SANTIAGO.- Las protestas sociales
llegaron este miércoles con violencia a zonas acomodadas de Santiago,
hasta ahora indemnes de las manifestaciones que sacuden Chile y que
suman 20 muertos.
A dos semanas y media del estallido, cientos de
personas -en su mayoría jóvenes- llegaron hasta las cercanías del centro
comercial Costanera Center, el más grande de Sudamérica y que alberga
la torre más alta de la región, para protestar por reformas sociales y
en contra del gobierno del derechista Sebastián Piñera.
Impedidos de avanzar, los manifestantes se expandieron por
varios puntos del barrio de Providencia, la puerta de entrada al sector
financiero y las zonas más acomodadas de la capital chilena. Hubo
fogatas, saqueos a una farmacia y al menos dos bancos, y enfrentamientos
con la policía, además de serios daños al mobiliario público.
Desde temprano, la Policía había acordonado el lugar y la
administración decidió cerrar las puertas. Locales comerciales
resguardaron con madera y latones sus vitrinas y durante toda la jornada
se vivió allí un ambiente de gran tensión.
"Estamos viviendo un
nivel de violencia y destrucción nunca antes vistos en la comuna", dijo
la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei.
A través de mensajes
anónimos en redes de sociales se convocó a trasladar durante esta
jornada a los barrios ricos las protestas que se iniciaron el 18 de
octubre y que se han concentrado en el centro de Santiago.
"Llegó la hora de llegar al oriente", el este acomodado de
la capital, decía una de las convocatorias, en la que se explicaba que
era el momento "de que el empresariado sienta el descontento del pueblo"
y "las clases se unan".
"La gente está más bien triste y asustada
por cómo retomar la normalidad del país", dijo Andrea Ortega,
una abogada de 43 años, que dejó su oficina para buscar a sus hijos
antes de la hora habitual por miedo a los disturbios.
Para Arturo Donoso, un padre de 40 años, "todos entendemos que hay una demanda justa, no porque vivamos aquí no lo sabemos".
Horas
después, miles de manifestantes volvieron a congregarse en Plaza
Italia, principal escenario de las protestas desde su estallido, donde
se registraron incidentes aislados.
Para este miércoles también hubo llamados a protestar en
las afueras de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(Cepal) de las Naciones Unidas, cuya sede en la exclusiva comuna de
Vitacura representa uno de los mayores íconos arquitectónicos de la
ciudad.
"Esto tenía que pasar y me conmueve que sean nuestros
nietos los que hayan tomada la posta de luchar por un Chile que no
merece estas injusticias", relató ahí con un megáfono Rebeca Pemjean,
una jubilada de 64 años, exiliada por la dictadura de Augusto Pinochet
(1973-1990).
En tanto, en la comuna de Renca, un barrio popular en
el norte de Santiago, una veintena de personas atacó un cuartel
policial, dejando a cinco efectivos heridos, y camioneros y
automovilistas bloquearon algunas carreteras en protestas a los peajes
urbanos.
Junto con las protestas, que
han perdido masividad y ganado en violencia las últimas jornadas, crecen
también las denuncias sobre abusos a los derechos humanos por las
fuerzas del orden.
El martes, dos estudiantes de secundaria
resultaron heridas con perdigones disparados por policías que ingresaron
a su liceo. Uno de ellos fue detenido y será imputado.
La
Fiscalía informó que 14 policías serán acusados por "tortura" contra dos
personas, uno de ellas menor de edad, durante el estado de emergencia
decretado por Piñera y vigente los primeros 9 días de protestas.
Consultado
por la prensa por estas denuncias, Piñera afirmó: "Establecimos
transparencia total en las cifras, porque no tenemos nada que ocultar".
El
mandatario aseguró, además, que con la misma contundencia que se
sancionará a los manifestantes que han provocado disturbios violentos se
hará con "cualquier exceso que se haya cometido" en el uso de la
fuerza.
La justicia también
anunció que admitió a trámite una querella para investigar la supuesta
responsabilidad de Piñera en crímenes de lesa humanidad cometidos en el
contexto de las protestas, presentada por organizaciones locales de
derechos humanos.
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH)
ha interpuesto 181 acciones judiciales por homicidio, torturas y
violencia sexual supuestamente cometidas por policías y militares. El
Colegio Médico contabiliza más de un centenar de heridos oculares por el
uso de perdigones en las protestas.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)
anunció que realizará una visita al país, sumándose a la misión de la
Alta Comisionada de ONU para los DDHH que ya está en Chile.
El
miércoles, además, varias organizaciones internacionales, entre ellas la
Organización Mundial Contra la Tortura, arribaron para investigar las
denuncias.
Junto
a varios de sus ministros en la sede presidencial de La Moneda, Piñera
firmó un proyecto de ley que eleva -financiado por el Estado- el salario
mínimo hasta los 350.000 pesos chilenos (467 dólares), en el marco de
la agenda social con la que busca aplacar el malestar que no cesa en las
calles.
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