BUCAREST.- Los ministros de Economía y Finanzas
de la Unión Europea debatieron este sábado por primera vez sobre los
desafíos económicos que plantea la migración entre países del club
comunitario, que se ha multiplicado en diez años, que van desde la
disminución de la recaudación fiscal hasta la fuga de cerebros.
El tema ha sido puesto sobre la mesa de una reunión informal organizada
este sábado en Bucarest por Rumanía, que este semestre ocupa la
presidencia de la UE y es la más afectada por el fenómeno: en 2017 uno
de cada cinco trabajadores había abandonado el país para irse a otro
punto del continente.
"La movilidad de los trabajadores al extranjero
contribuye el PIB de su país. Sin embargo, también puede tener efectos
negativos. Es el caso cuando es selectiva, llevando a la fuga de
cerebros y a minar el crecimiento", dijo el ministro de Finanzas rumano,
Eugen Teodorovici, en una rueda de prensa al término del encuentro.
El porcentaje de europeos que residen en otro Estado de la UE ha
aumentado un 50 % desde 2007, hasta el 3,8 % en 2017, pero entre países
las diferencias van desde el 1 % en Alemania hasta el 20 % en Rumanía.
Rumanía y Polonia (7,3 %) son, en términos absolutos, los países con el
mayor número de emigrantes, mientras que los principales destinos son
Italia y España para los primeros y el Reino Unido y Alemania para los
segundos. Alemania es, en general, el mayor receptor de inmigrantes
intracomunitarios.
La movilidad aumentó a raíz de la
entrada en la UE de los países del este de Europa, en 2004 y 2007,
muchos de cuyos habitantes se trasladaron hacia los Estados del oeste
aprovechando la libertad de circulación que permite residir y ejercer en
cualquier país comunitario.
La crisis financiera
provocó después el desplazamiento, en una medida mucho menor, de
trabajadores de los países del sur -España, Italia, Grecia y, sobre
todo, Portugal- hacia los del norte.
Esta movilidad
interna, motivada por la brecha en salarios o condiciones de vida, tiene
efectos positivos en el crecimiento de los países receptores e incluso
en los emisores por las remesas, según los informes del Centro Europeo
de Estudios Políticos (CEPS) y del "think tank" Bruegel, en que se basó
el debate ministerial.
Sin embargo, a gran escala y
largo plazo, puede también tener impactos negativos. Por un lado, reduce
la base imponible de los países emisores, lo que puede perjudicar las
finanzas públicas, especialmente si la deuda es alta.
Por otro, puede provocar una fuga de cerebros, la salida de las
personas más cualificadas, que en el caso de la UE se ha dado solo en
los países del sur, donde este factor contribuye además al
envejecimiento de la población.
Si la emigración es
masiva, la dificultad para cubrir ciertos puestos puede llevar a un
aumento de salarios y pérdida de competitividad.
Para
la Comisión Europea, la solución pasa por reducir las disparidades
económicas y de calidad de vida entre países, lo que implica tanto
reformas estructurales nacionales como apoyo de los fondos estructurales
y de cohesión europeos, según explicó el vicepresidente de la
institución, Valdis Dombrovskis.
Otra vía de
actuación es la tributaria, donde la Comisión pide a los Estados reducir
la carga impositiva sobre el trabajo y trasladarla a otras áreas.
Rumanía, por su parte, insiste en que debe adoptarse un mecanismo comunitario para actuar a nivel de la UE.
Su ministro de Finanzas, que presidió la reunión, admitió estar
"descontento" con los resultados del encuentro porque no se avanza hacia
"soluciones concretas".
Teodorovici anunció que
trabajará con otros Estados emisores en un "paquete muy agresivo" para
conseguir el retorno de sus nacionales, pero insistió en que el problema
afecta a todos.
La ministra de Economía española,
Nadia Calviño, aseguró que España, como país receptor y emisor al mismo
tiempo, constata tanto los beneficios como los retos de esta movilidad,
en particular la fuga de cerebros, de ahí que el Gobierno haya puesto en
marcha un plan de retorno.
En su opinión, es
"absolutamente indispensable" que se armonicen las condiciones de los
mercados laborales en la UE y que se avance en el denominado Pilar
Social Europeo. Un elemento que puede contribuir al mismo, dijo, sería
la creación de un seguro europeo de desempleo que complemente los
sistemas nacionales frente al paro.
España, anunció,
presentará una propuesta de carácter técnico para intentar impulsar este
mecanismo dentro de los debates sobre el futuro presupuesto para la
eurozona.
Un 1,6 % de los trabajadores españoles
residen en otro país de la UE, la mayoría de los cuales tiene una
cualificación superior a la media del país, según datos del CEPS.
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