PARÍS.- La reforma de las pensiones contra la que se ha convocado este jueves una huelga en Francia sigue
en fase de negociación y solo ha desvelado sus líneas maestras, pero
permite vislumbrar ya quiénes serán sus mayores beneficiados y
afectados.
Ganadores
- Agricultores y comerciantes:
la promesa del presidente, Emmanuel Macron, de establecer una pensión
mínima de 1.000 euros elevaría la cantidad que perciben los trabajadores
de ambos sectores que hayan contribuido con la base de cotización
mínima a la largo de su carrera.
La
reforma garantiza una pensión mínima de cerca del 85 % del salario
mínimo neto, un porcentaje que en la actualidad es del 75 % para los
agricultores, cuyas retribuciones son ahora mismo de media 780 euros
(para los hombres) y 580 euros (para las mujeres), según el principal
sindicato del sector, la FNSEA.
Los comerciantes, por su lado, reciben una pensión mínima de 970 euros, por debajo del umbral que establece la reforma.
- Mujeres y madres:
El Ministerio de Sanidad calcula que las mujeres cotizan menos o
durante menos tiempo que los hombres y perciben una pensión un 38,8%
inferior a la de estos. Elevar el mínimo tendría un impacto directo en
ese colectivo.
El Ejecutivo
prevé además una bonificación del 5% en la pensión por cada hijo a
partir del primero, un derecho que se atribuirá por defecto a la madre a
menos que haya un acuerdo previo entre la pareja, y que en la
actualidad es del 10 % para cada progenitor, pero solo cuando se han
tenido tres hijos o más.
Perdedores
- Los beneficiarios de regímenes especiales:
existen en Francia 42 regímenes diferentes de jubilación, que el
Ejecutivo quiere reducir a uno solo, lo que perjudicaría a aquellos con
condiciones más ventajosas actualmente.
Los
trabajadores de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF) o de la
entidad del transporte metropolitano de París RATP, principales
protagonistas de la huelga, pueden jubilarse a partir de los 52 a 57
años, según las categorías, frente a los 62 años del régimen general.
La
reforma pretende acabar con esos beneficios para establecer un sistema
por puntos en el que cada euro cotizado dé los mismos derechos en el
momento de la jubilación.
El
cálculo de su futura pensión será además menos ventajoso: hoy se apoya
en los últimos seis meses de salario y en el futuro se quiere que
cuenten todos los años cotizados.
- Los profesores:
su pensión actual también se calcula en base al último semestre de
trabajo. Para compensar el cambio entre los funcionarios, el Gobierno
prevé integrar las primas en el cálculo, algo que actualmente casi no
pesa.
Aunque las primas
representan de media una cuarta parte de la remuneración de los
empleados públicos, esa tasa cae al 10 % en el caso de los profesores,
por lo que su sueldo tendría que revalorizarse de forma significativa
para que la propuesta del Ejecutivo les compensara.
- Funcionarios de rangos inferiores:
los funcionarios de categoría C, la más baja de la administración, se
verían penalizados, al igual que los profesores, por la menor incidencia
de las primas en sus sueldos, lo que les perjudicaría a la hora de
compensar el cálculo de sus pensiones sobre el conjunto de su carrera.
- Profesiones liberales:
verían aumentada fuertemente su base de cotización, actualmente situada
en el 14 %, algo que con el cambio se elevaría a alrededor del doble.
Sin
embargo, el Gobierno se plantea someter a una cotización más débil, el
12,94 %, a los ingresos de entre 40.000 y 120.000 euros.
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