SANTIAGO.- El Congreso chileno
alcanzó un acuerdo histórico el viernes para convocar en abril un
plebiscito para reemplazar la Constitución heredada de la dictadura de
Pinochet, un paso que generó euforia en el gobierno y recelo de una
parte de la población tras casi un mes de crisis social.
"Fue un
enorme acuerdo que le permitió a las diferentes fuerzas políticas
conversar, dialogar, hacer presente sobre el odio (y) la prepotencia, el
diálogo (y) la democracia", dijo la vocera oficial Karla Rubilar.
Eso, "finalmente ha logrado dar una señal de unidad de trabajo conjunto que hoy día todos valoramos", agregó.
El acuerdo reunió a gran
parte de las fuerzas políticas del país, a excepción del Partido
Comunista, que horas después, sin embargo, confirmó que participará del
plebiscito por una nueva Constitución.
El mercado recibió el
pacto con optimismo. La Bolsa de Santiago se disparó y cerró con un alza
de 8,09%, el mayor incremento diario en diez años, mientras que el peso
chileno se recuperó 3,2%.
Con esta suba, la Bolsa recuperó la mitad de lo perdido
desde el inicio de la convulsión social, el 18 de octubre. Asimismo, el
peso chileno se apreció 3,2% y cerró a 777,29 unidades por dólar.
"Hoy fue definitivamente
desahuciada la Constitución de Pinochet; hay trabajo por delante",
evaluó Jaime Bassa, profesor de Derecho en la Universidad de Valparaíso.
Miles de manifestantes volvieron a hacerse sentir en la
Plaza Italia, epicentro de las concentraciones en Santiago, que esta
mañana amaneció parcialmente cubierta por un gran lienzo blanco,
acompañado por una palabra: "Paz".
Entre los manifestantes -jóvenes en su mayoría- se mostraron reparos al acuerdo.
"El acuerdo es otra vez
algo que va a permitir que sea una Constitución entre cuatro paredes.
Vamos a darle el beneficio de la duda hasta el plebiscito, pero hay que
mantener al pueblo vigilante", dijo Maria Eugenia Contreras,
odontóloga de 56 años.
Al caer la tarde, los incidentes aislados
se volvieron a repetir con enfrentamientos especialmente violentos entre
pequeños grupos de manifestantes y policías.
En casi 30 años de democracia, no prosperó ninguna
iniciativa para cambiar de raíz la Constitución, heredada de la
dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), principalmente por la
oposición de la derecha en el Congreso.
El presidente del Senado,
Jaime Quintana, miembro del opositor Partido por la Democracia
(centroizquierda), flanqueado por los dirigentes de las principales
formaciones políticas, anunció de madrugada que el llamado a un
plebiscito era "una respuesta de la política con mayúscula que piensa en
Chile y que también se hace cargo y asume su responsabilidad".
La
consulta de abril de 2020 incluirá dos preguntas: si se quiere o no una
nueva Constitución, y qué tipo de órgano debería redactar esa nueva
Constitución: una "comisión mixta constitucional", una "convención
constitucional" o una Asamblea constituyente, explicó Quintana.
La
convención mixta constitucional, impulsada por los partidos de la
coalición de gobierno derechista, será integrada en partes iguales por
miembros elegidos para ello y parlamentarios en ejercicio, mientras que
en la "convención constitucional", promovida por la oposición, todos sus
integrantes serán elegidos para la ocasión.
Si el proyecto es
aprobado en plebiscito, la elección de los miembros de una u otra
instancia se realizará en octubre de 2020, coincidiendo con las
elecciones regionales y municipales bajo sufragio universal, y se hará
con voto voluntario. Pero la ratificación de la nueva Constitución será
con sufragio universal y voto obligatorio.
El
acuerdo se alcanzó tras casi un mes de protestas en reclamo de reformas
sociales al gobierno, acompañadas de episodios violentos que dejaron 22
muertos y miles de heridos y detenidos en manifestaciones, saqueos,
incendios y enfrentamientos con la policía.
Mientras
el país ardía, Piñera apostó por un "acuerdo por la paz" en vez de
volver a sacar a los militares a las calles, como hizo en los primeros
nueve días de la crisis, iniciada con un llamado a evadir el pago del
metro de Santiago en rechazo a un alza de tarifas, que derivó en la
mayor revuelta en tres décadas.
El ministro del Interior, Gonzalo
Blumel, dijo que "este acuerdo es un primer paso, pero es un primer paso
histórico y fundamental para empezar a construir nuestro nuevo pacto
social, y en ello la ciudadanía va a tener un rol protagónico".
La
periodista chilena Lucía López sintetizó en un tuit que "lo que partió
con la evasión del metro, terminó con el inicio de un proceso
constituyente, histórico e inédito que contará por primera vez con
participación ciudadana. Gracias (estudiantes) secundarios que tan mal
te han tratado".
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