una
polémica reforma de ley que permite la fiscalización de todas las
organizaciones no gubernamentales (ONG) asentadas en el país, además de
la anulación de cualquier entidad por decisión gubernamental.
Acompañado
de todos sus ministros, Giammattei anunció la sanción de las reformas
de ley, aprobadas por el Congreso de Guatemala el pasado 11 de febrero,
por lo que próximamente será publicada en el diario oficial para entrar
en vigor "en el menor tiempo posible".
Las
reformas a la normativa, denominada "Ley de Organizaciones No
Gubernamentales", han sido objetadas por organizaciones sociales locales
y también por altas autoridades tanto en Estados Unidos como en la
Organización de Naciones Unidas (ONU).
El
subsecretario interino de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental
de Estados Unidos, Michael Kozak, manifestó su oposición a la reforma
de ley el pasado 15 de febrero mediante sus redes sociales.
Según
Kozak, la reforma de ley propone requerimientos dificultosos para las
organizaciones no gubernamentales, que "juegan un papel clave" en la
construcción de las diversas democracias.
Kozak,
quien se reunión con Giammattei a principios de febrero, señaló además
que urgía a Guatemala a revisar "su legislación" de manera que se
adoptaran "las mejores prácticas internacionales".
Una
opinión parecida manifestó ayer el Comité de Asuntos Exteriores de la
Cámara de Representantes de Estados Unidos, que instó a Giammattei a
vetar la ley, de modo que la "sociedad civil pueda operar sin miedo" a
castigos.
La
Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (OACNUDH) de la
ONU en Guatemala también había advertido sus reservas con respecto a la
nueva normativa.
"La
reforma a la Ley de las Organizaciones No Gubernamentales podría
afectar a la libertad de asociación, reunión y expresión, así como los
espacios democráticos para la sociedad civil organizada", detalló la
oficina de la ONU en Guatemala.
La
alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos,
Michelle Bachelet, había expresado en 2019 su preocupación por la ley,
que introduce "requisitos y controles administrativos aplicables a ONG
nacionales e internacionales" que "en la práctica pueden usarse de
manera discrecional o arbitraria para limitar" su labor.
"¿Por
lo que opinen afuera me tienen que temblar las patas a mí? ¿Entonces
qué clase de presidente sería?", se preguntó Giammattei durante la
conferencia de prensa, al ser consultado por las opiniones en el
extranjero.
"Este es un país soberano, y esperaría que los países aliados respeten nuestras decisiones", añadió el presidente guatemalteco.
Giammattei
explicó que un embajador (sin mencionar su nombre) lo llamó para
solicitarle que vetara la reforma de ley, pero el mandatario le aseguró
que todos los países, incluido el suyo, cuentan con una regulación para
las organizaciones no gubernamentales.
El
gobernante, investido el pasado 14 de enero, exhibió también una
presentación en la que asegura que El Salvador, República Dominicana y
Panamá cuentan con normativas similares y que la nueva reforma permitirá
acabar con organizaciones corruptas.
El
origen de la ley es, según diversas fuentes, un intento de varios
diputados de la anterior legislatura (2016-2020) de contrarrestar la
lucha anticorrupción emprendida desde 2015 por el Ministerio Público
guatemalteco y la ya desaparecida Comisión Internacional Contra la
Impunidad en Guatemala.
Giammattei
dijo que fue asesorado por tres abogados constitucionalistas para
analizar si había irregularidades en la reforma de ley, pero dijo que la
consulta fue "a título personal" y no quiso dar por el momento los
nombres de los juristas pues, según sus propias palabras, no contaba con
su autorización.
El
gobernante guatemalteco también detalló que respetará cualquier
decisión del máximo tribunal del país, la Corte de Constitucionalidad,
en caso de que revoque la reforma o algún punto de su contenido ante
diversos recursos legales que han sido promovidos por organizaciones
sociales para suspender la normativa.
Las
reformas de ley, originadas en 2017 con el anterior período
legislativo, ordenan el "control" de las organizaciones no
gubernamentales en el país y su "fiscalización" aún cuando no manejen
fondos públicos, entre otras medidas.
"Ninguna
donación o financiamiento externo puede usarse para realizar
actividades que alteren el orden público", establece la reforma de ley.
"Si una ONG utiliza donaciones o financiamiento externo para alterar el
orden público, será inmediatamente cancelada", reza la normativa.
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