GUAYAQUIL.- El
sector atunero de Ecuador ve una "oportunidad" en la tarjeta amarilla
que la UE le ha sacado al país y asegura que trabajará para que se
cumplan todas las prescripciones y regulaciones internacionales porque,
en definitiva, beneficiarán al país y al gremio.
Amenazado
por una advertencia del que es su principal cliente, la industria de la
pesca en Ecuador ha mostrado su "absoluto compromiso con el marco
jurídico internacional" para resolver unos problemas que se originan en
la falta de monitoreo por parte del Gobierno, un problema arrastrado
desde hace cuatro años.
"El
sector se ve realmente afectado y con una problemática derivada de la
actuación del Gobierno en cuanto al monitoreo y un control adecuado en
el mundo de la pesca", dijo a Efe el español Juan Manuel Vieites,
presidente del Comité Europeo Interprofesional del Atún Tropical
(Eurothon).
Vieites
se encuentra en Guayaquil para intercambiar experiencias con la Cámara
Nacional de Pesquería (CNP), la Cámara Ecuatoriana de Industrias y
Procesadores Atuneros (Ceipa) y ATUNEC, sobre las medidas que debería
adoptar el sector para superar la tarjeta amarilla.
Una
tarjeta que pone en peligro a una de las principales industrias del
país, ya que Ecuador es el segundo productor y exportador de atún del
mundo, una actividad que representa más de 1.151 millones de dólares.
La UE adquiere un 25 % de su atún de Ecuador, por una suma que asciende a 600 millones de euros.
El
martes, en una rueda de prensa en Guayaquil, el ministro de la
Producción, Comercio Exterior y Pesca, Iván Ontaneda, se comprometió a
crear un frente interministerial para proteger estas exportaciones,
amenazadas después de que la UE detectara problemas de trazabilidad y
que la ley que debe regular las capturas esté completamente obsoleta.
"(La
UE) ve una ley antigua, en la cual los conceptos no tienen nada que ver
con el siglo XXI y lógicamente dicen que hay que cambiarla", explica
Vieites sobre unas ideas de preservación del medioambiente que, hace
cuarenta años, no formaban parte del léxico internacional.
El
problema, detectado por la UE hace ya cuatro años, se origina tanto en
la trazabilidad de las capturas como en la propia industria de
transformación, donde considera que hay falta de supervisión.
Además, abunda el experto español, "el sistema de sanciones no priva a los infractores de los beneficios de la pesca ilegal".
Aunque
técnicamente la tarjeta amarilla no impide la exportación del atún a
los países europeos, ha causado una grave preocupación en las
asociaciones pesqueras e industriales, que aseguran cumplir las
normativas y temen una "chatarrización" en los mercados de este
exclusivo producto ecuatoriano.
El problema se da en los últimos años por una profusión de empresas, actualmente, 734.
Mónica
Maldonado, directora ejecutiva de Ceipa, consideró que hay necesidad de
"limpiar y pulir estos establecimientos que han crecido
desmesuradamente" y que están por todo el país.
Los
controles se han relajado, en parte, por la eliminación del Ministerio
de Pesca hace unos años, pasando esa cartera a manos de responsables que
no le han dado la prioridad suficiente y cuyos monitores no están
tampoco adecuadamente formados.
En
ese sentido, el Gobierno debe poner manos a la obra "si quiere que
Ecuador no pase de la amarilla a la roja, lo que conllevaría aspectos
muy negativos para el país y, sobre todo, para los sectores económicos
relacionados con el atún", abunda Vieites.
Ecuador
es el primer exportador del mundo a la UE, con 100.000 toneladas de
conserva de atún y otras 70.000 en lomos de atún cocidos y refrigerados.
El
sector emplea directamente a unas 25.000 personas y de forma indirecta a
unas 108.000, un tercio de las que viven de la pesca.
Por
ello, agrega el experto español, "el control y cumplimiento de la
normativa" debe ser para el Gobierno "un imperativo de primer orden".
Y
con una vigilancia que, a su juicio, puede "fortalecer" al sector
porque es "una oportunidad para poner la casa en condiciones, tanto
desde el punto de vista del Gobierno como de los sectores afectados".
La captura del atún transformado en Ecuador, y luego exportado, no la realizan únicamente flotas del país.
Ecuador
tiene una capacidad de producción de unas 505.000 toneladas, de las que
alrededor de 226.500 llegan de flotas extranjeras, el 45 %.
Se
trata de flotas de países como México, Nicaragua, Panamá o Venezuela, y
de otras que pescan en la parte Occidental del Pacífico e incluso en el
Indico y el Atlántico.
Los
controles de trazabilidad se requieren en el momento de la llegada del
pescado y en las plantas transformadoras, lo que exige un número mucho
mayor de monitores, entre 300 y 400 plenamente capacitados, frente a los
170 que existen actualmente y en los que la UE ha detectado falta de
conocimiento.
Todas
estas "deficiencias", advierte la Unión, "socavan la fiabilidad del
sistema de trazabilidad en el cual se basa la certificación de la
legalidad de las capturas".
A
la vez que el Gobierno trata de pasar una nueva ley que sustituya a la
de 1974, en el primer trimestre de 2020 autoridades ecuatorianas
viajarán a Bruselas para tratar de revertir el "llamado de atención".
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