SANTIAGO.- La revuelta social que estalló en Chile hace más de dos semanas
volvió a instalar sobre la mesa antiguas demandas sociales, económicas y
políticas. Una de ésas es reemplazar la actual Constitución, que data
de la dictadura de Augusto Pinochet.
Aunque el cuerpo legal ha
sido reformado varias veces desde su promulgación en 1980, los
promotores del cambio señalan que un nuevo texto es clave para asegurar
derechos sociales o establecer espacios de participación, mientras que
sus defensores aseguran que la carta magna actual ha dado estabilidad a
Chile y que no es urgente reemplazarla.
¿POR QUÉ CAMBIAR LA CONSTITUCIÓN?
El
principal argumento es que fue redactada y aprobada en plena dictadura
militar, por lo que carece de legitimidad. El texto no establece
mecanismos de participación ciudadana en las decisiones políticas ni
garantiza que el Estado es responsable por asegurar derechos sociales,
lo que fragilizaría la posición de los ciudadanos.
Además exige
un alto quórum en el Congreso -de hasta dos tercios de los votos- para
aprobar reformas constitucionales en temas cruciales como acceso a
salud, derecho de privados sobre el agua, sistema de pensiones o el
poder del Tribunal Constitucional, entre otros asuntos.
“El
proyecto político que la dictadura plasmó en el texto constitucional
sigue vigente, no ha sido tocado”, afirma el abogado constitucionalista
Jaime Bassa, profesor de la Universidad de Valparaíso. Y la mayor
“presencia” de ese proyecto radica precisamente en el tercer capítulo,
que aborda derechos fundamentales, dice el experto.
“Todo el
sistema de protección de derechos sociales, específicamente seguridad
social, salud, educación, trabajo y régimen sindical, está marcado por
una preferencia en favor de la propiedad privada y la libertad de
emprendimiento. Y eso no se ha tocado”, insiste.
Un tema polémico en Chile también es el peso que tiene el Tribunal
Constitucional en las políticas públicas. “Eso ha hecho que acuerdos
políticos a los que se ha llegado en el Congreso luego sean echados para
atrás en el Tribunal Constitucional”, dice María Cristina Escudero,
académica del Instituto de Asuntos Públicos de la Universidad de Chile.
¿CÓMO SERÍA EL PROCESO?
“Las constituciones hacen
dos cosas: crean el poder y lo limitan”, explica Escudero, que resalta
las demandas de la sociedad chilena por mayor participación política y
nuevos y más sólidos derechos sociales.
La Constitución actual
no establece cuál es el mecanismo para escribir un texto que la
reemplace. Tampoco especifica quién elaboraría el nuevo cuerpo, si se
convocaría a una Asamblea Constituyente, quién la conformaría, o si se
haría mediante una comisión mixta de políticos y ciudadanos o quedaría
sólo en manos del Congreso.
“El reemplazo constitucional, para
distinguirlo de reformas, no está contemplado en la Constitución del
‘80”, dice Escudero. “Y ése es el principal problema que tienen en este
momento quienes abogan por un reemplazo constitucional”, señala.
La
expresidenta Michelle Bachelet llevó adelante un proceso constituyente
en su segundo gobierno, con cabildos ciudadanos y canalización de
propuestas sobre qué debería incluir una nueva constitución. Días antes
de dejar el poder, envió un proyecto al Congreso para redactar una nueva
Constitución, pero no avanzó.
¿PLEBISCITO, ASAMBLEA CONSTITUYENTE, COMISIÓN MIXTA?
Hoy
en día para reformar la Constitución sólo hay un mecanismo congresista,
dice el profesor de ciencias políticas Claudio Fuentes, de la
Universidad Diego Portales, por lo que la opción sería que el gobierno
envíe al Congreso un proyecto de reforma parcial o total a la
Constitución.
En las más de dos semanas de protestas
callejeras, se ha hecho patente la demanda de una nueva carta
fundamental para el país y de una consulta popular.
Sin embargo,
la opción de un plebiscito no es viable por el momento, ya que la
Constitución limita expresamente los temas que pueden ser sometidos a
una consulta popular, excluyendo la redacción de una nueva carta magna.
Una
alternativa, dicen los expertos, es modificar a través de una ley en el
Congreso el artículo que limita los temas susceptibles de ser
plebiscitados, para abrir la puerta a una consulta vinculante sobre una
nueva Constitución.
Si se llega a una consulta popular, ésta
podría contener una segunda pregunta, señala Fuentes, respecto a cómo se
haría ese cambio de la carta, si vía Asamblea Constituyente, una
comisión mixta de parlamentarios y ciudadanos o a través del Congreso.
“En
el contexto actual, como la política, el Congreso y los partidos
políticos están tan desacreditados, yo creo que la ciudadanía se
inclinaría por una comisión mixta o una Asamblea Constituyente”, señala
Fuentes.
La derecha no ha respaldado en todos estos años la idea
de una nueva Constitución, sino sólo reformas a través del Congreso.
Sin embargo, hay un “creciente número de parlamentarios” que está por
abrir fórmulas mixtas o una Asamblea Constituyente, plantea Fuentes, lo
que configura un nuevo ambiente político.
#RENUNCIAPIÑERA: OTRO CAMINO INTRINCADO
Durante
las protestas, tanto en la calle como en las redes sociales, se ha
hecho popular pedir la renuncia del presidente Sebastián Piñera. Pero
según la Constitución, no es un proceso tan sencillo.
Chile
tiene un régimen presidencial y el mandatario es elegido en votación
directa para un período de cuatro años sin reelección inmediata. Si por
enfermedad, ausencia del territorio u “otro grave motivo” no puede
ejercer su cargo, será subrogado por el ministro del Interior en primer
lugar, según una lista determinada.
En caso de una
acusación política en el Congreso, se necesitaría la aprobación en la
Cámara de Diputados y luego de dos tercios del Senado para destituirlo.
Y
si ocurre que un mandatario presenta su renuncia, también le cabe al
Senado “declarar (...) si los motivos que la originan son o no fundados
y, en consecuencia, admitirla o desecharla”. Antes de eso, sin embargo,
los senadores deberán oír la opinión del Tribunal Constitucional.
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