QUITO.- El
expresidente ecuatoriano, Rafael Correa, procesado por varios casos de
corrupción en su país, acusó este jueves a la Fiscalía del Estado de un
supuesto fraude procesal, en un caso sobre una presunta trama de
sobornos durante su Gobierno (2007-2017).
Correa,
que reside actualmente en Bélgica y que suele hacer vida política en
Ecuador a través de sus cuentas en redes sociales, indicó que una
empresa colombiana efectuó una pericia a unos archivos de computadora
que representan la prueba principal en su contra, y que habría
determinado que estos fueron alterados.
Se
trata del caso "Sobornos 2012-2016", que la Fiscalía investiga sobre la
supuesta financiación ilegal del movimiento político Alianza País,
cuando Correa lo dirigía, y por la que se habrían beneficiado el propio
exmandatario y varios de sus colaboradores.
En
un mensaje cifrado de "Urgente", Correa aseguró en su cuenta de Twitter
que los archivos del también llamado caso "Arroz verde", fueron
alterados por el Gobierno y la fiscal general, Diana Salazar, con el fin
de perjudicarle.
"Archivos
de 'Sobornos' NO fueron sacados de ninguna computadora de Laura Terán
(una testigo e implicada), sino hackeados y ADULTERADOS por
#ElPeorGobiernoDeLaHistoria (el de su sucesor Lenín Moreno) y Diana
Salazar, fraude procesal que la debe llevar a la cárcel", escribió
Correa.
Además,
dijo que esa prueba ya ha sido sometida a una pericia técnica, que ha
sido entregada a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"!No
podrán escapar!", añadió el exmandatario al insistir en que, con los
abogados que lo defienden, "logramos obtener archivos de 'Arroz Verde'.
Pericia la hizo empresa colombiana 'Adalid', y demuestra que fueron
hackeados y adulterados, mientras Fiscalía mintió que los encontró en
computadora de Laura Terán".
Toda
esta prueba se la ha presentado "a la CIDH el 14 de febrero ¡Se les
derrumba el circo!", agregó Correa que aparece como uno de los
principales implicados en el caso "Sobornos 2012-2016", junto a otros
colaboradores que incluyen al exvicepresidente Jorge Glas, quien guarda
prisión desde finales de 2017, acusado de otro caso de supuesta
corrupción, que él niega.
El
exmandatario ha asegurado que este y otros procesos que se han
presentado en su contra han sido impulsados por el Gobierno del
presidente Lenín Moreno, su sucesor y excorreligionario, convertido
ahora en su más acérrimo rival político.
Según
Correa, el interés político detrás de este caso es que acabe con una
condena lo más pronto posible, para impedir que se vuelva a presentar
como candidato a las elecciones presidenciales y legislativas del
próximo año.
La
arremetida del exmandatario se da en un momento en que un tribunal de
la Corte Nacional de Justicia (CNJ) recibe las pruebas de la acusación y
la defensa de las 21 personas vinculadas al caso por el presunto delito
de cohecho.
Justamente,
este jueves se cumplió el décimo día de la audiencia del juicio en la
CNJ, en que las defensas de los procesados continuaron con la
presentación de sus pruebas.
Al
respecto, la Fiscalía del Estado, también en su cuenta de Twitter,
insistió en su argumento de que una "pericia científica establece la
existencia de una estructura criminal" vinculada al delito de los
sobornos, que empresas presuntamente ofrecían a autoridades del Gobierno
de Correa a cambio de contratos.
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